Los comunes llevan en su programa electoral para el 14F una apuesta por un proyecto de Estado plurinacional federal, que implica el impulso de una reforma constitucional de carácter federal, la incorporación de una disposición para Cataluña, y aprobar una Constitución catalana, que la reconozca como república.
«En el marco de un Estado plurinacional, Cataluña debe poder tener su propia Constitución, a través de la que construir un nuevo modelo de país en términos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales», y han propuesto que a raíz de este texto constitucional se desarrolle una carta de derechos fundamentales jurídicamente vinculantes.
Los comunes defienden que en esta Constitución definirá Cataluña «como una república social, democrática y ambientalmente justa que comparte soberanías en el marco de la república plurinacional», y sostienen que se debe impulsar una reforma federal de la Carta magna actual que reconozca plenamente esta plurinacionalidad.
UNA HACIENDA CATALANA
El programa de los morados también contempla que Cataluña tenga una hacienda «propia y solidaria», para conseguir una plena capacidad de decisión sobre los impuestos en Cataluña, en coordinación con las competencias del Estado y de la UE, y que garantice la lealtad institucional para evitar arbitrariedades e incumplimientos.
El sistema seguiría el principio de solidaridad territorial, «a través del cálculo de una aportación para la redistribución territorial», y con el fin de financiar los servicios prestado en Cataluña por el Estado, según recoge textualmente el programa.
Además, proponen la implantación de un nuevo sistema competencial en el que Catalunya «podrá tener plena soberanía en materias de competencia exclusiva y compartir soberanías tanto con el Estado español como con la UE», para lo que la Carta magna establecerá un listado de competencias del Estado, y el resto serán para las comunidades o estados federados.
Los morados defienden que se configure de un nuevo modelo territorial judicial y se cree de un «Tribunal de arbitraje competencial»; y también reclaman la supresión del artículo 145 de la Constitución para que las comunidades puedan federarse entre ellas y establecer acuerdos políticos, culturales y sociales que deseen.
