Una guerra entre Marruecos, Argelia y el Polisario amenazaría directamente la seguridad de España

Una escalada militar en el Sáhara Occidental podría desencadenar una crisis migratoria, poner en riesgo el suministro de gas argelino y obligar a España a afrontar una delicada encrucijada diplomática y de seguridad.

El Frente Polisario, según informó Europa Press, anunció el pasado martes 10 de noviembre el estado de «movilización general» para enfrentarse al «ocupante expansionista marroquí» a los diez días de expirar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental por el fracaso de los borradores presentados por Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad.

Tras una reunión de emergencia, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, brazo de las aspiraciones de autodeterminación saharauis, Brahim Gali, «decidió declarar el estado de movilización general» y llama «a todos los hijos e hijas del pueblo saharaui para prepararse por completo ante todas las conspiraciones y maniobras del enemigo». Unos hechos que ocurren tras observar una gran concentración de tropas y material bélico en la frontera entre el territorio ocupado del Sáhara Occidental y la parte dominada por el Frente Polisario, que es reconocido a nivel internacional como el interlocutor válido para representar al pueblo saharaui.

Con estas circunstancias y hechos, cabe recordar que un conflicto a gran escala en el Magreb tendría consecuencias directas sobre la seguridad, la economía y la estabilidad de España. La proximidad geográfica, la dependencia energética, las relaciones comerciales y la presión migratoria convertirían a nuestro país en uno de los principales afectados por una eventual guerra entre Marruecos, Argelia y el Frente Polisario. Una escalada militar que inicialmente pudiera desarrollarse en el Sáhara Occidental tendría capacidad para extender sus efectos mucho más allá de las fronteras de los países implicados.

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La posición española sería especialmente delicada por su relación con los dos grandes protagonistas estatales del enfrentamiento. Marruecos es un socio estratégico para España en materia comercial, migratoria y de seguridad, mientras que Argelia constituye uno de los suministradores fundamentales de gas natural para el mercado español. A ello se suma la histórica responsabilidad española sobre el Sáhara Occidental, un territorio cuya situación sigue condicionando las relaciones diplomáticas en el norte de África.

El escenario más preocupante no sería únicamente una confrontación convencional entre ejércitos. Una guerra prolongada podría desencadenar una crisis regional con desplazamientos masivos de población, interrupciones energéticas, operaciones de desestabilización y una mayor actividad de organizaciones criminales. España tendría que afrontar las consecuencias de un conflicto en su frontera sur sin disponer de una posición diplomática cómoda ni de garantías de que la confrontación quedase limitada al territorio norteafricano.

Soldados del Frente Polisario en unas maniobras. Foto: Agencias
Soldados del Frente Polisario en unas maniobras. Foto: Agencias

Una crisis migratoria que golpearía especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla

Uno de los primeros efectos de una guerra abierta en el Magreb sería el desplazamiento de población. Una confrontación entre Marruecos, Argelia y el Polisario podría provocar movimientos de civiles a gran escala, especialmente si los combates se prolongasen, afectasen a infraestructuras básicas o generasen una situación de inseguridad generalizada en las zonas próximas al Sáhara Occidental.

La consecuencia para España sería especialmente importante por su posición geográfica. Canarias, Ceuta y Melilla se convertirían en puntos especialmente sensibles ante un eventual incremento de las llegadas irregulares, aunque la presión también podría extenderse a las costas peninsulares. La inestabilidad del entorno podría alterar las rutas migratorias habituales y favorecer la aparición de nuevas redes de transporte clandestino.

La experiencia de los últimos años demuestra que la presión migratoria puede convertirse en un instrumento de tensión política y diplomática. La crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en la ciudad autónoma en apenas unas horas, evidenció hasta qué punto un deterioro de las relaciones con Rabat puede tener consecuencias inmediatas sobre las fronteras españolas.

En una guerra regional, el problema adquiriría una dimensión todavía mayor. La eventual saturación de los dispositivos de acogida, la presión sobre los servicios públicos y la necesidad de reforzar los controles fronterizos obligarían al Gobierno a desplegar recursos extraordinarios. Además, la llegada de población desplazada desde zonas de combate podría generar una emergencia humanitaria que exigiría coordinación con la Unión Europea.

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La situación sería especialmente compleja si Marruecos se convirtiese en uno de los escenarios principales de la guerra. La desorganización de las estructuras de seguridad y el desplazamiento de población hacia el norte podrían alterar radicalmente el funcionamiento de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

El gas argelino, otro de los grandes puntos vulnerables de España

La energía sería otro de los grandes frentes de preocupación para el Gobierno español. Argelia es uno de los principales suministradores de gas natural de España, una relación que adquiere una importancia estratégica todavía mayor en un contexto de incertidumbre sobre los mercados internacionales y la seguridad de los abastecimientos.

Los datos de Enagás correspondientes a 2025 sitúan a Argelia como el principal proveedor de gas del sistema español, con aproximadamente el 35% de los aprovisionamientos. La conexión directa a través del gasoducto Medgaz, que enlaza territorio argelino con Almería, constituye una infraestructura fundamental para garantizar el suministro. Enagás+1

Una guerra entre Argelia y Marruecos podría comprometer la seguridad de las infraestructuras energéticas del norte de África y generar incertidumbre sobre los flujos comerciales. Aunque no implicaría necesariamente un corte inmediato del suministro, cualquier amenaza sobre instalaciones, gasoductos o rutas marítimas tendría repercusiones sobre los precios y la estabilidad del mercado energético europeo.

La situación sería especialmente delicada si el conflicto se extendiese a zonas próximas a las instalaciones de producción o transporte argelinas. También habría que tener en cuenta las consecuencias de un eventual deterioro de las relaciones diplomáticas con alguno de los contendientes y las restricciones comerciales que pudieran derivarse de la guerra.

España dispone de terminales de regasificación y de una cartera de proveedores diversificada, lo que le permitiría amortiguar parcialmente una interrupción de los suministros argelinos. Sin embargo, sustituir de manera inmediata una parte tan relevante del abastecimiento tendría un coste económico considerable.

El impacto no se limitaría a las facturas domésticas. La industria española, especialmente los sectores intensivos en consumo energético, podría sufrir un encarecimiento de sus costes de producción, mientras que la volatilidad del gas repercutiría también sobre el mercado eléctrico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, en Argel, Argelia, a 20 de julio de 2026 (Foto: Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, en Argel, Argelia, a 20 de julio de 2026 (Foto: Europa Press)

Sánchez, entre Marruecos y Argelia: una difícil encrucijada diplomática

La dimensión diplomática sería probablemente uno de los mayores quebraderos de cabeza para España. Madrid mantiene intereses estratégicos con los dos países enfrentados y cualquier posicionamiento podría tener consecuencias económicas y políticas de largo recorrido.

La relación con Marruecos atraviesa una etapa de cooperación especialmente intensa desde la normalización diplomática de 2022. Rabat es uno de los principales socios comerciales de España, con importantes intercambios en sectores como la industria, la agricultura, la automoción, el transporte y los servicios. También existe una estrecha colaboración en el control de la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo y la seguridad fronteriza.

Además, Marruecos cuenta con importantes apoyos internacionales. Estados Unidos reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental desde 2020 y mantiene una estrecha cooperación militar con Rabat. Israel, por su parte, ha profundizado sus relaciones de defensa y seguridad con el reino alauí desde la normalización de 2020. Esta red de alianzas aumentaría la complejidad de cualquier crisis regional.

En el otro lado se encuentra Argelia, un país con el que España mantiene vínculos históricos, económicos y energéticos. La recuperación de las relaciones bilaterales ha permitido reactivar el diálogo político y comercial, después de la crisis diplomática provocada por el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental en 2022.

La visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Argel en marzo de 2026 y los acuerdos para reforzar la asociación estratégica energética evidencian la importancia que Madrid concede a esta relación. Ministerio de Asuntos Exteriores+1

En caso de guerra, España tendría que evitar que su cooperación con uno de los contendientes fuese interpretada como un respaldo militar o político contra el otro. Una alineación inequívoca con Rabat podría poner en peligro el suministro energético y las relaciones con Argel; un acercamiento a Argelia podría comprometer la cooperación fronteriza y comercial con Marruecos.

La Unión Europea tendría también un papel determinante. España intentaría impulsar una posición común que evitase una ruptura de las relaciones con cualquiera de los dos países y favoreciese una salida negociada. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros y los intereses estratégicos de las principales potencias podrían dificultar una respuesta coordinada.

Ceuta y Melilla, fuera de la cobertura territorial del artículo 5 de la OTAN

El escenario militar abriría otro interrogante especialmente sensible para España: hasta dónde llegaría la protección de la Alianza Atlántica ante una escalada en el norte de África.

El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece el principio de defensa colectiva: un ataque armado contra un país miembro será considerado un ataque contra todos. Sin embargo, su aplicación está delimitada geográficamente por el artículo 6, que especifica los territorios incluidos en esa garantía.

La particularidad española reside en que Ceuta y Melilla no están comprendidas en la cobertura territorial expresamente delimitada por el tratado. Ambas ciudades autónomas se encuentran en el continente africano y no aparecen entre los territorios contemplados en el artículo 6. En cambio, el territorio peninsular, Baleares y Canarias sí quedan dentro del ámbito geográfico establecido por el tratado, al encontrarse estas últimas al norte del trópico de Cáncer. NATO Official text+2

Esto no significa que España quedase desprovista de mecanismos de respuesta ante una agresión contra las dos ciudades autónomas. El Gobierno podría recurrir a consultas con sus aliados mediante el artículo 4, que contempla reuniones cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se encuentran amenazadas.

Tampoco debe confundirse la ausencia de cobertura territorial expresa con una respuesta militar automática en los territorios protegidos. El artículo 5 obliga a los aliados a prestar asistencia, pero deja a cada Estado la decisión sobre las medidas que considere necesarias, que pueden incluir o no el empleo de la fuerza armada.

En una guerra entre Marruecos y Argelia, esta cuestión adquiriría una importancia extraordinaria. Cualquier extensión de las hostilidades hacia las proximidades de Ceuta, Melilla o las aguas españolas obligaría a Madrid a gestionar una crisis de seguridad con implicaciones para toda la Alianza.

Fatima Zahra El Mansouri es nombrada primera ministra de Marruecos por el rey Mohamed VI, a 29 de septiembre de 2026. Foto: Agencias
Fatima Zahra El Mansouri es nombrada primera ministra de Marruecos por el rey Mohamed VI, a 29 de septiembre de 2026. Foto: Agencias

Ciberataques, espionaje y expansión de las amenazas híbridas

Más allá de los enfrentamientos convencionales, una guerra en el Magreb podría abrir un escenario de amenazas híbridas que afectaría directamente a España. La confrontación entre Marruecos y Argelia ya está marcada por una intensa rivalidad estratégica, una carrera de modernización militar y una creciente competencia por la influencia regional. La participación del Polisario añadiría otro elemento de inestabilidad, especialmente en el Sáhara Occidental y las zonas fronterizas.

En ese contexto, España podría convertirse en objetivo de operaciones de inteligencia, campañas de desinformación y ciberataques contra infraestructuras estratégicas. Los sistemas energéticos, las redes de comunicaciones, los puertos y las instalaciones de transporte serían objetivos especialmente sensibles en una crisis de estas características.

También aumentaría el riesgo de espionaje mediante satélites, drones y sistemas de vigilancia electrónica. Las capacidades de observación y reconocimiento desempeñarían un papel fundamental para localizar movimientos militares, controlar rutas marítimas y obtener información sobre las instalaciones estratégicas del adversario.

Otro riesgo sería la expansión de redes criminales que aprovechasen el debilitamiento de los controles fronterizos y la desestabilización de determinados territorios. El Sahel, donde operan organizaciones yihadistas, grupos armados y redes dedicadas al tráfico de personas, armas y drogas, podría convertirse en un multiplicador de amenazas si la guerra alterase los equilibrios de seguridad del norte de África.

España tendría que reforzar la vigilancia del Estrecho de Gibraltar, las rutas marítimas atlánticas y mediterráneas y la protección de sus infraestructuras críticas, además de intensificar la cooperación de inteligencia con sus aliados europeos y atlánticos.

El problema es que las consecuencias de una guerra entre Marruecos, Argelia y el Frente Polisario difícilmente quedarían limitadas al campo de batalla. La presión migratoria, la incertidumbre energética, la rivalidad diplomática y las amenazas híbridas podrían prolongarse incluso después de un eventual alto el fuego.

Para España, el Magreb constituye una de las áreas de mayor importancia estratégica por su proximidad y por la cantidad de intereses económicos y de seguridad que mantiene en la región. Una guerra a gran escala en el norte de África no sería un conflicto lejano, sino una amenaza directa para la estabilidad de sus fronteras, su abastecimiento energético y su posición internacional. La capacidad de anticiparse a esa posibilidad y mantener abiertos los canales diplomáticos con Rabat y Argel se convertiría en una prioridad de seguridad nacional.