El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes al titular del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que «concrete los parámetros» financieros, entre ellos el límite de déficit y de deuda pública, para que las comunidades puedan elaborar sus presupuestos del 2021.
Así lo ha manifestado durante la conferencia de presidentes autonómicos, tras la cual ha comparecido en rueda de prensa en la que ha hecho un llamamiento a que «el bloqueo» político que sufren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde el año 2018 –están prorrogados los que aprobó entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy– no «contagie» y «bloquee» a aquellas comunidades con gobiernos «con capacidad» para aprobar sus propias cuentas.
Por ello, ha coincidido con otros mandatarios en la necesidad de conocer parámetros como «el límite de déficit, el porcentaje de deuda pública, el escenario de ingresos, las entregas a cuenta y la liquidación del pasado ejercicio».
«En definitiva, pedimos herramientas para poder cumplir con nuestra labor política y responsabilidad, como es elaborar las cuentas del 2021″, ha resumido.
CPFF Y FONDOS EUROPEOS
Así a todo, Feijóo, quien este sábado tomará posesión por cuarta vez como presidente de la Xunta, ha saludado que «por fin» el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –órgano en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá los responsables de esta cartera en cada comunidad– para este mes de septiembre.
«Veremos si esto es así, que supongo que sí porque el presidente se comprometió; y por lo tanto veremos si podemos empezar a disminuir el tiempo perdido que llevamos desde el mes de julio sin ningún dato presupuestario en el Estado de las autonomías», ha apuntado.
No en vano, Feijóo también ha insistido en que se celebre «ya de forma inmediata» una «conferencia sectorial» para abordar el fondo europeo de reconstrucción, que llegará a España en el «segundo semestre del 2021», según les ha trasladado Sánchez y ha comentado el mandatario gallego, y las condiciones en las que cada autonomía deberá presentar los «proyectos tractores» para participar en el reparto.
