El dinero que permitió a Andrea de la Torre Maeso adquirir dos inmuebles por un importe conjunto de 125.000 euros se encuentra en el centro de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación sostiene que la pareja del exministro José Luis Ábalos habría recibido fondos procedentes de una sociedad portuguesa vinculada a un tercero, en el contexto de las contraprestaciones económicas que los agentes investigan alrededor de la presunta trama de corrupción. La procedencia de ese dinero y su posterior utilización para operaciones inmobiliarias han llevado a los investigadores a atribuirle un presunto delito de blanqueo de capitales.
El Anexo V del informe policial recoge los indicios que motivaron su detención el 5 de noviembre de 2026 en Valencia. El documento pone el foco en una cantidad de 65.000 euros canalizada por Cristian Abel Corvillo Aguilar, las relaciones empresariales que rodean a esa operación y la compra de dos propiedades realizada por De la Torre en abril de 2024. Los investigadores también han encontrado comunicaciones que apuntan a que Ábalos realizó gestiones para conseguir financiación hipotecaria destinada a esa adquisición.
La Guardia Civil considera que el análisis conjunto de los movimientos económicos, la documentación y las evidencias digitales permite relacionar a Andrea con una operativa financiera que estaría conectada con las contraprestaciones investigadas en el entorno del exministro.
Los 65.000 euros y la sociedad portuguesa detrás del dinero
El punto de partida de la investigación se encuentra en los movimientos de dinero que los agentes atribuyen a Cristian Abel Corvillo Aguilar, una figura a la que la UCO sitúa dentro del entramado investigado junto a Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
Según el documento policial, Corvillo habría canalizado 65.000 euros a José Luis Ábalos a través de una estructura societaria. El informe continúa describiendo una sociedad portuguesa vinculada a un tercero en el contexto de las contraprestaciones económicas investigadas. En esa operación, la destinataria de los fondos identificada por los agentes fue Andrea de la Torre Maeso.
La sociedad ordenante aparece identificada como Esperança Colossal, una mercantil vinculada a Jorge Pérez Marqués. El informe recoge que esta empresa portuguesa había sido constituida el 27 de julio de 2023 y que estaba dedicada a la construcción de edificios residenciales. En el momento de las actuaciones policiales figuraba como inactiva.
Este elemento es especialmente relevante para los investigadores porque introduce una sociedad extranjera en el recorrido del dinero que terminó en manos de la pareja del exministro. La UCO trata de reconstruir quién estaba detrás de los fondos, qué relaciones existían entre los intermediarios y cuál era la finalidad de las transferencias.
La presencia de una sociedad portuguesa no constituye por sí misma una prueba de blanqueo. Lo que centra las sospechas policiales es su utilización dentro de una cadena de movimientos económicos que los investigadores relacionan con las contraprestaciones bajo investigación y con la posterior adquisición de patrimonio inmobiliario.
La compra de dos inmuebles por 125.000 euros en abril de 2024
Uno de los elementos centrales del Anexo V es la operación inmobiliaria realizada por Andrea de la Torre Maeso en abril de 2024. Según la documentación de la Guardia Civil, adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros.
La forma de pago es uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los investigadores. La adquisición se habría satisfecho mediante dos cheques y una transferencia bancaria, utilizando, según recoge expresamente el informe, los fondos recibidos anteriormente.
Esta conexión temporal y económica constituye uno de los principales indicios que sustentan la investigación por blanqueo de capitales. La UCO no se limita a analizar la recepción del dinero, sino que sigue su utilización posterior para determinar si los fondos procedían de las actividades investigadas y si fueron empleados para incorporar bienes al patrimonio de Andrea.
La diferencia entre el dinero recibido y el importe de las adquisiciones también forma parte del contexto que los agentes deben reconstruir. El documento identifica los 65.000 euros vinculados a la operativa investigada y una compra inmobiliaria de 125.000 euros, pero no ofrece en este pasaje un desglose completo de la financiación de los 60.000 euros restantes ni permite atribuir automáticamente todo el precio de los inmuebles a una única transferencia.
Por eso, el interés policial se concentra en esclarecer el origen de los recursos utilizados, la participación de los intermediarios y la relación entre las distintas operaciones financieras.
Ábalos buscó una hipoteca de 130.000 euros para financiar la adquisición
Las pesquisas no se limitan a los movimientos bancarios. El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos ha permitido a la Guardia Civil reconstruir parte de las gestiones que José Luis Ábalos habría realizado para conseguir financiación destinada a la compra de los inmuebles.
Según el Anexo V, a finales de 2023 el exministro contactó con una entidad financiera para tramitar una hipoteca de 130.000 euros a nombre de Andrea de la Torre Maeso.
La operación adquiere relevancia porque se produjo meses antes de la adquisición de los dos inmuebles, formalizada en abril de 2024. Los investigadores sostienen que las evidencias apuntan a que Ábalos habría recurrido a Cristian Abel Corvillo para realizar estas gestiones.
El informe sitúa un encuentro entre ambos el 30 de noviembre de 2023 en Córdoba. A partir de esa reunión se produjo una sucesión de comunicaciones entre Corvillo y Víctor de Aldama relacionadas con la sociedad Deplan-Works SL, también vinculada a Jorge Pérez Marqués.
De ese intercambio, la UCO deduce que Corvillo tendría cierta capacidad de influencia sobre Pérez Marqués. Este detalle permite a los agentes profundizar en las conexiones entre las sociedades y las personas que aparecen en el recorrido de los fondos.
La hipótesis policial es que estas relaciones no deben analizarse de forma aislada, sino dentro de una estructura más amplia en la que los investigadores sitúan a Ábalos, Koldo García y Aldama.
El papel de Corvillo y las conexiones empresariales de la trama
El nombre de Cristian Abel Corvillo aparece de manera recurrente en el relato policial. La UCO le atribuye un papel relevante en la canalización de fondos y en las relaciones con distintas personas y sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Los agentes también han identificado conexiones entre Corvillo y Rafael Bascón Berrios, relacionado igualmente con la actividad de Deplan-Works SL. El documento señala que entre ambos existían relaciones laborales y patrimoniales.
En concreto, la Guardia Civil recoge que Corvillo trabajó para Elecysur SL, una sociedad administrada por la mujer de Bascón. La información consultada en la Tesorería General de la Seguridad Social sitúa esa relación laboral entre abril y octubre de 2024.
Para los investigadores, estos vínculos ayudan a completar el mapa de relaciones empresariales que rodean a las operaciones económicas examinadas. La relevancia de estas conexiones deriva de la posible participación de Corvillo en la organización investigada, que habría aprovechado la capacidad de interlocución de Ábalos, tanto por su condición de ministro como por su posición en el PSOE, para favorecer contrataciones públicas y obtener beneficios económicos.
La UCO sostiene que ese entorno habría permitido articular relaciones económicas cuya finalidad y destinatarios están siendo investigados. En el caso de Andrea, el interés se concentra en determinar cómo llegaron los fondos hasta ella y qué relación guardaban con las operaciones atribuidas a los intermediarios.
Por qué la UCO acusa a Andrea de blanqueo de capitales
La sospecha de blanqueo se apoya, fundamentalmente, en la combinación de tres elementos: la recepción de fondos procedentes de una sociedad portuguesa, su conexión con las personas investigadas y la utilización posterior del dinero para adquirir dos inmuebles.
Para la Guardia Civil, no se trata únicamente de que Andrea recibiera dinero de una empresa extranjera o de que comprara propiedades. La cuestión es si esos recursos estaban relacionados con las contraprestaciones económicas investigadas y si su posterior transformación en patrimonio inmobiliario formó parte de una operación destinada a introducir o integrar fondos de origen presuntamente ilícito.
El informe señala expresamente que los indicios que vinculan a De la Torre con los hechos proceden de la documentación recabada, las evidencias digitales y las consultas realizadas a distintas fuentes de información. La UCO remite además a su informe 168/2026, fechado el 3 de noviembre, y al oficio mediante el que solicitó medidas de investigación.
Andrea fue detenida el 5 de noviembre de 2026 en Valencia por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. Los agentes registraron su domicilio y se incautaron de varios teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, cuyo contenido digital podrá aportar nuevos elementos sobre las operaciones económicas y las comunicaciones mantenidas por los implicados.
La detención, sin embargo, no se prolongó. Ese mismo día, la Guardia Civil acordó su puesta en libertad al considerar innecesaria la continuación de la medida, aunque quedó advertida de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerida.
Hasta el momento, la investigación no da por acreditada la culpabilidad de Andrea de la Torre Maeso, sino que recoge los indicios que, a juicio de los agentes, justificaban investigar su posible participación en una operación de blanqueo. El núcleo de las pesquisas sigue siendo el recorrido de los 65.000 euros, la intervención de Esperança Colossal y las circunstancias en las que se produjo la adquisición de los dos inmuebles por 125.000 euros.
