La consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha manifestado este jueves, ante el solapamiento del Ingreso Mínimo Vital con la Renta Garantizada, que «como en parte es lógico ante una norma nueva, está costando más de lo deseado la completa puesta en marcha» del Ingreso Mínimo Vital.
Maeztu ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre este asunto y ha indicado que «debe tenerse en cuenta que estamos en un momento muy especial por la pandemia y la Administración central ha tener que poner en marcha esta prestación en condiciones difíciles». «Esperamos que se vaya subsanando lo antes posible», ha dicho.
Maeztu ha detallado que «hasta el 9 de noviembre se ha notificado el tratamiento en Navarra de 2.056 expedientes, de los que 1.356 son concesiones del Ingreso Mínimo Vital y corresponden por una parte a 1.299 reconversiones de la asignación económica por hijo a cargo del sistema de la Seguridad Social y el resto a concesiones del Ingreso Mínimo Vital; los 700 expedientes restantes son desestimaciones».
La consejera ha indicado que «se valora positivamente la finalización en Navarra de las reconversiones de las prestaciones por hijo a cargo menor en septiembre porque somos una de las CCAA en las que proporcionalmente más concesiones se han realizado».
Maeztu ha añadido que «las unidades familiares que complementan el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada siguen percibiendo la misma cuantía final, solo que ahora mediante dos prestaciones». «Entendemos cierto trastorno generado en las personas al recibir una cuantía como atraso del Ingreso Mínimo Vital de junio hasta septiembre, que dejan de percibir los meses siguientes para compensar ese pago que se ha hecho del Ingreso Mínimo Vital», ha agregado.
Según ha continuado, «no es lo mismo cobrar por adelantado que cobrar con retraso cuando hablamos de Ingresos Mínimos Vitales; estos ingresos extraordinarios están siendo compensados desde octubre y ha afectado a 1.078 unidades familias perceptoras de Renta Garantizada».
La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha indicado que «alrededor de mil familias han cobrado la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital como consecuencia de falta de coordinación entre el Gobierno foral y el Gobierno central al poner en marcha este último. «De esta forma, las familias afectadas han generado una deuda con la Administración que tendrán que devolver», ha dicho, para añadir que «esto quiere decir fallo garrafal en la gestión».
Según ha añadido, «no sé de quién ha sido la culpa, del Gobierno de Navarra o del Gobierno de España, de ambas o del PNV». «Un grave fallo en la gestión que tiene consecuencias que se deben minimizar», ha agregado Alvárez, para exponer que «en Navarra el Ingreso Mínimo Vital no va alcanzar mejorar la cobertura a casi ninguna familia».
