La delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha lamentado este martes que una niña migrante de seis años subsahariana ha estado separada de su familia durante más de un año «por la burocracia y los prejuicios institucionalizados», todo ello tras acompañar legalmente al padre de la menor, impugnar la declaración de desamparo realizada por la Junta de Andalucía y reclamar «celeridad» en las pruebas de paternidad.
En un comunicado, la entidad ha criticado «las circunstancias que rodean a los menores que tras un proceso migratorio llegan a las fronteras españolas desde países subsaharianos acompañados por familiares no directos», a la vez que ha señalado que «estos escenarios, en ocasiones, vulneran el interés superior del menor, principio que debe prevalecer en cualquier procedimiento administrativo o jurídico que le afecte».
Según ha explicado, la menor de seis años llegó en patera a las costas españolas con la pareja de su padre biológico. «Ya en junio de 2019 el padre de la menor, residente en Francia, acreditó documentalmente con certificados del Registro Civil de su país que era el padre, mostrando tanto su voluntad como su capacidad para hacerse cargo de su hija», según ha apuntado la asociación.
En consecuencia, «su deseo desde el principio ha sido poder llevársela a vivir a Francia, donde él cuenta con mayor estabilidad laboral y familiar, ya que parte de sus familiares también residen en el país vecino», han relatado desde Apdha, pero agregan que «los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía consideraron necesario someter a padre e hija a unas pruebas de paternidad y declarar en desamparo a la menor».
Desde la asociación consideran «pertinente que la administración española tome las medidas oportunas para que la reagrupación familiar de una persona menor de edad que ha llegado al territorio en una situación de grave vulnerabilidad se lleve a cabo con todas las garantías».
Asimismo, han subrayado que «es inaceptable que existan unos prejuicios institucionalizados que de forma automática establezcan la sospecha de falsedad de unos documentos oficiales y la falta de capacidad de un padre para hacerse cargo de su hija por tener un origen nacional concreto».
Igualmente, han calificado de «inadmisible que haya tenido que pasar un año para conocer los resultados de la prueba de paternidad, ordenada por la Fiscalía de Menores de Córdoba». Según la asociación, «la prueba se solicitó en junio de 2019, se practicó en diciembre de dicho año y los resultados que confirmaron la paternidad no se notificaron hasta junio de 2020».
«UN GRAVE PERJUICIO»
Durante dicho tiempo, la niña ha permanecido en un centro de menores, «lejos de su padre, al que no se le ha permitido ver ni visitar a su hija», ha asegurado Apdha, que indica que «esta dilación puramente burocrática de las gestiones ha podido suponer un grave perjuicio a la menor, por el riesgo de desapego hacia su familia biológica, difícil de reparar, dada la edad y las difíciles circunstancias de vida que la han rodeado hasta ahora».
Mientras, desde la entidad han celebrado que «este caso se haya resuelto de forma satisfactoria», pero han reiterado «enérgicamente» su crítica ante «los prejuicios institucionalizados y trabas burocráticas que han tenido separada de su entorno familiar a una niña de muy corta edad durante más de un año».
De la misma manera, han puesto de relieve que «desgraciadamente este sistema pone en serio riesgo de separación familiar definitiva a otras muchas personas menores de edad subsaharianas que llegan por vías irregulares a nuestras fronteras y a sus progenitores, ya que no es lo más frecuente contar con acompañamiento jurídico específico como en este caso».
