El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid exige a Google la conservación de prueba digital del software de la UCM

Carlos Valle, instructor provisional del Juzgado nº 41 de Madrid, dicta la providencia ante el silencio de Devoteam Drago y con la consola de Google Cloud pendiente de desconexión. La orden no habilita el volcado de los archivos.

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha ordenado a Google la conservación de prueba digital de los proyectos de software de la UCM vinculados a la causa que instruye.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el juez? El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid acuerda, por providencia, que Google no elimine los archivos alojados en sus consolas correspondientes a los proyectos informáticos de la UCM investigados.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Las medidas de investigación tecnológica de los artículos 588 bis a) y siguientes de la LECrim, el deber de colaboración de terceros prestadores de servicios y el límite del artículo 18.4 de la Constitución.
  • ¿Qué impacto tiene? Blinda la fuente de prueba ante la desconexión pendiente de la consola de Google Cloud y abre una cuestión competencial sobre el instructor tras el auto de apertura de juicio oral.

Antecedentes: el silencio de Devoteam Drago y la desconexión pendiente

La providencia se dicta después de que el juzgado no haya recibido respuesta de Devoteam Drago, una de las compañías que participaron en distintas fases del desarrollo del proyecto. El extremo que quedaba sin ejecutar era la desconexión de la consola de Google Cloud respecto de los proyectos vinculados al programa informático. Carlos Valle, que asume provisionalmente el órgano tras la jubilación de Juan Carlos Peinado, resuelve actuar antes de que ese contenido pueda desaparecer.

El fundamento de la decisión se contiene en una fórmula breve: «Dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia». La orden se dirige a Google, tercero ajeno al proceso, y no a las partes, lo que la sitúa en el terreno de las medidas de cooperación de terceros con la instrucción penal.

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El contexto procesal condiciona el alcance de lo acordado. Las dos investigadas ya han sido enviadas a juicio oral: la codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y su asesora por presunta malversación. La acusación popular sostiene una petición de 13 años de prisión para la primera y de 6 años para la segunda, mientras que la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución. El enjuiciamiento corresponderá a la Audiencia Provincial de Madrid, conforme a las reglas de competencia objetiva del artículo 14 de la LECrim, y la vista oral sigue pendiente de señalamiento.

El contenido de la providencia: conservar no equivale a entregar

Conviene precisar el objeto de la orden. Se acuerda la conservación de los archivos alojados en las consolas de Google, no su cesión, volcado o entrega al juzgado. La distinción no es semántica: la conservación impide el borrado y preserva la fuente; la incorporación del contenido a las actuaciones exige un título habilitante distinto, con juicio de proporcionalidad sobre los datos afectados y sobre el derecho del artículo 18.4 de la Constitución. El marco aplicable es el de las medidas de investigación tecnológica de los artículos 588 bis a) y siguientes de la LECrim.

La resolución se adopta con finalidad estrictamente asegurativa: evitar que la desconexión de la consola de Google Cloud, aún pendiente, produzca la pérdida irreversible de datos. Esa lógica encaja en la categoría de medida cautelar de conservación de fuentes de prueba, más próxima al aseguramiento del artículo 299 de la LECrim que a la prueba anticipada.

El juez ordena conservar, no entregar: una medida de aseguramiento que impide el borrado de la fuente de prueba digital antes del juicio oral.

medida cautelar de conservación

El riesgo que la providencia neutraliza es verificable en términos técnicos. Los proyectos alojados en la nube pueden ser suprimidos por el titular de la cuenta o por el proveedor conforme a sus políticas de retención, sin intervención judicial. Con Devoteam Drago sin responder al requerimiento, la vía para blindar el contenido era dirigirse directamente al prestador. La comunicación despliega un efecto preventivo y no exige la previa personación de la compañía en la causa.

La Doctrina del Tribunal

La doctrina que subyace a la providencia consolida una regla operativa: el aseguramiento de fuentes de prueba digitales puede acordarse de forma autónoma, antes de cualquier decisión sobre su incorporación al proceso, cuando concurre riesgo acreditado de desaparición. La base jurídica se sitúa en los artículos 588 bis a) y siguientes de la LECrim y en el deber general de colaboración de los prestadores tecnológicos, con el límite material del artículo 18.4 de la Constitución. El criterio no es inédito en la práctica de los juzgados de primera instancia e instrucción, pero sí resulta relevante su aplicación a un entorno de nube corporativa gestionado por un tercero ajeno al procedimiento.

El punto doctrinalmente discutible es el título competencial. Dictado el auto de apertura de juicio oral, la competencia sobre el objeto procesal se desplaza al órgano de enjuiciamiento, de modo que las actuaciones posteriores del instructor quedan limitadas a lo necesario para la remisión de lo actuado. Las defensas podrían impugnar la providencia por esa vía, mediante recurso de reposición del artículo 218 de la LECrim, y sostener que la conservación debía haberse interesado ante la Audiencia Provincial de Madrid. La controversia afecta a un número reducido de causas, pero su resolución fijará criterio sobre el reparto de funciones entre instructor y tribunal en materia de aseguramiento tecnológico.

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El contraste normativo lo aporta la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, cuyo régimen exige siempre resolución judicial motivada para afectar datos a un proceso penal. La proyección práctica es inmediata: la orden no prejuzga la relevancia del material ni su valor probatorio, y tampoco altera la posición de las defensas. Lo que garantiza es que, cuando se celebre el juicio oral, el contenido de los proyectos pueda ser objeto de análisis pericial. La alternativa —la desaparición del contenido— habría dejado sin objeto cualquier discusión posterior sobre licitud o pertinencia.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Providencia del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid en la causa por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias vinculada al software desarrollado en el ámbito de una cátedra de la UCM. Objeto: conservación de archivos alojados en Google Cloud.
  • Datos importantes: artículos 588 bis a) y siguientes de la LECrim, artículo 18.4 de la Constitución y artículo 299 de la LECrim. Sin número de sentencia por tratarse de resolución de instrucción. Petición de pena de 13 y 6 años por la acusación popular. Orden de conservación, no de cesión.
  • Fecha de los juicios: providencia dictada en noviembre de 2026; vista oral pendiente de señalamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid. Resolución no publicada en el CENDOJ por su carácter instructor.
  • Personas acusadas y por qué: la codirectora de la cátedra, por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y su asesora, por malversación. Ambas enviadas a juicio oral; Fiscalía y defensas solicitan la absolución.
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