Feijóo presenta su plan migratorio en Lérida: expulsiones, 40.000 millones de agua e impacto rural

El documento, de más de 350 páginas, llega tras un año de trabajo con el sector y servirá de base para el pacto nacional que Génova quiere firmar con las organizaciones agrarias. Las cuatro consejeras que lo coordinan proceden de gobiernos autonómicos del PP.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha presentado este lunes en una finca ganadera de Lérida el Libro Blanco del futuro rural, un documento de más de 350 páginas con plan migratorio propio, un Plan Nacional del Agua de 40.000 millones y la obligación de medir el impacto rural de cada ley.
  • ¿Quién está detrás? El presidente nacional del PP, arropado por cuatro consejeras y exconsejeras que han coordinado los grupos de trabajo: Carmen Crespo, Mercedes Morán, Mila Marcos y Rosa Quintana.
  • ¿Qué impacto tiene? Fija la posición del partido ante el sector primario en Cataluña, marca distancia con el Gobierno de Pedro Sánchez y traslada al Congreso un pacto que Génova quiere firmar con las organizaciones agrarias.

Feijóo ha presentado este lunes en Lérida su plan migratorio: contratación en origen, expulsión de quienes abusen y 40.000 millones para agua.

No ha sido un mitin al uso. El presidente nacional del Partido Popular ha elegido la finca ganadera de la familia Mingo, en la provincia catalana, para presentar el Libro Blanco del futuro rural, un documento de más de 350 páginas que recoge el trabajo desarrollado con el sector durante el último año. ‘Lo prometí hace un año, aquí está el trabajo hecho y aquí lo dejo para que me lo reviséis y lo enmendéis’, ha dicho ante representantes de agricultores, ganaderos, pescadores y propietarios forestales.

El eje del día ha sido la inmigración. Feijóo ha defendido una llegada ‘ordenada’ de trabajadores extranjeros para cubrir ‘las necesidades de mano de obra del campo’, también en los puestos cualificados, pero ha acompañado esa apertura de un catálogo de obligaciones que considera innegociables.

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Contratación en origen, cupos máximos y expulsión: el contenido de la propuesta

El plan migratorio que ha desgranado en Lérida se apoya en tres piezas: programas de contratación en origen, cupos máximos y vías legales de entrada. Quien llegue por esa vía tendrá derechos, ha subrayado, pero también el ‘compromiso de cumplir las mismas leyes que los españoles’.

Ahí aparece el punto más delicado del discurso. El líder popular ha advertido de ‘los riesgos del fundamentalismo islámico‘ y ha prometido la ‘expulsión’ de quienes no respeten las leyes españolas y los principios básicos de convivencia. Ha situado entre esos límites ‘la libertad y la igualdad de las mujeres’, que no admite como materia negociable.

La propuesta no discute la llegada de trabajadores: discute las condiciones. Y ahí, en el cinturón agrario catalán, Génova se juega algo más que un puñado de votos.

‘Creo que la diversidad es enriquecedora, pero siempre con voluntad de integración en España’, ha añadido antes de advertir: ‘No tienen más derechos por ser de fuera’. La inmigración, ha insistido, no puede servir ‘de excusa para vulnerar las leyes o cuestionar valores’.

Feijóo ha contrapuesto el contenido de su intervención al debate político de Madrid, a la que ha reprochado que hable ‘de Ábalos, Cerdán’ y no del agua, de los servicios o de la inseguridad que preocupa al mundo rural. La acusación de fondo es de frivolidad: el Gobierno, a su juicio, ha dejado en segundo plano los problemas reales mientras el campo espera respuestas.

Del Plan Nacional del Agua al filtro del impacto rural

fundamentalismo islámico

El compromiso hídrico es la partida más abultada del documento. Feijóo ha cifrado en 40.000 millones de euros la inversión necesaria en infraestructuras para modernizar el regadío y garantizar la viabilidad de las explotaciones a medio plazo, una cifra que supera con holgura cualquier plan hídrico aprobado en España en las dos últimas décadas. Y ha pedido abordar el problema ‘en el conjunto de España’, tanto donde escasea el recurso como donde se pierde en en el aprovechamiento.

A eso se suma el compromiso de incorporar la evaluación del ‘impacto rural’ a toda la actividad legislativa. ‘No haremos una sola ley sin medir cómo afecta esa norma en la agricultura, la ganadería, la pesca y los montes’, ha afirmado. El reproche, directo, era para ‘los señoritos’ de Bruselas, Estrasburgo, Barcelona y Madrid que ‘legislan sobre el rural sin salir del despacho en la ciudad’.

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En materia tributaria ha defendido una ‘fiscalidad diferenciada’ para los pueblos y ha prometido que los jóvenes ‘no pagarán impuestos por su primera vivienda’ en el medio rural. Ha fijado tres objetivos para las explotaciones —sostenibilidad, rentabilidad y reducción de la burocracia— y ha anunciado que se sumará a la petición de una moratoria regulatoria en su primer Consejo Europeo.

Sobre la PAC, ha vinculado la rentabilidad del campo al mantenimiento del presupuesto y ha rechazado copiar ‘la nefasta gestión de los fondos Next Generation’. La PAC no puede ser más ambientalista que agraria’, ha sostenido, al tiempo que reclamaba reforzar los controles fronterizos para que los productos importados cumplan las mismas exigencias fitosanitarias, de consumo humano y de trazabilidad que los nacionales. El texto completo del documento se entregará a las organizaciones agrarias y el PP quiere llevarlo a el Congreso de los Diputados ‘para su debate y votación’.

El Eje del Poder Popular

Génova ha construido el Libro Blanco con cuatro consejeras y exconsejeras al frente de los grupos de trabajo —Carmen Crespo en la coordinación de política rural, Mercedes Morán en PAC y alimentación, Mila Marcos en desarrollo rural y forestal, Rosa Quintana en política pesquera—, y esa elección dice bastante del método: el documento no nace de un despacho de Madrid, sino de de los gabinetes autonómicos donde el PP gestiona. De ahí la reivindicación de la experiencia gallega, ‘donde el 95% del territorio es rural’, como aval de solvencia. La lectura interna es clara: el partido quiere presentarse ante el sector primario con gestión acreditada, no con promesas de oposición.

El aterrizaje territorial es inmediato en las once comunidades autónomas donde gobierna el PP. El Plan Nacional del Agua interpela de lleno a la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón, a la Murcia de Fernando López Miras y al Aragón de Jorge Azcón, tres ejecutivos que llevan años reclamando infraestructuras y un régimen de caudales estable para el regadío. La fiscalidad diferenciada y la exención para la primera vivienda de los jóvenes conectan con el medio rural de Castilla y León y de Galicia, donde Alfonso Rueda exhibe gestión como argumento. Y la defensa de la PAC encaja con la Andalucía de Juanma Moreno, primera potencia agroalimentaria del país. En Cataluña, el mensaje está pensado para el electorado de comarcas que castiga la dejadez institucional.

Conviene tener a mano el precedente del Plan Hidrológico Nacional de 2001, aprobado con mayoría absoluta del PP y desactivado en 2004 con la derogación del trasvase del Ebro. La lección es doble: un plan hídrico sin apoyos estables dura lo que dura una legislatura, y el adversario lo derriba antes de ejecutarlo. De ahí que Feijóo blinde el suyo con un pacto firmado con el sector y con las comunidades autónomas. El riesgo inmediato es que el trámite parlamentario exige algo más que el propio grupo popular, y que el flanco con Vox se juega en el mismo terreno: quien capitalice el discurso de la inmigración con reglas y el abandono del campo se llevará el voto rural. Génova ha decidido competir ahí con programa y no con eslóganes.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP gestiona el campo y habla de inmigración con reglas, frente a una Moncloa instalada en la frivolidad y en los casos de corrupción.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
  • Próximo hito: Ronda de enmiendas del sector al Libro Blanco y registro del pacto nacional en el Congreso para su debate y votación.