El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de choque de la Justicia para reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento, que plantea la creación de 21 juzgados en toda España y estará dotado con más de 50 millones de euros.
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha destacado que se trata de un plan de actuación por objetivos que estará en constante seguimiento ante la posibilidad de introducir cambios en los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados.
Asimismo, Campo ha subrayado que este plan no hay que entenderlo de manera aislada, sino que se enmarca dentro de las tres líneas de trabajo diseñadas para combatir las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno ya aprobó el pasado 28 de abril el conocido como decreto anti-colapso de la Justicia, que contempla una serie de medidas procesales y organizativas urgentes, como la celebración de juicios telemáticos, habilitar parte del mes de agosto o dar preferencia a asuntos derivados de la pandemia como los de familia o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
A ello se sumará la ley que el Ministerio tiene previsto sacar adelante para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con la que se pretende hacer énfasis en la transformación digital de la Justicia.
Todo ello englobado en su proyecto ‘Justicia 2030’, ha destacado al mismo tiempo que ha insistido en que estas medidas que se ponen en marcha para reactivar el sector están «tremendamente consensuadas» con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias en materia transferidas y con operadores jurídicos.
«ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA»
Tal y como ha indicado Campo, el plan de choque se ha desarrollado en conformidad con la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 al entender que la Justicia es un «elemento dinamizador de la economía».
El plan de actuación aprobado este martes por el Gobierno afectará a un total de 315 órganos de las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y lo mercantil y se activarán en dos fases a partir del 1 de septiembre.
La primera fase estará comprendida entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 y los apoyos se concentrarán en los órdenes social y mercantil, que antes de las crisis sanitaria acumulaban una mayo carga de trabajo al 130 por ciento del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
El ministro ha apostillado que este primer bloque de apoyo no irá dirigido al ámbito contencioso-administrativo porque antes de acudir a los tribunales debe «agotarse la vía administrativa».
Por ello, la segunda fase, que comenzará el 1 de enero de 2021, los apoyos se ampliarán a este orden, pues será cuando ya se disponga de datos más completos respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir las medidas organizativas a aplicar.
MEDIDAS DE AUTORREFUERZO, REFUERZO EXTERNO Y ESTRUCTURALES
Así, el plan de choque está valorado en un total 50.660.239 euros, de los cuáles 6.890.336 euros se invertirán en la primera fase del plan, mientras que el resto (43.778.903 euros) se destinarán en la segunda fase.
Con ello, se adoptarán medidas de autorrefuerzo en aquellos partidos judiciales que superan la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Consistirá en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano y se percibirá por ello una retribución extraordinaria.
En el ámbito social, en el autorrefuerzo podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, un gestor, un tramitador y un auxilio judicial por órgano; mientras que en los juzgados de lo mercantil no se incorporarán ni jueces ni fiscales, sino que el apoyo vendrá dado de un letrado de la Administración de justicia, dos gestores y dos tramitadores por órgano.
A priori, esta medida está destinada a dar cobertura al 64 por ciento de los juzgados lo social y al 84 por ciento de los órganos mercantiles.
Otras de las medidas que se establecerán serán las de refuerzo externo para apoyar al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un auxilio judicial por órgano (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores. En el caso de lo social, dispondrá de 1 fiscal por cada cuatro equipos.
Además, se fijarán medidas estructurales, cuyo objetivo es la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. En total se crearán 13 juzgados de lo social –en Almería, Sevilla, Terrasa, Madrid (3), Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Huelva, Tenerife, Lugo, Coruña, Vigo– y ocho en lo mercantil –Las Palmas de Gran Canaria, Madrid (4), Barcelona, Cádiz y Granada–.
