El sindicato JUPOL, a través de sus servicios jurídicos, ha conseguido que la Justicia obligue a la Administración, es decir, a la Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a asumir las indemnizaciones para tres agentes de la Policía Nacional de León por las lesiones sufridas en acto de servicio, debiendo pagar en total una cuantía que asciende a 34.874 euros.
«el hecho de que el Estado se haga cargo de las costas es una facilidad para el delincuente y refuerza la perdida de autoridad en la vía pública»
En concreto, la Dirección General de la Policía deberá indemnizar a uno de los agentes con 26.225 euros por una rotura completa del tendón de Aquiles, cuando en una intervención el pasado 15 de octubre de 2018, el policía tuvo que tirar abajo la puerta de un domicilio en el que se había declarado un incendio. Como consecuencia de dicha intervención sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, habiendo causado baja para el servicio desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 8 de noviembre de 2019.
LOS AGRESORES SE DECLARARON INSOLVENTES CON LOS POLICÍAS
Por otro lado, JUPOL ha logrado que la Administración asuma las indemnizaciones para dos agentes que fueron agredidos en acto de servicio, cuando procedían a identificar a dos personas en la vía pública en abril de 2016, tras lo que estas personas agredieron a los agentes causándoles diversas lesiones. Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal N.º 2 de León, los agresores se declararon insolventes, y por lo tanto, no se pueden hacer cargo de la indemnización impuesta en el proceso penal.
Es por ello que la DGP deberá asumir la indemnización de 7.235 euros y de 1.414 euros respectivamente para dos policías nacionales que resultaron agredidos en acto de servicio y cuyos agresores se declararon insolventes tras las sentencias judiciales.
Desde JUPOL se han valorado de forma muy positiva el conocimiento de estas decisiones judiciales, ya que se enmarcan dentro de la petición que llevaba haciendo desde hace años la organización sindical a la Dirección General de la Policía en la que se le pedía que asumiera estas indemnizaciones para «no dejar en la estacada a un policía nacional herido en acto de servicio».
JUPOL ADVIERTE DE LA PÉRDIDA DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD DE LOS POLICÍAS
Desde la organización sindical, pese a sentirse satisfechos por las sentencias obtenidas, «no dejamos de percibir que el hecho de que el Estado se haga cargo de las costas es una facilidad para el delincuente y refuerza la perdida de autoridad en la vía pública. Se entiende que esta situación debería revertirse y procurar que la insolvencia en este tipo de casos no sea un elemento recurrente para el delincuente y que el mismo no convalide la pena económica en prisión».
De hecho, JUPOL pone el foco de atención en el incremento exponencial de las agresiones contra los agentes de la autoridad sufrido en los últimos tiempos, pues día a día se ven incrementadas las estadísticas de agresiones a miembros de la Policía Nacional en sus intervenciones, llegando a superar en el año pasado las 14.000 agresiones que fueron condenadas posteriormente en un juzgado.
JUPOL ha indicado que con esta personación de los afectados con un abogado «se pretende prestar un mejor asesoramiento y defensa jurídica a los policías y conseguir que las condenas por estos atentados a la autoridad dejen de ser irrisorias», y añaden que «con condenas minúsculas no se hace más que fomentar la pérdida del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, provocando a su vez una sensación de impunidad en los agresores y en consecuencia un incremento de este tipo de agresiones».
CEP TAMBIÉN DA OTRO REVÉS A LA ADMINISTRACIÓN
Por otro lado, los servicios jurídicos de CEP han tumbado una sanción por falta grave que impusieron a una compañera de Ceuta que estaba de baja médica, concretamente la pusieron un castigo de 15 días de suspensión de funciones por un lío en la gestión de sus solicitudes para pasar la convalecencia de su baja por enfermedad en Sevilla (su plantilla era de Ceuta). Fue en julio de 2021 y los servicios jurídicos de CEP acaban de tumbar ese castigo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque se ha acreditado que quien cometió el error no fue ella, sino la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
Así se cuestiona la actuación de la Administración en relación con las solicitudes de esta compañera para pasar la convalecencia médica fuera de su plantilla «concediendo algunas veces, denegando otras, notificando las resoluciones unas veces, denegando otras», porque en el expediente disciplinario que se le abrió se le acusaba de no contar con esa autorización cuando había varios errores únicamente achacables a su Jefatura Superior.
«Era un permiso que primero pidió y no le respondieron, que luego reiteró y sí le respondieron, que después volvió a solicitar y ni siquiera le comunicaron si se estimaba o no pese a haberse resuelto por el órgano correspondiente en sentido desfavorable».
Para los sindicatos policiales estos logros son fundamentales para arañar afiliaciones a su favor, de hecho si JUPOL defiende ser «el único sindicato que ofrece defensa jurídica gratuita a todos sus afiliados, así como a los policías en prácticas que estén inmersos en un proceso judicial por una situación de este tipo», CEP recalca que «es el sindicato que más crece en afiliación».
