El pasado 15 de abril los sindicatos policiales Alternativa Sindical de Policía (ASP) y Equiparación ya (EYA) registraron la declaración de conflicto colectivo ante el Consejo de la Policía, con el fin de que se resuelvan los puntos que origina dicho conflicto colectivo, planteado también previamente por la Confederación Española de Policía (CEP). Pero no solo no se ha resuelto, sino que la tensión entre ambos sindicatos y el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska parece haberse tensionado más, hasta el punto de que le van a denunciar por vulnerar derechos a los policías.
«por no respetar y limitar los derechos de los policías al no convocar una reunión del Pleno del Consejo para mediar en el conflicto»
ASP y EYA registraron también sendos escritos de declaración del conflicto colectivo laboral ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al amparo del artículo 8.3 de la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen Personal de la Policía Nacional, según el proceso previsto en el artículo 94.2 ante el Consejo de la Policía, tal y como había hecho previamente CEP.
DEJARON PLANTADOS A ASP Y EYA
Sin embargo, el pasado jueves 25, recibieron un correo electrónico desconvocando la reunión que había prevista a las 9.30 de la mañana del viernes 26 de abril para una Comisión de Personal y proyectos normativos, comunicándoles que se convocará en tiempo y forma conforme al procedimiento habitual. Ante el jarro de agua fría que esa acción supuso para los sindicatos, éstos se quejaron de que ya habían pasado «once días sin que se hubiera mencionado ni comunicado nada al respecto para conseguir la equiparación salarial, ni una jubilación justa, ni nos ha enseñado ninguno de los trabajos que dicen estar haciendo para considerarnos profesión de riesgo».
Al considerar que no pueden perder más tiempo y porque además no se fían «de la gestión que dicen estar realizando, porque el Gobierno parece no preocuparse por nosotros y solucionar el conflicto y es urgente resolver lo planteado en el conflicto colectivo», los sindicatos han anunciado la presentación de una demanda contra el Ministerio del Interior «por no respetar y limitar los derechos de los policías al no convocar una reunión del Pleno del Consejo para mediar en el conflicto».
Una vez más ASP y EYA han aprovechado la ocasión para invitar al resto de sindicatos policiales a que se sumen al conflicto colectivo declarado por ASP y EYA y que «no engañen a sus afiliados con circulares en la que no dicen verdad cuando dicen que han paralizado la Comisión de Personal cuando no habían hecho ningún comunicado anterior comunicando la no asistencia a dicho pleno», indican fuentes sindicales.
ASP Y EYA HACEN UN LLAMAMIENTO A OTROS SINDICATOS
Desde ASP y EYA, «cuando todo pase y los tribunales nos den la razón, nadie de todos los que ayudaron a forzar esta situación asumirán responsabilidades ni pedirán perdón por el daño que están causando los policías», informan desde los sindicatos. Además, tienen claro que «si en una mesa hay un intolerante y 10 personas que lo respetan, en esa mesa hay 11 intolerantes», apuntan para ejercer presión sobre otros sindicatos policiales.
«No se puede negociar con quienes viven asentados en el modelo de caciques y cortijos y persiguen al que lo denuncia». Sentarse en esa mesa si no es para mirarles a la cara y recordarles que son parte del problema, te convierte en uno de ellos», reiteran fuentes sindicales.
En el año 2018 se firmó un acuerdo de equiparación salarial en el que figuraba la contratación de una auditoria externa para estudiar cuanto quedaba para la equiparación total y absoluta. Igualmente en el mismo acuerdo se dejó sin tramitar la cláusula 3ª que destinaba 300 millones para incentivar el ingreso de los policías nacionales y guardias civiles en segunda actividad y reserva, al servicio activo, y la cláusula 8ª que decía que, si en un futuro se produjeran disfunciones salariales, el Gobierno se comprometería en hacer una Ley de Equiparación Salarial. Han pasado seis años y todavía están esperando.
Además, los sindicatos recuerdan que la sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de junio de 2023, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº3, obligaba al Gobierno a cumplir las cláusulas 3ª y 8ª del acuerdo de 2018 o bien a renegociar con los sindicatos dichas cláusulas. «Pues bien, ni una, ni otra han sucedido».
ASP Y EYA, CABREADOS PORQUE EL PSOE NO VOTÓ A FAVOR DE SER PROFESIÓN DE RIESGO
A eso se le suma el cabreo que tiene el colectivo dado que en las tres iniciativas para el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo «este Gobierno ha votado en contra en el Parlamento Europeo, en la Proposición No de Ley en el Congreso se ha abstenido y en el Senado se ha vuelto a abstener, lo que demuestra la nula voluntad del Gobierno para reconocernos una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo», informan fuentes sindicales.
Si bien el Senado sí aprobó la moción que insta al Gobierno a declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes votaron en contra fueron ERC, Bildu y BNG mientras que PSOE, Sumar, Junts y PNV se abstuvieron.
Desde ambos sindicatos piden la jubilación en igualdad de condiciones con el resto de las policías autonómicas y locales, catorce pagas integrando todos los complementos de las nóminas en las dos pagas extraordinarias anuales para igualar así las pagas extraordinarias con las policías autonómicas y locales y la tramitación de una ley de equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el pago de 300 millones para la segunda actividad y reserva como reconoce la cláusula 3ª y 8ª del acuerdo de 2018 citado anteriormente.
