La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la presunta trama económica vinculada a José Luis Ábalos ha puesto el foco en un elemento que va más allá de las relaciones entre empresarios, intermediarios y responsables políticos: el papel de las personas del entorno familiar y sentimental en el recorrido del dinero y la titularidad de los bienes. La documentación policial refleja cómo determinadas operaciones económicas terminaban vinculadas a parejas, domicilios particulares y sociedades relacionadas con personas próximas a los principales investigados.
Uno de los ejemplos más relevantes es el de Andrea de la Torre Maeso, pareja del exministro de Transportes, que recibió 65.000 euros procedentes de una sociedad portuguesa denominada Esperança Colossal para afrontar la adquisición de un inmueble en Madrid. La transferencia, formalizada bajo el concepto de préstamo, constituye una de las operaciones que la Guardia Civil considera relevantes para reconstruir la posible canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos.
Pero las pesquisas no terminan en esa operación inmobiliaria. El atestado también recoge relaciones societarias en las que aparecen familiares de los investigados, intermediarios que habrían evitado figurar directamente en determinadas empresas y una vivienda familiar de Córdoba cuyo alquiler con opción de compra habría sido financiado por una mercantil portuguesa vinculada al empresario Víctor de Aldama.
La hipótesis policial es que el análisis de estos vínculos puede ayudar a identificar quién controlaba realmente los recursos económicos, quiénes se beneficiaban de determinadas operaciones y si se utilizaron terceras personas para dificultar el seguimiento patrimonial.

Andrea de la Torre y los 65.000 euros llegados desde Portugal
La operación que sitúa a Andrea de la Torre en el centro de esta parte de la investigación se remonta al 12 de febrero de 2024. Ese día recibió 65.000 euros en concepto de préstamo procedentes de Esperança Colossal, una sociedad portuguesa vinculada formalmente a Jorge Pérez Marqués.
Según la exposición de hechos incorporada al atestado de la UCO, Andrea habría destinado posteriormente esos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo, un inmueble situado en el número 13 de esa calle madrileña, junto con una plaza de garaje.
La Guardia Civil considera especialmente significativa la proximidad temporal entre la necesidad económica que habría manifestado Ábalos y la búsqueda de financiación para adquirir una vivienda para su pareja. Los investigadores relacionan esa circunstancia con un posterior encuentro entre el exministro y Cristian Abel Corvillo Aguilar, empresario al que atribuyen un posible papel de intermediación en la canalización de fondos.
El documento policial plantea que Ábalos habría recurrido a Corvillo para conseguir esa financiación. Esta hipótesis se apoyaría en la coincidencia entre la cantidad que necesitaba el exministro y el dinero que terminó llegando a su pareja, además de los indicios sobre la capacidad de influencia que Corvillo habría tenido sobre Jorge Pérez.
La importancia de Andrea de la Torre en la investigación reside en que una operación económica relacionada con una necesidad del entorno del exministro terminó materializándose en una adquisición inmobiliaria a su nombre. La UCO intenta determinar si aquel préstamo respondía a una operación crediticia ordinaria o si encubría una contraprestación vinculada a los negocios investigados.
Los familiares como pieza del entramado societario
La investigación también examina cómo Cristian Corvillo habría utilizado a terceras personas para intervenir en actividades económicas sin aparecer directamente en los órganos de administración de las sociedades implicadas.
El atestado recoge una conversación mantenida con Víctor de Aldama el 19 de abril de 2021 en la que Corvillo habría manifestado que no figuraba directamente en los órganos sociales de las empresas y habría mencionado a «Santi y Rubén». La Guardia Civil identifica a estas personas como Santiago Barrera Gallardo y Rubén Jonás Corvillo Aguilar, hermano del empresario cordobés.
El análisis de las relaciones societarias permitió identificar conexiones de ambos con diferentes mercantiles relacionadas con Aldama. Entre ellas aparecen Al Andalus AOVE, Corvillo Energy, Drive Business Group, Grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales y Studios Raven Red.
La UCO también identifica vínculos personales y empresariales entre Corvillo y Rafael Bascón Berrios, así como relaciones de este último con Deplan-Works SL, sociedad vinculada a Jorge Pérez Marqués.
Esta estructura constituye una de las líneas de investigación más importantes para reconstruir el funcionamiento económico del grupo. Los agentes buscan determinar si las personas que aparecían formalmente vinculadas a las sociedades eran también quienes ejercían su control efectivo o si existían terceros que manejaban realmente las decisiones y los recursos.
En este contexto, la presencia de familiares en estructuras empresariales merece especial atención, aunque la participación de un familiar en una sociedad no demuestra por sí misma que actuase como testaferro ni que conociera una eventual actividad ilícita.

La vivienda familiar de Corvillo y los pagos de una sociedad portuguesa
Otro de los elementos patrimoniales que recoge el atestado afecta directamente a Cristian Corvillo. La UCO señala indicios de que habría recibido una contraprestación en especie mediante la puesta a su disposición de una vivienda que constituye actualmente su domicilio familiar.
El inmueble se encuentra en el conjunto residencial Paraíso Arenal, en la calle Celia Cruz número 1 de Córdoba. Según la documentación policial, entre el 28 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023, la sociedad portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal LDA, vinculada a Víctor de Aldama, habría abonado al menos 220.498 euros en concepto de alquiler con opción de compra.
La operación resulta especialmente relevante porque la presunta contraprestación no habría llegado mediante una transferencia directa a Corvillo, sino a través del pago de una vivienda destinada a su uso familiar.
Los investigadores tratan de determinar qué relación guardaba ese desembolso con las actividades económicas investigadas y si podía constituir una ventaja patrimonial vinculada a las relaciones entre Corvillo y Aldama.
El mecanismo introduce una dimensión diferente en el análisis de los pagos: no todas las posibles contraprestaciones tienen que materializarse en dinero entregado directamente a una persona. El pago de alquileres, la adquisición de derechos sobre inmuebles o la puesta a disposición de viviendas también pueden representar beneficios económicos cuyo destinatario último debe identificarse.

El piso de Andrea en Madrid, alquilado a terceros durante el registro
Las actuaciones policiales del 5 de noviembre de 2026 aportaron otro elemento importante para conocer la situación patrimonial de Andrea de la Torre.
La UCO tenía autorización judicial para registrar el inmueble de su propiedad situado en la calle Cerro del Murmullo número 13, en Madrid. Sin embargo, los agentes no pudieron llevar a cabo el registro porque comprobaron que la vivienda se encontraba alquilada a terceras personas ajenas a los hechos investigados.
El atestado deja constancia expresa de esta circunstancia y señala que el registro no llegó a efectuarse. No se trata, por tanto, de un registro con resultado negativo, sino de una diligencia que quedó sin practicar al encontrarse el inmueble ocupado por personas sin relación con la causa.
La situación resulta relevante porque el domicilio había sido identificado previamente como el lugar al que se dirigieron los fondos procedentes de Portugal para financiar su adquisición. La investigación pretende reconstruir tanto el origen del dinero como el destino y la situación posterior de los bienes adquiridos.
En paralelo, los agentes sí practicaron un registro en otro inmueble relacionado con Andrea, situado en la avenida de la Constitución de Valencia. Allí intervinieron varios teléfonos móviles, tabletas y ordenadores que quedaron a disposición de la investigación.
El análisis de estos dispositivos y de la documentación incautada puede aportar información sobre las operaciones económicas y las relaciones entre las personas investigadas.
El patrimonio familiar, una nueva vía para seguir el dinero
La investigación dibuja un escenario en el que las relaciones personales y familiares adquieren importancia para reconstruir el recorrido de los fondos. Andrea de la Torre aparece vinculada a una adquisición inmobiliaria financiada parcialmente con dinero procedente de Portugal; Corvillo, a una vivienda familiar cuyo alquiler con opción de compra habría sido sufragado por una sociedad relacionada con Aldama; y los familiares e intermediarios del empresario cordobés aparecen conectados con distintas estructuras mercantiles.
La UCO intenta averiguar si estas operaciones respondían a negocios legítimos o si algunas de ellas podían servir para canalizar contraprestaciones y mantener los activos alejados de los titulares efectivos de los fondos.
La clave estará en cruzar la documentación bancaria, los registros de propiedad, las relaciones societarias y los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros. Solo así podrá determinarse quién aportó realmente el dinero, quién controlaba las empresas y quién terminó disfrutando de los beneficios económicos.
El foco de la investigación ya no se limita a los pagos entre Ábalos, Koldo García y los empresarios de la trama. También alcanza a los inmuebles, las sociedades y las personas del entorno más próximo que aparecen en el recorrido del dinero. Una dimensión patrimonial que puede resultar decisiva para esclarecer si las presuntas contraprestaciones económicas terminaron transformándose en viviendas, derechos de adquisición y otros activos vinculados al círculo familiar y sentimental de los investigados.
