La Audiencia Nacional retoma a partir de este lunes la celebración de juicios después de casi tres meses de paralización de la actividad judicial por la pandemia de coronavirus. En una semana con un calendario muy apretado, el tribunal retomará la vista oral contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y contra la excúpula de Pescanova, y prevé también comenzar otras como la del asesinado de Ignacio Ellacuría y otros sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989.
El juicio contra la cúpula de los Mossos durante el proceso independentista catalán quedó únicamente pendiente de informes y conclusiones finales cuando se decretó el estado de alarma. Así, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha previsto únicamente cuatro sesiones que se celebrarán los días 8, 15, 16 y 17 de junio.
Para este lunes está previsto que se anuncien las conclusiones definitivas de la Fiscalía, que ha acusado durante toda la vista oral del delito de rebelión a Trapero y los exjefes políticos de la policía autonómica César Puig y Pere Soler, mientras que a la intendente Teresa Laplana le atribuye un delito de sedición. En su informe de conclusiones provisionales, pedía 11 años de cárcel para los tres primeros y 4 años para la cuarta.
No obstante, el fiscal Miguel Ángel Carballo dejó claro el primer día del juicio que la acusación tiene en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado otoño condenó por sedición a los líderes del proceso independentista catalán, por lo que en su calificación definitiva podría cambiar el delito de acusación. Este anuncio se hará en la sesión prevista este lunes.
Otra vista oral que quedó pendiente de informes finales antes del estado de alarma, tras varios meses de sesiones, fue el que juzga a la excúpula de Pescanova. Se sientan en el banquillo el expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa, su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de maquillar los estados financieros de la compañía entre los años 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.
La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros; 13 años y medio con multa de 504.000 euros para su hijo; y para el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros por estos hechos. La empresa matriz se enfrenta a una multa superior a los 348 millones de euros, mientras la auditora BDO afronta 45 millones en concepto de responsabilidad civil.
Pero la actividad en la Audiencia Nacional no se centrará esta semana solamente en juicios aplazados por el estado de alarma. Este lunes comienza una vista muy esperada, la que sentará en el banquillo al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano y al exteniente René Yusshy Mendoza, uno de los líderes del grupo de oficiales de élite La Tandona por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en ese país hace más de 30 años.
Según el escrito de acusación, la Fiscalía solicita que Montano sea condenado a 150 años de cárcel, 30 años por cada uno de los cinco «asesinatos terroristas» de religiosos españoles, entre otros, el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita vasco Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación. Para Mendoza, solicita 5 años de prisión.
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron a los seis jesuítas así como a la mujer y la hija de 15 años de edad del guardia de la universidad. Montano ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.
Cinco sacerdotes eran españoles –Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años–, de ahí que el caso haya llegado a la Audiencia Nacional, ya que es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero.
Según el auto de procesamiento, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de ‘intensa polarización’ entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un ‘proceso de diálogo’ y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin.
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera del juicio.
DOS JUICIOS A ETARRAS
También este mismo lunes se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio contra el etarra Iurgi Garitagoitia, que formaba parte del comando ‘Ezuste’ de ETA y que en 2009 habría participado en la confección de tres artefactos explosivos que fueron colocados en el recinto amurallado donde se ubican las instalaciones de Retevisión, Teledonosti, Localia, Orange y el departamento de Interior del Gobierno vasco en el barrio de Santa Barbara de Hernani.
La Fiscalía en su escrito de conclusiones preliminares le acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos, daños terroristas sobre vía de comunicación e instalaciones de telecomunicaciones y hasta 25 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.
Por todo ello, solicita imponer al acusado la pena de prisión de 374 años, la inhabilitación absoluta por 15 años y la prohibición por 10 años de aproximarse al lugar de los hechos y al domicilio de las víctimas. También indemnizar a Abertis Telecom, a France Telecom, al Ayuntamiento de Hernani y al Gobierno vasco con cerca de 105.000 euros.
Ya el miércoles, 10 de junio, arrancará otro juicio relacionado con ETA, en concreto contra Asier Borrero Toribio, para el que la Fiscalía pide en su escrito de acusación 23 años de cárcel por un delito de estragos terroristas y por un delito de depósito de explosivos.
Según el Ministerio Público, Borrero pertenecía al autodenominado comando ‘Askatasun Haizea’, que se encargaba de transportar armas y explosivos desde Francia para que ETA llevara a cabo acciones terroristas en territorio español.
El fiscal detalla que en diciembre de 2007 colocó en un almacén de la parte trasera del bar de la Casa del Pueblo (sede del PSE) de la localidad de Balmaseda (Vizcaya) un artefacto explosivo que consistía en una olla de acero inoxidable que contenía cinco kilogramos de cloratita.
El artefacto explotó, previo aviso por llamada anónima en nombre de ETA, y abatió tabiques, rompió ventanas y balcones en las viviendas adyacentes, con un «evidente riesgo para la vida de las personas que pudieran encontrarse tanto en el local como el la zona».
