Ciudadanos defenderá este martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que pretende reforzar la independencia judicial cambiando el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta debate llegará al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en medio del cruce de reproches que se vienen realizando desde hace días el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, por la negativa del segundo a renovar el órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace casi dos años.
Esta semana el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, mostró su confianza en que el PP apoye la admisión a trámite de esta propuesta porque, a su juicio, sería una «incongruencia» que los ‘populares’ pretendan despolitizar la Fiscalía General del Estado –como propusieron recientemente en el Congreso– y no el CGPJ.
La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros doce son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo.
Un sistema éste que, a juicio de Cs, menoscaba la garantía de independencia de los miembros de la Carrera. De ahí que pretenda cambiar el régimen de elección de los vocales del CGPJ estableciendo criterios objetivos de evaluación para su nombramiento para garantizar que el proceso de selección no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia.
Así lo establece el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa en las recomendaciones que viene realizando a España sin que, según denuncian los de Inés Arrimadas, se haya hecho nada al respecto.
En concreto, los ‘naranjas’ plantean que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, y que se refuerce la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ.
«A tal efecto, se garantiza que todos aquellos nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos se cubran conforme a una baremación lo más objetivada posible, adoptándose las cautelas necesarias para preservar la imparcialidad en dichas designaciones», señalan en su texto.
Asimismo, la reforma de Ciudadanos mantiene la autonomía presupuestaria del órgano de gobierno de los jueces pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros.
Sobre el presidente del CGPJ, que lo es a su vez del Tribunal Supremo, el partido naranja propone asegurar la experiencia y reconocido prestigio de la persona elegida para el cargo, que deberá proceder del propio Supremo y con al menos al menos cinco años de antigüedad en este órgano.
En cuanto al nuevo sistema de elección, Cs plantea que el juez que lo desee pueda presentarse para ser vocal si dispone de 25 avales o del aval de una asociación profesional. Después, cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos en una única circunscripción nacional mediante listas abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto.
También limita a dos los mandatos que pueden permanecer en su cargo el presidente y los vocales del CGPJ, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los de las audiencias provinciales.
Además, propone una carrera judicial «basada en el mérito y la capacidad» en la que los criterios para ascender estén objetivados y sean iguales para todos, y que los presidentes de Sección y de Sala, así como los magistrados del Supremo, sean elegidos en un concurso de méritos público y transparente por antigüedad, especialización y evaluación continua.
Asimismo, la proposición de ley suprime el nombramiento de magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades por parte de los Parlamentos autonómicos, para evitar que los políticos nombren a aquellos magistrados que tendrán que juzgarles si son investigados y procesados por algún delito.
Por otro lado, la iniciativa regula las «puertas giratorias» entre la política y el Poder Judicial, de manera que los jueces procedentes de la política no podrán regresar a la magistratura hasta pasados dos años y no podrán incorporarse a juzgados y tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que estuvieran o hubieran estado vinculados.
