El BNG ha defendido este martes en el Parlamento gallego una iniciativa que buscaba una ley que permitiese bajar temporalmente los alquileres de negocios cuya actividad se viese afectada por la pandemia. Sin embargo, no ha salido adelante por el ‘no’ del PP y la abstención del PSdeG, ya que consideran que esta norma sería «inconstitucional» al tratarse de una competencia estatal.
Durante la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos de la Cámara autonómica, la diputada del Bloque Alexandra Fernández ha defendido una proposición para instar al Ejecutivo gallego a elaborar una ley que permitiese modificaciones «excepcionales» y «temporales» de los contratos de alquiler para bajar el precio.
«Cuando se adoptan decisiones de limitar la actividad económica, el Gobierno (de la Xunta) también tiene el deber de poner en marcha medidas para paliar las consecuencias», ha justificado Fernández, quien ha advertido que están «en juego miles de puestos de trabajo e, incluso, el propio tejido empresarial gallego».
Por eso, el BNG planteaba la elaboración de una ley que permitiese esa reducción «temporal» de los alquileres, teniendo en cuenta «las capacidades» del arrendador y del propietario para que sea «proporcionado y justo».
En el caso del inquilino, ha explicado la diputada, la norma establecería que tendrían que «demostrar su incapacidad» para hacer frente al pago. Mientras tanto, en lo que respecta al arrendador, se diferenciaría entre los grandes propietarios, que tendrían que «asumir la disminución»; y los pequeños, para los que la Xunta tendría que «poner en marcha ayudas».
«En definitiva, proponemos una especie de salvavidas legal», ha resumido Fernández, quien también ha explicado que actualmente la «vía judicial» es «la única» que hay para conseguir estas reducciones.
ENMIENDA DEL PSDEG
Por parte del PSdeG, la diputada Paloma Castro ha defendido una enmienda para cambiar el texto de la iniciativa del BNG, de modo que el Parlamento instase a la Xunta a elaborar no una ley, sino «un plan de rescate» para el pequeño y mediano comercio y para autónomos que incluya ayudas al alquiler. Sin embargo, el Bloque no ha aceptado este cambio, por lo que los socialistas han optado finalmente por la abstención.
Y es que, si bien el PSdeG comparte la «situación límite» de los negocios y «la necesidad de que la Xunta tome medidas», la propuesta del BNG «no es viable dentro del marco constitucional ni dentro del marco jurídico vigente».
En este sentido, Castro ha explicado que esta eventual ley «fácilmente sería declarada inconstitucional» porque «vulneraría» la Carta Magna, que en su artículo 149.1.8 deja las competencias contractuales en manos del Estado, además de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el Código Civil.
La socialista también ha defendido que varios reales decretos del Gobierno central dictados en el marco de la crisis sanitaria «ya contemplan» incentivos fiscales a arrendadores de negocios afectados.
PP: ES UNA INICIATIVA «TRAMPOSA»
Por parte del PP, que ostenta la mayoría absoluta, José Manuel Balseiro ha incidido en los argumentos de «inconstitucionalidad» de la iniciativa y ha recordado que ya hubo una normativa al respecto en Cataluña «que hoy tiene discutida» su adecuación a la Carta Magna.
«De hacer algo similar en Galicia, estaríamos engañando a los ciudadanos aprobando una norma que no se va a aplicar», ha dicho, sin obviar además que esta materia «no es competencia de la Xunta».
Para el popular, es una iniciativa «tramposa» porque solo busca «generar un titular y falsas esperanzas». Así, ha instado a los nacionalistas a acudir con una proposición de ley directamente al Congreso, a través de su diputado Néstor Rego.
No en vano, Balseiro ha aprovechado para defender la intención de la Xunta de aprobar «este mes» el plan destinado a la hostelería, al comercio y a autónomos, frente al por ahora diálogo fracasado con las tres diputaciones gobernadas por PSdeG y BNG –Lugo, A Coruña y Pontevedra– y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para articular un fondo común.
BNG LES AFEA SU POSTURA
Ante la abstención de los socialistas y el ‘no’ de los populares, la diputada del Bloque les ha afeado tener «un acuerdo» para «no hacer nada»: «No es solo un acuerdo en términos de relato, sino que también creo que, en el fondo, hay una complicidad de que hay unas rentas inmobiliarias que no pueden tocarse».
Finalmente, Fernández ha desmentido que haya una falta de competencias, ya que Galicia sí las tiene en «materia civil» –con un Código Civil propio–, como por ejemplo en las herencias, para adoptar «decisiones específicas en función de la realidad» de la Comunidad.
