La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo desde este miércoles, 27 de mayo, a un varón con iniciales D.U.H, quien fuera becario del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad vallisoletana, al que se acusa de haber inutilizado más de una veintena de ordenadores del centro.
El procesado, durante el juicio que, en principio, se prolongará hasta el jueves en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, está acusado de un delito de daños en equipos informáticos o, alternativamente, de un delito continuado de daños informáticos.
Así, Fiscalía pide una condena de seis años de prisión y multa de 130.000 euros o, alternativamente, cinco años de privación de libertad y 80.000 euros, mientras que en concepto de responsabilidad civil se enfrenta a una solicitud de más de 42.000 euros de indemnizaciones en favor de la institución académica, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En concreto, estas cantidades se reclaman para el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valladolid, así como por el coste del trabajo e investigaciones perdidas, sin incluir el daño moral.
El acusado, que era becario del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), realizaba su tesis doctoral en octubre de 2017 bajo la dirección del doctor C.V, con el que mantenía «serias discrepancias y grandes diferencias», tal y como se recoge en el escrito de la acusación pública, que a tal circunstancia atribuye la supuesta destrucción deliberada de ordenadores de uso académico.
En el relato de hechos, el fiscal apunta que el becario se hizo con un programa cuya finalidad inicial era probar puertos USB contra ataques de sobrecarga pero fue adaptado y comercializado como USBKiller.
Dicho programa, una vez conectado con el dispositivo que se quiere destruir, recolecta la energía de las conexiones de alimentación hasta que alcanza los 220 voltios para luego descargarla de una vez en el dispositivo, con lo que se consigue destruir la placa base de una forma muy rápida.
De este modo, siempre según el acusador público, el entonces becario usó el USBKiller el 19 de octubre de 2017 para conectarlo a dos ordenadores del despacho de su director de tesis y que eran utilizados también por otra doctora, logrando así quemar la placa base y dejarlos totalmente inutilizados, para ya por la tarde, con el mismo ‘modus operandi’, hacer lo propio con el portátil personal de su profesor, propiedad del Instituto.
Se le imputa igualmente haber destruido la placa base de un cuarto ordenador del laboratorio, así como de haber dejado también fuera de servicio equipos informáticos de dicho laboratorio y los instalados en zonas comunes, incluso uno perteneciente a otra becaria.
De forma global, habría inutilizado 21 ordenadores y otros dos tuvieron que ser sustituidos, lo que, según los cálculos realizados, causó daños superiores a los 10.000 euros, sin contar los perjuicios derivados del pago del IVA de la reparación y del coste del trabajo perdido.
También incide la acusación pública que los daños causados hicieron inaccesible el acceso a la información contenida en los ordenadores hasta su reparación y recuperación de los datos y a fecha de 6 de febrero de 2018 no se pudo realizar la reparación completa del programa contenido en uno de ellos, que opera un equipo de imagen de fluorescencia situado en un cuarto del laboratorio.
