La condición de Colau a Sánchez cabe en un solo decreto: el primero que apruebe su Gobierno debe estabilizar los contratos de alquiler y bajar sus precios.
La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre trasladó este lunes 16 de noviembre la exigencia al PSOE en plena campaña, después de que Pedro Sánchez abriera la puerta a incorporar su formación al Ejecutivo. No es un guiño programático. Es el precio de la coalición.
El escenario también contaba. Colau eligió el acto Un podcast como una casa, celebrado en el Museo La Neomudéjar de Madrid, junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la abogada y exdirigente de Podemos Alejandra Jacinto. Entre el público, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Vivienda, Madrid y la izquierda del PSOE mirándose de reojo.
El calendario manda. Quedan trece días para el 29N y la política de vivienda ha dejado de ser un tema de campaña para convertirse en moneda de cambio de la próxima coalición. Con una pregunta de fondo que afecta de lleno a Catalunya: si el decreto sale adelante, ¿cómo se aplica en Barcelona, con el mercado del alquiler tensionado y la competencia sobre vivienda en manos de la Generalitat?
Un decreto en el primer Consejo de Ministros: qué significa exactamente
El programa de Frente Amplio, presentado también este lunes, concreta la exigencia en tres piezas. La primera: convertir el contrato de alquiler indefinido en la modalidad habitual. La segunda: limitar los precios en las zonas tensionadas tomando como referencia el 25% de la renta neta media de los hogares del barrio o el índice oficial, según cuál de los dos establezca el límite más bajo.
Ningún decreto baja por sí solo el recibo del alquiler en Barcelona, pero sin ese decreto el resto de la negociación es literatura.
La tercera pieza es la más cara: destinar el 1% del PIB anual a vivienda pública e incorporar 1,5 millones de pisos al parque público en doce años. En ritmo de obra, 125.000 viviendas al año durante más de una década. Un listón que ningún gobierno español ha alcanzado en la serie histórica.
Colau reclamó al PSOE que sea ‘valiente’ y que se atreva a ‘enfrentarse a los fondos buitre de una vez por todas’. También reivindicó el voto a Frente Amplio frente a las llamadas al voto útil que anticipa la campaña: la opción más útil, sostuvo, es apoyar a las candidaturas dispuestas a plantar cara a los especuladores.
El límite competencial que Colau ya conoció en Barcelona

No es la primera vez que la exalcaldesa pone la vivienda por delante de todo lo demás. Tampoco la primera en la que se topa con el mismo muro. Según recordó ella misma, el Ayuntamiento de Barcelona llegó al límite de sus competencias y reclamó a Sánchez una regulación estatal en 2019. El PSOE tardó cinco años en aceptarla.
Su lectura es directa: una actuación más rápida habría evitado una subida abusiva de los precios en la ciudad. Y ahí está el nudo del acuerdo que ahora se negocia. Un decreto no es una ley: cabe en el primer Consejo de Ministros, sí, pero su contenido tiene que encajar en el marco competencial del Estado y en la doctrina del Tribunal Constitucional.
El precedente judicial, de hecho, no acompaña a la épica. El Tribunal Constitucional anuló en 2022 buena parte de la ley catalana de contención de rentas aprobada dos años antes, al entender que invadía competencias estatales en materia de legislación civil. Cualquier decreto que fije precios máximos nacerá con ese abanico de recursos abierto.
El pulso que aterriza en el Palau de la Generalitat
La exigencia interpela a Sánchez y, de rebote, a todo el PSC. La Generalitat tiene la competencia exclusiva en vivienda y es quien debe declarar y desplegar las zonas tensionadas. Hasta ahora lo ha hecho con criterios que el propio Ayuntamiento de Barcelona ha discutido en más de una ocasión. Lo que observamos es una paradoja de calendario: el decreto se anunciaría en Madrid y se aplicaría, o no, en Barcelona.
El cálculo político es otro. Si Frente Amplio entra en el Ejecutivo central, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pierde margen para marcar distancia con Moncloa justo en el asunto que más ha movilizado a la izquierda catalana en la última década. Y gana, en cambio, un argumento cómodo: la culpa de lo que no se aplique será del decreto estatal.
En el Parlament, las lecturas serán distintas según el partido. ERC tiene incentivos para exigir que la Generalitat aplique los límites sin dilación. Junts los tiene para presentar cualquier intervención estatal sobre los precios como una intromisión en el mercado. Ninguno de los dos puede permitirse quedar del lado de los fondos buitre en un territorio donde la vivienda aparece de forma recurrente entre los primeros problemas que citan los encuestados.
Hay además un componente personal que Colau no escondió. Había descartado volver a la primera línea, explicó, hasta que el caso de Maricarmen y el suicidio en L’Hospitalet de Llobregat la hicieron cambiar de opinión. ‘Ahora es el momento y allí estaré para darlo todo’, afirmó la candidata de Frente Amplio.
De momento, para cualquier inquilino de Barcelona que renueve contrato esta semana, nada cambia. El primer hito es el 29N. El segundo, la negociación de la investidura y la composición del primer Consejo de Ministros. Si el decreto no está en el orden del día de esa primera reunión, la condición de Colau habrá quedado en un titular de campaña.
Todo eso, claro, es antes de contar los votos.

