La Guardia Civil asegura a la jueza que no recibió alerta temprana de la entrada masiva en Ceuta

El informe de la Jefatura de Información califica el mensaje del CNI del 29 de julio como «un intercambio habitual entre analistas». La Guardia Civil remitió el escrito a la juez Tardón con las comunicaciones reclamadas entre el 20 de julio y el 7 de agosto.

La Guardia Civil asegura a la juez Tardón que no recibió alerta temprana alguna antes de la entrada masiva en Ceuta.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Jefatura de Información de la Guardia Civil niega ante la Audiencia Nacional que el CNI le trasladara una alerta temprana antes de la entrada masiva en Ceuta.
  • ¿Dónde y cuándo? Ceuta, en la madrugada del 30 y 31 de julio; el informe responde a las comunicaciones reclamadas entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
  • ¿Qué resultado? El documento concluye que el mensaje del 29 de julio fue «un intercambio habitual entre analistas» y «una información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza».

Qué dice el informe remitido a la Audiencia Nacional

El documento remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón responde a un requerimiento concreto. La magistrada reclamó a la Jefatura de Información, el órgano de inteligencia de la Guardia Civil integrado en la coordinación del Ministerio del Interior a través del CITCO, todas las alertas recibidas entre el 20 de julio y el 7 de agosto.

La respuesta es tajante. «.

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El relato reconstruye esas horas con precisión. El 29 de julio, a las 13.53, un agente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia, el servicio de inteligencia exterior que depende del Ministerio de Defensa) escribió a su enlace de la Guardia Civil: «Tenemos información de un intento de entrada a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono». A las 14.41 se produjo una llamada de siete minutos entre ambos interlocutores.

La Jefatura de Información no discute que esos contactos existieran. Discute su naturaleza. El informe sostiene que el mensaje y la llamada se ajustan al «intercambio habitual entre analistas de información» mantenido entre ambos servicios y que «no se puede considerar en modo alguno que constituyera un aviso o alerta temprana» capaz de anticipar la naturaleza y la dimensión del episodio.

El CNI, en su primer escrito a la juez, había defendido una lectura distinta: que con esa comunicación trasladó el «alto riesgo de asaltos inminentes a la frontera». La Guardia Civil replica que lo transmitido no alcanzaba «la consideración que posteriormente se ha pretendido consolidar» y que la información «fue tratada de manera análoga a otras comunicaciones habituales relativas a convocatorias difundidas en redes sociales».

El informe subraya que una amenaza de esa dimensión exige interlocución «de máximo nivel político» y no un intercambio táctico entre analistas de información.

El documento detalla los criterios que separan una alerta real de un aviso ordinario: «empleo de reporte o nota oficial formal por canales reservados seguros y urgentes, interlocución a nivel de dirección conforme a la dimensión pretendida». El canal empleado fue el teléfono y la mensajería, no el protocolo previsto para una situación crítica.

De ahí extrae una conclusión que alcanza al propio CNI: «Es evidente que la posibilidad de ocurrencia de un evento masivo como el acontecido no fue considerada en los momentos previos». Y añade que, de haberlo sido, «la comunicación del CNI, el canal empleado y la formalidad del mismo apuntan a que debiera ser otro».

El pulso entre el CNI y el instituto armado

El instituto armado también cuestiona el contenido. Las comunicaciones «no identificaban los grupos concretos de Facebook y WhatsApp presuntamente implicados, ni se aportaron los mensajes o contenidos que respaldaban la información». Tampoco incluían «elementos que permitieran anticipar el fin de las capacidades de contención marroquíes o una alteración sustancial del dispositivo fronterizo».

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El informe amplía el foco más allá del servicio de inteligencia: «Ninguna entidad u organismo trasladó a la Jefatura de Información elementos ni información suficiente que permitiera anticipar un colapso de la frontera de la dimensión sin precedentes que tuvo lugar». En las horas previas, añade, no se identificó una masa crítica de candidatos con propósito inminente de acceder a España.

El analisis de la presión migratoria se hizo, según el escrito, «sin establecer un grado de criticidad muy superior a la realidad ordinaria y cotidiana en la zona». La conclusión es que lo recibido fue «información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza» y que no anticipó «el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional».

El escrito dibuja un desacuerdo técnico entre dos servicios del Estado con culturas operativas distintas. El CNI sostiene que advirtió de lo que sabía con la antelación disponible; la Guardia Civil defiende que una advertencia informal entre analistas no equivale a una alerta y que solo un reporte formal permite activar contramedidas. La juez deberá ponderar ambos relatos en una causa que sigue abierta.

El informe no niega el contacto, no oculta la hora ni el contenido del mensaje y explicita el criterio técnico con el que clasifica sus comunicaciones. Es, en la práctica, la defensa documental de la profesionalidad de una unidad que trabaja con información fragmentaria y que solo puede movilizar recursos sobre lo que recibe por los cauces establecidos.

alerta temprana

El Contexto Operativo

Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Su vigilancia corresponde a la Guardia Civil mediante un dispositivo permanente de perímetro, sensores y patrullas. El episodio del 30 y 31 de julio coincidió, además, con la Fiesta del Trono, una fecha señalada en el calendario marroquí que el propio CNI citó en su mensaje.

La magnitud del fenómeno sigue pesando sobre el terreno: más de 5.500 personas permanecen ilocalizables en Ceuta para eludir la expulsión. Ese es el escenario real sobre el que trabajan los servicios de información, que operan con convocatorias difundidas en redes sociales, capacidad limitada de verificación y la obligación de distinguir un rumor digital de una amenaza a la seguridad nacional.

El trabajo de la Jefatura de Información se mide precisamente en esa distinción. El informe reclama un estándar: si la amenaza tenía la dimensión que después se produjo, el cauce debía haber sido un reporte formal por canal seguro y con interlocución de dirección. Es el criterio que el cuerpo aplica en el resto de sus alertas y el que, a su juicio, no se activó el 29 de julio. El documento ya obra en la causa, que continúa abierta.

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