La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha confirmado este lunes en el Congreso que se ha registrado un repunte de denuncias por violencia machista tras el confinamiento y con la desescalada que se ha producido en las últimas semanas, y ha pedido a Vox que no niegue el problema.
Carmona ha comparecido ante el grupo de trabajo de política social de la Comisión de Reconstrucción de la Cámara baja, en donde ha expuesto la situación vivida por las mujeres víctimas de esta lacra durante el estado de alarma, un periodo de tres meses en los que «han sido asesinadas 4 mujeres y dos niños». En su intervención, ha denunciado lo «gravosa» que ha sido la situación para las mujeres víctimas de maltrato que han tenido que vivir junto a su agresor en el entorno donde, según los datos oficiales, se producen el 75% de los hechos delictivos en esta materia: los domicilios familiares.
Estas mujeres, explica, ya venían de una situación «desfavorecida» y han visto como esta se agravaba con la imposibilidad de salir de casa. El confinamiento, ha apuntado, ha provocado también una caída de las denunciar durante los meses de marzo y abril. De hecho, ha confirmado que tras iniciarse el confinamiento, se ha registrado un repunte que, ha indicado, «persiste» en estas últimas semanas.
El CGPJ ha sido consciente de que la violencia se ha mantenido durante la pandemia, a pesar de esta bajada de denuncias, debido a que el número 016 de ayuda a las víctimas de esta lacra, registró un aumento de llamadas en los primeros meses de confinamiento de un 61,6%, según los datos de la Delegación de Gobierno.
PLAN DE CHOQUE
Para intentar que, ahora, los juzgados no colapsen con la situación, el CGPJ tiene previsto aprobar este martes un Plan de Choque para la justicia en la que se proponen medidas específicas para los juzgados de violencia de género, como impulsar la oficina de atención a las víctimas, poner en marcha herramientas para el acompañamiento de las mujeres en el proceso judicial, la puesta en en marcha de un protocolo valoracion forense o impulsar las videograbaciones como prueba preconstituida para evitar la revictimizacion de las mujeres, entre otras medidas.
Los grupos parlamentarios han puesto en valor la labor del Observatorio contra la Violencia de la mujer y se han interesado por diferentes materias que conciernen a este organismo. Asi, la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, ha llamado a mejorar el diagnóstico del problema y a centrarse en la violencia en situación de precariedad, mientras que su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, se ha preocupado por la situación del propio observatorio para ejercer su labor durante la crisis y ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en otras violencias machistas como el acoso sexual o laboral que sufren las mujeres.
Desde Unidas Podemos, su portavoz Sofía Castañon, ha alertado de los discursos negacionistas y ha llamado a impulsar la educación en igualdad y la diputada de ERC, Marta Rosique le ha formulado cuestiones relacionadas por los cambios que está realizando el CGPJ sobre esta materia y si se plantean medidas concretas para evitar las violencias machistas en el ocio nocturno. Por su parte, el representante del PNV, Iñigo Barandiarán, ha reconocido que hay una parte de este problema que aún cuesta erradicar y ha preguntado a la letrada si hay errores legislativos en esta materia.
La única voz en discordia con el resto ha sido la de la portavoz de Vox en esta comisión, Carla Toscano, quien ha pedido explicaciones a Carmona por su defensa hacia unas políticas que «atentan contra la libertad» del «hombre heterosexual» que, a su juicio está «culpabilizado» solo por serlo. También ha denunciado las ayudas que reciben asociaciones y «chiringutos», mientras el Gobierno «no puede pagar su medida estrella» de la crisis, los ERTE, y le ha preguntado a Carmona si ve relación entre estas subvenciones y «el número de denuncias falsas».
ELIMINAR MITOS
«Yo llevo 14 años trabajando en un juzgado de violencia de género como letrada de la administración pública y le puedo asegurar que la violencia de género es real», ha contestado Carmona, para señalar que en este tiempo ha visto «casos tremendos» de «miles y miles de mujeres». Desde el juzgado, según ha indicado, sus trabajadores intentan paliar un daño «cuando ya ha ocurrido» y, a su juicio, lo que se pretende con las leyes y el pacto conseguido en el Congreso es «ir antes», que «las mujeres no pasen por estos acontecimientos tan duros para ellas y sus hijos».
Del mismo modo, ha destacado la importancia de poner negro sobre blanco esta lacra para «desterrar mitos», como algunos de los que Vox trata en sus discursos. Así, ha indicado que según la memoria que la Fiscalía hace anualmente, las condenadas por denuncia falsa de violencia de género suponen un 0,019% de las denunciantes. Del mismo modo, ha rechazado las afirmaciones que dicen que los hombres que asesinan a mujeres sufren trastornos mentales. «Los informes que hacemos en el CGPJ determinan que no hay enfermedad mental, ni drogadicción, ni arrebatos», ha indicado Carmona, para señalar que se trata de «asesinos» y no «de locos».
Respondiendo a otros grupos parlamentarios, la presienta del Observatorio ha destacado la evolución de los medios de comunicación a la hora de informar de esta lacra y reconoce que antes se fijaban más en el suceso en sí y ahora «se hace seguimiento» de los casos y también se informa de las sentencias en muchos casos.
En cuanto a la educación en general de la sociedad, ha explicado que la evolución en este tema se puede ver en que cada vez hay más denuncias entre menores o personas muy jóvenes. Aunque este puede ser un reflejo de que cada vez los jóvenes empiezan a tener relaciones afectivas antes, también pone en valor que hace años las niñas no reconocían lo que era maltrato y que esto era un delito. A su juicio, aún es necesaria más educación en asignaturas específicas y también por parte de las familias.
Esta es una de las medidas que se incluyen en el Pacto de Estado sobre este materia, acordado hace 3 años. Carmona ha recordado que el escrito da un plazo máximo de cinco años para poner todas las medidas en marcha y, a falta de dos, aún quedan alunas por implantar, en su mayoría, según ha explicado, de carácter legislativo. En este sentido, ha apremiado a las fuerzas políticas a aprobar estos cambios e impilsar el cumplimiento del acuerdo.
