Argentina abre el RIGI a proveedores extranjeros: el hueco que buscan las empresas españolas

El decreto 1366/2026 elimina el requisito del 51% de capital local para ser proveedor del régimen, aunque mantiene el criterio de origen Mercosur para los bienes. La segunda ronda de negocios de Economía será el 2 de diciembre.

Argentina acaba de abrir el RIGI a los proveedores extranjeros. El decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial argentino, elimina la exigencia de capital nacional mayoritario para que una empresa sea considerada proveedora local de los grandes proyectos del régimen. Y entre las compañías que se benefician hay filiales españolas de energía e infraestructura que llevaban meses esperando ese hueco.

Vamos por partes, porque el cambio es más fino de lo que parece. Hasta ahora, una sociedad constituida en Argentina solo contaba como proveedora local si al menos el 51% de su capital —o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria— estaba en manos de titulares locales. Con la nueva reglamentación basta con estar constituida y domiciliada en el país. La nacionalidad de los accionistas deja de importar.

Qué cambia exactamente con el decreto 1366/2026

El texto, difundido por el Boletín Oficial argentino, busca una mayor concurrencia de proveedores y una mejor integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI. Traducido: el Ejecutivo de Javier Milei parece admitir que el desarrollo de proveedores no puede quedar solo en manos de las grandes inversoras.

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Hay una letra pequeña que conviene no perder de vista. En el caso de los bienes se mantiene la exigencia de cumplir los criterios de origen nacional del Mercosur. Es decir, la flexibilización alcanza a las sociedades que prestan servicios y ejecutan obra desde suelo argentino, no a la maquinaria importada desde España. El nicho es la filial, no la exportación.

El decreto toca más cosas. Flexibiliza la transferencia de acciones y las reorganizaciones societarias: un tercero podrá adquirir participaciones sin que la operación altere por sí misma los derechos del proyecto aprobado, aunque ese importe no compute como inversión. Se puede entrar y salir sin rehacer el expediente.

En las uniones transitorias de empresas, la cesión de participaciones se informa a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a la inscripción; el organismo tiene 30 para formular observaciones y, si no lo hace, la operación se considera conformada. Las sucursales de proyecto podrán además traspasar activos y pasivos a una sociedad anónima con autorización previa de Economía, sin volver a adherirse al régimen ni perder los beneficios.

La flexibilización no regala contratos a España: abre la puerta a sus filiales y deja fuera la maquinaria importada.

Por qué el hueco interesa a las empresas españolas

Aquí está la clave. El RIGI, aprobado en 2024 dentro de la ley de bases que estrenó el actual Gobierno, ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de hidrocarburos, minería, infraestructura, energía y tecnología. Hasta ahora, las filiales españolas que aspiraban a trabajar para esos proyectos se topaban con un filtro societario que podía dejarlas fuera del circuito de compras.

Piense en una ingeniería con sede en Buenos Aires, filial de un grupo de Madrid, que quiere ejecutar obra civil para un proyecto de litio o de gas. Ayer competía en desventaja frente a un socio local; hoy su domicilio basta. Lo mismo vale para mantenimiento industrial, logística, montaje eléctrico o suministro de equipos fabricados en el país.

decreto 1366/2026

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El efecto no se queda en la obra. Una filial ya instalada puede facturar servicios técnicos sin el corsé accionarial, y las entidades con presencia en el país —Banco Santander y BBVA operan allí desde hace décadas— ganan un mapa de clientes corporativos con proyectos aprobados y necesidad de financiación.

La lección de YPF y el riesgo de que el remedio dañe al socio local

Conviene recordar el precedente que ningún inversor español ha olvidado. En abril de 2012, el Gobierno de Cristina Fernández expropió el 51% de YPF a Repsol, y aquel episodio pesó durante años en la conversación de cualquier grupo español con intereses en el país. Los incentivos fiscales no sustituyen a la seguridad jurídica.

Por eso importa el aviso técnico. La consultora Paspartú advierte de un efecto no deseado: que las empresas extranjeras domiciliadas en Argentina se consoliden como proveedoras locales y acaben desplazando al entramado productivo nacional en lugar de reforzarlo. Es la paradoja de siempre, porque el desarrollo de proveedores tampoco puede quedar solo en manos de las grandes inversoras.

El calendario, eso sí, ya está en marcha. El Ministerio de Economía organiza rondas de negocios entre inversoras y proveedores: la segunda está prevista para el 2 de diciembre, centrada en hidrocarburos y energía, con 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras de todo el país. Hay fecha concreta para sentarse a la mesa.

Queda un flanco abierto. El decreto amplía las posibilidades de computar divisas ingresadas del exterior por accionistas y sociedades vinculadas, siempre que se destinen a las inversiones aprobadas y cuenten con trazabilidad contable. El Banco Central fijará las condiciones de acceso al mercado de cambios, un terreno en el que las restricciones cambiarias todavía condicionan las operaciones de las empresas.

El detalle institucional no es menor. Los 27 vehículos de proyecto único ya aprobados se encuentran ahora con una instancia de no objeción del Ministerio de Economia que no existía cuando se adhirieron, según el análisis de Paspartú. Más flexibilidad por un lado, más ventanilla por el otro. La ronda del 2 de diciembre dirá si el hueco se traduce en contratos.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El decreto 1366/2026 elimina la exigencia de capital nacional mayoritario para ser proveedor local de los proyectos del RIGI, el régimen de incentivos a grandes inversiones de Argentina.
  • Datos importantes: La norma se publicó en el Boletín Oficial, mantiene el criterio de origen Mercosur para los bienes y llega con 27 vehículos de proyecto único ya aprobados. La segunda ronda de negocios será el 2 de diciembre.
  • Resumen: Las filiales españolas de energía, ingeniería e infraestructura ganan acceso al circuito de compras argentino, aunque el crédito dependerá de la seguridad jurídica y del acceso a divisas.
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