Veinte funcionarios de prisiones vascos impugnan ante el TSJ del País Vasco la limitación de sus derechos retributivos al 1 de abril de 2025.
La reclamación se dirige contra el Decreto 116/2026, de 14 de julio, publicado el 28 de julio de 2026, que modifica la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración Pública vasca y fija el 1 de abril de 2025 como fecha de efectos económicos de los complementos previstos en el acuerdo sectorial sobre horarios y condiciones de trabajo específicas del personal penitenciario. El colectivo lo integran veinte funcionarios de carrera de la Administración Penitenciaria de Euskadi, con defensa de Administrativando Abogados. La diferencia entre la fecha reconocida y la que sostiene la reclamación supera los tres años y medio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué se impugna? El Decreto 116/2026, de 14 de julio, en el extremo que fija en el 1 de abril de 2025 la eficacia económica de los complementos de peligrosidad, régimen cerrado, especial dedicación y nocturnidad.
- ¿Qué base jurídica se invoca? El artículo 9.3 de la Constitución, el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público y los artículos 10.1 y 26 de la Ley 29/1998.
- ¿Qué impacto tiene? Afecta a veinte funcionarios y a un periodo de casi tres años y medio; la resolución fijará la eficacia temporal de los complementos en los traspasos de competencias.
El traspaso de 2021 y la ruptura de la referencia temporal
El 1 de octubre de 2021 se hizo efectivo el traspaso de funciones y servicios penitenciarios del Estado a la Comunidad Autónoma de Euskadi. El acuerdo que ordenó la transferencia preveía que, una vez aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo, las retribuciones se adecuarían con efectos retroactivos a esa fecha. Desde entonces el personal transferido mantuvo las condiciones particulares de sus puestos: vigilancia en áreas de interior, módulos de régimen cerrado, turnos nocturnos y tareas de especial dedicación.
La relación de puestos de trabajo se aprobó mediante el Decreto 315/2024, de 29 de octubre, que reconoció con carácter general efectos económicos y administrativos desde el 1 de octubre de 2021 para el personal transferido. La ordenación autonómica admitía así dos referencias temporales: una de alcance general, anclada en el traspaso, y otra específica para los complementos del acuerdo sectorial, desplazada a 2025.
Los conceptos en discusión son cuatro. El complemento de especial peligrosidad por trabajo en áreas de interior, cuantificado en 175 euros brutos mensuales. El de módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, otros 175 euros. El de especial dedicación de determinados puestos de gestores, 100 euros. Y el de nocturnidad, 250 euros. No son acumulativos: su devengo depende de las funciones efectivamente desempeñadas y de los requisitos de cada puesto.
El conflicto no es de creación de complementos, sino de eficacia temporal. La Administración reconoce que determinadas condiciones del trabajo penitenciario merecen retribución específica y excluye del cómputo económico los ejercicios en que esas mismas condiciones ya concurrían. Sobre esa asimetría se construye la alegación de trato diferenciado, que la defensa residencia en los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El litigio no discute la creación de los complementos, sino si la fecha de efectos económicos puede desvincularse de las condiciones ya concurrentes desde octubre de 2021.
El objeto del recurso contencioso-administrativo
La impugnación se dirigirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco, competente en única instancia conforme al artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La pretensión es la revisión de la fecha de efectos económicos y, en su caso, el reconocimiento individualizado de las diferencias retributivas. El escrito se encuentra en fase de preparación tras la impugnación en vía administrativa.

Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada, y Antonio Benítez Ostos, socio director de la firma, asumen la dirección jurídica del colectivo. Su argumentación se ordena en tres ejes: la ausencia de justificación objetiva y razonable de la fecha elegida, la contradicción interna del sistema autonómico y la lesión de la confianza legítima generada por los acuerdos de transferencia. Añaden que la Administración se benefició de la prestación continuada en condiciones exigentes sin compensación específica durante el periodo excluido.
El proceso plantea una cuestión formal previa que condiciona su objeto: si la impugnación se dirige de manera directa contra la disposición autonómica o de forma indirecta contra sus actos de aplicación, cauce previsto en el artículo 26 de la Ley 29/1998. La elección determina el alcance de la cosa juzgada y la extensión de los efectos de una eventual estimación. Sobre el fondo no existe todavía pronunciamiento judicial.
La doctrina jurisprudencial
La controversia se ordena en torno al artículo 39.3 de la Ley 39/2015, que admite la eficacia retroactiva de los actos administrativos cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotrae el efecto y este no lesione derechos o intereses legítimos de terceros. La regla no opera como habilitación discrecional, sino como excepción tasada que exige acreditar el sustrato fáctico previo. La cuestión es si la fecha de 2025 responde a una razón jurídica objetiva o a una conveniencia presupuestaria.
En el plano retributivo, el artículo 24 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público configura el complemento específico como el instrumento destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. La jurisprudencia exige que la valoración de esas condiciones se corresponda con el contenido real del puesto. La adecuación entre la condición retribuida y la fecha de devengo es el eje del litigio.
La doctrina sobre confianza legítima, formulada al amparo del artículo 3.1 de la Ley 40/2015, impone que el cambio de criterio esté motivado y sea coherente con la conducta administrativa precedente. Existe, no obstante, un obstáculo técnico que la Sala deberá ponderar: la prescripción de las retribuciones devengadas y no percibidas acota la reclamación de atrasos con independencia del alcance que se reconozca a la retroactividad. La resolución será recurrible en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante acreditación de interés casacional objetivo (artículo 86.1 de la Ley 29/1998).
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso contencioso-administrativo contra la limitación temporal de los efectos económicos de complementos retributivos del personal de la Administración Penitenciaria de Euskadi. Objeto del litigio: la fecha de efectos, 1 de abril de 2025 frente a 1 de octubre de 2021.
- Datos importantes: Decreto 116/2026, de 14 de julio; Decreto 315/2024, de 29 de octubre; complementos de 175, 175, 100 y 250 euros brutos mensuales; veinte recurrentes; sin pronunciamiento judicial sobre el fondo.
- Fecha de los juicios: Decreto publicado el 28 de julio de 2026; recurso en fase de preparación a noviembre de 2026; sin señalamiento de vista ni sentencia.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No hay acusados: se trata de un proceso contencioso-administrativo entre veinte funcionarios de carrera y la Administración autonómica.

