El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, imputado en la pieza ‘Kitchen’ del caso ‘Tándem’, declaran como testigos este martes en un juicio en el que se juzgan a dos traductores que hicieron uso de la información que obtenían por su trabajo a cambio de conseguir un beneficio económico.
Así consta en el calendario establecido por la Sección número 5 de la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene previsto celebrar toda la semana, en la que también declarará como testigo el jueves el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Las comparecencias de los testigos serán presenciales, ya que así lo ha dispuesto el tribunal, según han confirmado fuentes jurídicas, por lo que Villarejo tendrá que ser trasladado desde la prisión de Estremera en la que se encuentra de forma provisional desde noviembre de 2017 como principal investigado en el caso ‘Tándem’.
Según explica el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los acusados Ali Shan e Ijaz Ahmad fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).
Uno de los investigados en dicha causa, y al que se le había intervenido varias conversaciones, es el tercer acusado de este juicio, el empresario Harischandra Tarachand Varma, quien en un principio denunció ser víctima de una presunta extorsión por parte de los traductores, pero que después se benefició de la información que éstos le facilitaban.
Los fiscales relatan en su escrito que, al menos, a partir del 28 de marzo de 2014, los dos traductores se dirigieron a Varma «a través de diversos mensajes de WhatsApp, sabiendo que esta persona estaba investigada» para trasladarle datos de la causa, exigiéndole «una cantidad de dinero de entrada, 10.000 euros, que iría aumentando de manera periódica».
Además, según indica el escrito, los traductores amenazaron al empresario con la posibilidad de «influir en su contra en la investigación en curso», por lo que éste denunció los hechos, el 8 de abril de 2014, ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Posteriormente, en agosto, Varma interpuso la denuncia ante los juzgados de Madrid, si bien Anticorrupción subraya que lo hizo «a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad y que no era víctima de delito alguno».
Al menos desde abril hasta noviembre de 2014, el empresario colaboró con los traductores, instándoles a que le dieran continua información de la investigación judicial, a cambio de dinero, afirma la Fiscalía.
Así, mediante el pago periódico a los otros acusados, Varma obtuvo información de los vehículos usados por la Policía en dicha investigacion, fechas en las que se iban a realizar vigilancias o los datos del procedimiento judicial, que en ese momento se encontraba bajo secreto.
Por todo ello, los fiscales piden para los tres acusados más de 8 años de prisión por revelación de secretos, extorsión, más cohecho para los traductores y simulación de delito para el empresario. Asimismo, ha solicitado el archivo de las actuaciones para un cuarto investigado, a quien llama a declarar como testigo para que relate su conocimiento de los hechos.
Anticorrupción solicita también la declaración de seis policías, entre ellos la de Villarejo y Gómez Gordo –imputado por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados que se investiga en el caso Tándem–.
