El Tratado Fiscal que España firmó con Reino Unido sobre Gibraltar llega este jueves, más de un año después, al Congreso de los Diputados para iniciar su ratificación y Vox tratará de tumbarlo argumentando que con él España pierde posiciones con vistas a recuperar la soberanía sobre el Peñón.
Vox considera que el Gobierno ha conseguido una «victoria ridícula» en materia de control fiscal pero, a cambio, ha debilitado su posición internacional para «lo principal»: «recuperar la soberanía» sobre el Peñón. El acuerdo lo defenderá en el pleno la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.
El Tratado lo firmaron los Gobiernos español y británico en marzo de 2019 pero su ratificación se ha retrasado hasta ahora por la disolución de las Cortes, las dos convocatorias electorales y, después, la pandemia de Covid-19, que suspendió la actividad ordinaria de las Cámaras.
El debate estaba previsto inicialmente para este miércoles pero finalmente tendrá lugar el jueves por la mañana. Si el texto supera el debate de totalidad necesitará el visto bueno de la Comisión de Asuntos Exteriores antes de regresar al pleno y, posteriormente, completar el trámite en el Senado.
En su enmienda, recogida por Europa Press, Vox avisa de que, con este acuerdo, «el Gobierno español ha buscado el control fiscal sobre lo que españoles o residentes españoles hacen en Gibraltar», un «objetivo tributario», mientras que británicos y gibraltareños han pretendido «que Gibraltar sea reconocido como entidad política y se autorice su condición de paraíso fiscal.
De hecho, sostiene que con este acuerdo «España reconoce a Gibraltar y admite, por primera vez en 300 años, la jurisdicción y competencia de las Autoridades gibraltareñas» y no solo sobre el terreno cedido en el Tratado de Utrecht, sino «también sobre la mitad sur del istmo que, ilegítimamente, el Reino Unido ha usurpado».
Y añade que, con ese reconocimiento, España debilita su posición internacional de cara a reclamar los «derechos legítimos de soberanía», y da pie a que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, «reivindique ante Naciones Unidas como ‘pueblo’ a la población de aluvión gibraltareña.
Para Vox, con este acuerdo el Gobierno ha subordinado lo «principal», la soberanía, a lo «accesorio». «Consentir una colonia en nuestro suelo, aceptando la triste condición de España como país colonizado y a sus ciudadanos en trabajadores discriminados y explotados, que contribuyen a la generación de riqueza y utilidades militares en la colonia a cambio de unas migajas, con la consecuencia de tener que soportar daños medioambientales y riesgos de seguridad que no corresponden a nuestro país», alertan.
Es más, avisa de que «es Gibraltar quien depende económicamente de España y no al revés», de manera que «los 8.000 españoles que trabajan en Gibraltar están siendo utilizados de rehenes». A su juicio, con esta firma España ha perdido la ocasión de hacer valer sus derechos y haber incluido la reclamación se soberanía en las negociaciones del Brexit y también de haber negociado mejores condiciones para los trabajadores transfronterizos y los habitantes del Campo de Gibraltar, de exigir el fin del contrabando de tabaco y del bunkering.
SOLO EVITA ELUSIÓN FISCAL POR ESPAÑOLES
Por otro lado, el tercer grupo de la Cámara cree que el acuerdo tampoco cumple en materia estrictamente fiscal, aunque «puede parecer que es beneficioso para España», en realidad «solo sirve para evitar que residentes fiscales españoles eludan impuestos por medio de la creación de sociedades en Gibraltar».
El motivo, alega, es que «el principal problema fiscal de Gibraltar no es el de la residencia fiscal, sino el de los miles de personas que pasan todos los días la verja sin ningún tipo de control, y se benefician del diferencial de impuestos indirectos que existe entre los dos territorios».
Según Vox, el acuerdo «deja intactos los privilegios fiscales de los gibraltareños, que continuarán operando desde Gibraltar y parasitando la economía española por medio de prácticas de dumping fiscal y social».
En concreto, denuncia que, no se ha resuelto el problema de que los trabajadores españoles «continuarán siendo discriminados y serán excluidos de hecho del generoso sistema de bienestar gibraltareño», de manera que «cuando se jubilen recibirán una pensión ridícula, mientras que sus compañeros de trabajo completarán su pensión con la Household Allowance y el Community Care».
Además, señala que las «mafias del contrabando», que verán reducidas sus ingresos, «tendrán que complementar con otras actividades ilícitas», «podrán seguir pasando el dinero negro por la verja y lo blanquearán por medio de sofisticados entramados legales diseñados en Gibraltar».
En la misma línea, sostiene que «los gibraltareños ricos continuarán viviendo en viviendas propiedad de sociedades gibraltareñas en La Línea, Sotogrande, Estepona, Marbella u otros lugares de la costa, y seguirán sin pagar impuestos en España» y «las empresas gibraltareñas seguirán realizando actividades de bunkering en aguas españolas, contaminando la bahía de Algeciras y perjudicando al puerto de Algeciras».
