La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confiado este lunes en que «todas las fuerzas democráticas» respalden el principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno con Reino Unido sobre Gibraltar que permitirá en un futuro incluir al Peñón en el espacio Schengen.
«Espero contar con todas las fuerzas democráticas de este país», ha señalado la jefa de la diplomacia en una entrevista a Canal Sur Radio, subrayando que «de lo que estamos tratando es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partido político».
En este sentido, ha reiterado su voluntad de comparecer en el Congreso de los Diputados para ofrecer todos los detalles del principio de acuerdo alcanzado, «con luz y taquígrafos, como se hace en una democracia», para lo cual ya se han iniciado los trámites pero aún no hay fecha prevista.
No obstante, ha aclarado que el mismo jueves, cuando se anunció el acuerdo, tanto ella como su equipo trasladaron una «noción inicial» de lo pactado a todos los grupos representados en la Comisión de Exteriores y en la de Asuntos Europeos de la Cámara Alta.
González Laya ha recordado que lo pactado el 31 de diciembre «tiene que traducirse en un tratado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar», que confía en que esté cerrado en un plazo de seis meses –«puede que ser antes, esperemos que no sea después»–.
Solo cuando ese acuerdo se firme será cuando se suprima la Verja entre Gibraltar y España y cuando se comenzaría a aplicar el Acuerdo de Schengen en el Peñón, ha explicado la ministra, precisando que mientras esto ocurre «nos vamos a asegurar de que garantizamos una máxima fluidez», «cumpliendo con las reglas de juego».
Como ya hizo el jueves, la ministra de Exteriores ha insistido en que España será responsable, «como estado miembro de la UE que pertenece al espacio Schengen», del cumplimiento del acuerdo sin fronteras en el Peñón y por ello será quien tenga «la decisión última de quién entra» en el espacio Schengen, para lo que contará con la asistencia de Frontex.
A priori, se ha acordado un «periodo inicial de cuatro años», tras el cual se aplicaría el «régimen general» que fije el futuro acuerdo entre Reino Unido y la UE relativo a Gibraltar, si bien también cabe la posibilidad de que el acuerdo se revise a petición de una de las partes o que incluso se anule. «Siempre se puede deshacer un acuerdo, este y todos los demás«, ha incidido.
La ministra ha resaltado lo paradójico que es que la salida de Reino Unido de la UE vaya a tener como resultado que se aplique Schengen en Gibraltar, si bien ha señalado que esta era la forma de evitar el único Brexit duro en toda la UE, al tiempo que ha reconocido que este hecho «ha acercado más los intereses de Gibraltar y los de nuestro país».
«Nos ha acercado a través del europeísmo», ha añadido, recordando que los gibraltareños votaron mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE en el referéndum de 2016. Así pues, ambas partes han encontrado «un punto en común alrededor del cual empezar a construir una nueva relación».
En este sentido, ha reiterado que el principio de acuerdo alcanzado con Londres no afecta a la soberanía. «No renunciamos a cuestiones de soberanía, pero tampoco renunciamos a avanzar conjuntamente ahora que hay una mayor convergencia de nuestros intereses», ha defendido.
Por otra parte, González Laya ha confirmado que España y Reino Unido negocian «desde hace meses» un acuerdo en materia de seguridad y defensa con vistas a contar con un «paraguas» en el que encuadrar las estrechas relaciones que existen entre los dos países en esta materia tras el Brexit.
Al igual que en el caso de Gibraltar, no ha querido entrar en detalles, subrayando que el acuerdo aún se está negociando, si bien ha aclarado que se parte de la idea de que haya «unas medidas de confianza para que situaciones como las que ocurrieron en el pasado no se vuelvan a producir», en referencia entre otros al caso del submarino nuclear británico ‘Tireless’.
En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el delito fiscal, ha recordado que estos aspectos ya están incluidos en los memorandos de entendimiento alcanzados con Londres en lo relativo al Brexit y que contemplan «la cooperación de nuestra policía y de nuestras aduanas».
