El CNI concluye que no hay ‘evidencias’ de que Marruecos planeara el asalto a Ceuta del 30 y 31 de julio. El Centro Nacional de Inteligencia remite su informe a la Audiencia Nacional. Vox mantiene su exigencia de expulsar a ‘todos los invasores’.
Un documento de nueve páginas dirigido a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, descarta que los sucesos fueran ‘el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes’. El texto se conoce por la publicación de Libertad Digital y no ha sido confirmado oficialmente ni por el centro adscrito al Ministerio de Defensa ni por el juzgado.
La tesis del Centro Nacional de Inteligencia es que la movilización fue ‘el producto de un llamamiento en redes sociales’ sin ‘un único dinamizador’ identificable y sin vínculo acreditado entre los señalados y el aparato del Estado marroquí. La viralidad se explica, según el informe, por la situación socioeconómica de buena parte de la sociedad marroquí: una población ‘empobrecida, desesperanzada acerca de su futuro’ y con un conocimiento ‘nulo en la práctica’ de las consecuencias legales de una entrada ilegal. El centro añade que no se han determinado vínculos entre los individuos señalados en el informe previo del CENIF ni una relación de cooperación entre ellos y los dinamizadores digitales.
Qué sostiene Vox y en qué se apoya para exigir las expulsiones
El partido no discute el detalle técnico del informe. Discute su conclusión política. Su argumento es que el propio texto reconoce una ‘permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales’ de las autoridades marroquíes y enumera los únicos cuerpos con capacidad real para organizar un movimiento de esa escala: los servicios de inteligencia DGED y DGST, la Dirección General de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Auxiliares y las Fuerzas Armadas. Para Vox, la falta de prueba de una orden estatal no borra la responsabilidad de quien podía cerrar el paso y no lo hizo.
A eso se suma el pasaje en el que el CNI admite, ‘desde un punto de vista puramente teórico e hipotético’, que un movimiento de esa magnitud puede ser diseñado por un aparato estatal que use la presión migratoria como ‘herramienta de acción híbrida’, es decir, una agresión hostil por debajo del umbral de la guerra y con autorización ‘al máximo nivel’. Ese párrafo es el que mejor encaja con la tesis que Vox defiende desde 2021: que la presión migratoria se emplea como arma y que España la consiente. De ahí su exigencia de expulsión y de reforzamiento del perímetro fronterizo. El cauce jurídico de cualquier salida es la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
El informe no exculpa a Rabat: certifica una permisividad fronteriza ‘de dimensiones excepcionales’ y deja por escrito el escenario de la presión migratoria como arma de Estado.
La exigencia no es nueva. Vox sostiene desde el primer día que Ceuta sufrió una ‘invasión’ y que la respuesta no podía ser administrativa. A ese relato se añade un elemento incómodo para el Ministerio del Interior: según publicó La Vanguardia este lunes, la Guardia Civil rechazó avisos del CNI que habrían permitido alertar de la dimensión del asalto, un extremo que ninguna de las partes ha confirmado de forma oficial.
Qué recorrido tiene el informe y qué gana el Gobierno con él

El documento no es una conclusión política, sino una pieza de una causa que instruye la Audiencia Nacional, y su valor se mide allí. Su efecto político, en cambio, es inmediato. El Gobierno dispone ahora de un argumento formal para sostener que no hubo agresión de Estado y para desactivar la exigencia de expulsiones que Vox ha convertido en caballo de batalla. El propio informe acota su alcance: habla de lo no acreditado ‘hasta la fecha’ y de las informaciones obtenidas por el centro, no de una verdad cerrada.
Al PP el texto le sitúa ante una disyuntiva conocida: refugiarse en la literalidad del informe o acompañar la exigencia de responsabilidades que formula Vox. Cada vez que elige la primera opción, el partido de Santiago Abascal encuentra un motivo para recordar la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos y la distancia que separa a ambas formaciones en materia de fronteras.
La estrategia de Vox: por qué Ceuta sigue marcando su perfil
El precedente de mayo de 2021 explica la insistencia. Vox convirtió aquella crisis en el eje de su discurso y en el argumento para no diluir su perfil en pactos con el PP. El informe distingue ahora tres episodios con lógica propia: 2021 como ‘medida de presión’ del Gobierno marroquí en un contexto de enfrentamiento diplomático; 2024 como demostración de que Rabat puede anticipar y contener una movilización; y 2026 como combinación de una convocatoria digital de alcance extraordinario con una permisividad fronteriza excepcional, sin autoría estatal acreditada.
Ese 2021 que el CNI sí reconoce es el ancla del relato del partido. El partido afronta el reto de sostener la tesis de la ‘invasión’ cuando el expediente judicial no acredita una dirección estatal, y de hacerlo sin perder pie en una ciudad donde cada entrada irregular se vive como una amenaza directa. Queda la instrucción en la Audiencia Nacional, queda el informe y queda el calendario político: Ceuta volverá a ser el terreno donde Vox mida la consistencia del discurso del PP y la resistencia del Gobierno a mover fichas en la frontera.

