El que fuera presidente de la constructora Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés (exdirectivos del Banco Bilbao) han solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 9 de la macrocausa Tándem poder declarar en sede judicial en calidad de perjudicados. En esa pieza se investigan los contratos realizados por el BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.
En un escrito, la defensa de los tres fundamenta esta petición en que, en los aproximadamente dos años de instrucción, no se les ha citado todavía para comparecer. Explica que, según Fiscalía, el comisario habría efectuado seguimientos y usado diferentes medios e incluso artificios técnicos para controlar sus comunicaciones, y que esto habría afectado también a su esfera privada o íntima.
Villarejo buscaba con esas acciones, según Fiscalía, obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.
Éste habría sido uno de los primeros trabajos presuntamente ilícitos del Grupo Cenyt, firma bajo la que operaba el comisario, para la entidad que entonces presidía Francisco González. Esos ‘encargos’ supuestamente eran canalizados por altos directivos del banco a través de su jefe de Seguridad Julio Corrochano, antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía.
«BOICOTEAR ACCIONES PREVISTAS CONTRA K»
La defensa cita un oficio de la policía de febrero de 2019 en el que se recoge un informe resumen de las acciones realizadas por Villarejo en el marco de ese ‘Proyecto Trampa’. En el mismo, se explicaba que el fundamento de la operación era «boicotear las acciones previstas contra K (anulando las maniobras del GH), provocar el abandono del plan de acoso contra FG y con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la Junta del 26 de febrero». El letrado explica que en este caso ‘K’ es el cliente (BBVA), ‘GH’ es el Grupo Hostil (los tres perjudicados) y ‘FG’ es Francisco González.
En ese mismo documento de Villarejo se expone que los objetivos propuestos por el cliente, en este caso el departamento jurídico de la entidad, eran los de contactar con accionistas de Sacyr-Vallehermoso que pudieran ser contrarios a la operación sobre el BBVA para convencerlos de que actuaran a favor de Francisco González.
Pero el equipo de Villarejo consideró, a juzgar por ese informe que recogía el oficio policial, que se debían emplear a fondo en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del Grupo Hostil para «obligarles a huir» y abandonar sus intenciones.
16.500 COMUNICACIONES ANALIZADAS
Según recogió Villarejo, habría realizado «infiltraciones» en medios de comunicación para incidir en su línea editorial e intoxicar al respecto, se habría intentado ‘colar’ sin éxito en el servicio de escoltas de Del Rivero o Miguel Sebastián (exministro de Industria), o habría colocado a una persona de su confianza en el control de acceso de la constructora Sacyr.
También realizó acercamientos a sedes judiciales y fiscales, hizo vigilancias y contravigilancias, analizó información abierta y cerrada, viajó por media España y hasta cuatro veces al extranjero, y controló las comunicaciones de los móviles del denominado ‘Grupo Hostil’.
De hecho, en el informe de Villarejo para BBVA se destacan casi 16.500 comunicaciones analizadas y 869 interceptadas. A esto, el comisario sumó «acciones de colapso» que iban desde generar desinformación en ámbitos económicos y políticos sobre Sacyr hasta contaminar en medios para que la imagen de Del Rivero se viera menoscabada.
La defensa de estos tres perjudicados subraya para concluir su escrito que con el mero hecho de ser perjudicados es suficiente para poder ser citados, pero que lo reseñado en ese informe por Villarejo mas toda la documentación requisada al comisario en su domicilio y que obra en el sumario sirve de mayor sustento a su solicitud. Recuerda que esas acciones realizadas por Cenyt «no están amparadas por la ley y tienen, en este momento procesal, apariencia delictiva».
