El PNV reclama un SMI propio para Euskadi ajustado a la carestía de vida, una propuesta que reabre el debate competencial.
Maribel Vaquero, candidata del PNV por Gipuzkoa, ha defendido la medida en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde evitó cifrar la cuantía y situó su origen en un acuerdo entre sindicatos, patronales e instituciones públicas. ‘Está en nuestro ADN buscar el acuerdo con los diferentes’, señaló, antes de subrayar que el nuevo suelo salarial debería ser ‘acorde al nivel de vida en Euskadi’.
Qué incluye la propuesta del PNV
La referencia a la carestía de vida constituye el eje del argumento, aunque en la entrevista no se aportaron datos que comparen el coste de vida vasco con el del resto de España. La propuesta del PNV no incluye por ahora ninguna cifra de referencia ni un calendario de aplicación.
Junto al salario mínimo, la dirigente jeltzale ha colocado la estabilidad en el empleo y la mejora de las retribuciones entre sus prioridades. El planteamiento pasa por dar ‘seguridad’ a las empresas para que se adapten a las nuevas necesidades del mercado y, en paralelo, elevar los salarios para que los jóvenes puedan afrontar su proyecto de vida e independizarse.
En vivienda, Vaquero ha abogado por una doble vía que combine la construcción de pisos nuevos con la regulación del mercado, sin perjudicar a los pequeños propietarios. En pensiones, ha recordado que el PNV negoció en 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy la revalorización conforme al IPC, un mecanismo ‘garantizado en el Pacto de Toledo‘, y ha defendido que ‘es muy importante dar seguridad a las personas mayores que han trabajado toda la vida.
La propuesta no cuenta por ahora con texto normativo ni con una cifra de referencia: el partido la vincula a un acuerdo entre sindicatos, patronal e instituciones.
Quién tiene la competencia para fijar un salario mínimo
El salario mínimo interprofesional se fija por real decreto del Gobierno central, previa consulta a los agentes sociales, y su cuantía es única para todo el territorio del Estado. La revisión se aborda cada año con los sindicatos y las patronales, y ninguna comunidad autónoma dispone hoy de un marco propio para determinar una cantidad distinta.
En cuanto al encaje estatutario, el Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi funciones de ejecución de la legislación laboral común, no la capacidad de establecer un suelo salarial propio. La propia candidata admitió que la medida exige ‘cambios legislativos’ y que correspondería al Parlamento habilitar esa vía.
Esa modificación pasaría por el Congreso de los Diputados o por una reforma del marco estatutario, dos vías que exigen mayorías que van más allá del grupo jeltzale. Vaquero ha situado además su objetivo en seguir siendo ‘la voz de Euskadi’ en Madrid y en mantener grupo parlamentario propio, junto a más autogobierno ferroviario y en la gestión de los aeropuertos vascos, materias que la formación viene incluyendo en sus negociaciones con el Ejecutivo central.
El precedente foral y el recorrido parlamentario
El concierto económico no cubre materia laboral. El régimen foral ordena la aportación de Euskadi al Estado por las competencias no transferidas —el cupo— y la gestión de los tributos concertados, pero la fijación de retribuciones mínimas no figura entre las materias concertadas. Tampoco la red de garantía de ingresos que gestiona Lanbide equivale a un salario mínimo: opera como prestación para personas sin recursos, no como referencia retributiva del mercado laboral.
El mismo criterio rige en Navarra, donde el Convenio Económico regula la relación fiscal con el Estado y no contempla potestades sobre el salario mínimo. La comparación sirve para situar el alcance de la propuesta: el debate no afecta al régimen foral, sino al reparto de competencias laborales entre Madrid y las comunidades.
El recorrido de la iniciativa es, por tanto, legislativo. En el Parlamento Vasco, donde PNV y PSE-EE gobiernan en coalición y suman 39 de los 75 escaños, cualquier cambio normativo necesita mayoría absoluta; en Madrid, el grupo jeltzale condiciona su apoyo al Ejecutivo al cumplimiento del Estatuto y a nuevos traspasos. Por ahora no consta el registro de una iniciativa parlamentaria concreta ni el respaldo expreso de otros grupos.
El debate se produce en un contexto de negociación permanente entre el Gobierno Vasco y la Administración central sobre transferencias pendientes, entre ellas las ferroviarias y aeroportuarias que la candidata ha citado. Cualquier avance hacia un SMI diferenciado pasaría antes o después por esa mesa, y por un acuerdo entre sindicatos y patronal que el partido sitúa como condición previa. Vaquero ha presentado la propuesta como parte de una ‘apuesta segura’ del PNV para pensionistas y trabajadores, sin cifras y sin calendario.

