Adelante Andalucía ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de «mirar a otro lado» en cuanto a la situación en la que viven temporeros en asentamientos de la provincia de Huelva, mientras que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que la Junta «da la cara» y que el que «se esconde» es el Gobierno central.
Así se ha pronunciado Marín el transcurso de una pregunta que le ha planteado, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, la diputada de la confluencia Ángela Aguilera, relativa a la situación de emergencia vital que se vive en los asentamientos de temporeros en Huelva y que se ha visto agravada por los últimos incendios producidos.
En primera instancia, el vicepresidente ha relatado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha líneas de ayudas para los ayuntamientos donde se encuentran estos asentamientos por valor de 13,4 millones de euros, líneas de subvenciones para entidades sociales y locales para que puedan destinar proyectos al colectivo por 6,7 millones de euros, programas de infraestructuras destinados al arraigo e inserción social de estas personas inmigrantes y sus familias por 2,5 millones, además de proyectos para entidades sociales por 4,2 millones.
Igualmente, ha explicado que desde el foro provincial de inmigración en Huelva «están elaborando un diagnóstico de la situación real de estos asentamientos», así como que «afortunadamente» se ha podido resolver la situación de las temporeras marroquíes.
De su lado, Aguilera ha denunciado que «hay 5.000 temporeros en la provincia de Huelva viviendo en condiciones infrahumanas, y 400 de ellos perdieron la chabola miserable en la que vivían a consecuencia de una serie de incendios que fueron, cuanto menos, sospechosos». «Nos preocupa la situación de estos inmigrantes y la ausencia de derechos humanos para una población que aporta mucha riqueza a Andalucía», ha agregado.
Y es que, ha indicado que han comprobado tras visitar los asentamientos que «es una vergüenza, y es inviable en una democracia, las condiciones en las que están estas personas», defendiendo que no se respetan los derechos humanos y que «incluso sufren persecución».
De este modo, Adelante critica la «actuación inmoral de las instituciones, que hacen todo lo posible para que no haya arraigo de estas personas», apuntando que «a pesar de esos millones de los que habla Marín, no hay una política suficiente que dignifique la situación de estos trabajadores».
«No basta que diga que los terrenos en los que están estos asentamientos no son de su competencia o que no es su competencia la investigación de estos hechos porque basta la sospecha para que la Junta sea competente en la defensa de los derechos humanos», ha abundado Aguilera, que achaca esta situación a que «la patronal agraria explota a miles de trabajadores sin derechos con la connivencia de instituciones que miran cobardemente a otra parte».
En su réplica, Marín ha asegurado que no pone excusas sino que hace «lo que tiene que hacer» y ha instado a la diputada de Adelante a reclamar al Gobierno de España que cumpla con sus competencias en esta materia, al tiempo que ha rechazado las críticas a los empresarios vertidas por Aguilera.
Con todo, ha asegurado que la Junta ha puesto recursos para alojar a los inmigrantes que vivían en las chabolas quemadas, que «no ha tenido ninguna ayuda del Gobierno de España».
«Es importante ser capaces de poner cada cosa en su sitio, es vergonzoso que unas competencias que son de todos solo una administración dé la cara y las demás se sigan escondiendo, es su responsabilidad como diputada exigir que el Gobierno de España actúe de una vez en esta materia», ha zanjado Juan Marín.
