La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha denunciado este viernes que los usuarios de las residencias de su municipio en los peores momentos de la pandemia el «abandono y completa inacción» de la Comunidad de Madrid, una situación «dramática y traumática» en la que, según han narrado, los Bomberos del Ayuntamiento acudían cada día a retirar cadáveres.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19, De Andrés ha explicado que escribieron numerosas cartas a la Consejería de Sanidad y ella misma llamó repetidamente por teléfono a la presidenta regional y al consejero pero «nunca tuvieron respuesta». Solo recibió una llamada del cesado director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, que le dijo que «no se preocupara, porque estaban en ello».
Sí obtuvo respuesta del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para que a través de la UME habilitaran un centenar de nuevas camas para el hospital de Alcorcón, a petición de su gerente.
De Andrés ha señalado que en se momento álgido de la pandemia no conocían los protocolos de no derivación de residentes a hospitales y que si los hubieran conocido hubieran articulado los recursos judiciales de otra manera. «Lo que me parece gravísimo es que se haya condenado a morir a los residentes no solo de Alcorcón, sino del resto de la Comunidad a morir sin asistencia médica», ha manifestado.
«Alguien tomó la decisión de dejar a los mayores sin atención sanitaria con el Covid. A muchos mayores con patologías se les estaba condenando a la muerte. Yo lo que sé que es que hubo una instrucción de Coordinación Sociosanitaria para que no se llevara a los mayores a los centros sanitarios. En esta comisión estuvo aquí una directora de residencia de Alcorcón que mandó una carta pidiendo a los familiares que sacaran a los ancianos de las residentes y les llevaran a los hospitales, incluso contrataron ambulancias privadas», ha revelado.
La primera edil alcorconera ha recalcado que fueron «ignorados» por la Comunidad en su deseo de que medicalizaran a las residencias y por eso recurrieron a la Justicia, una medicalización que afirma que aún no se ha producido por parte del Gobierno regional a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia «determina lo que hay que hacer».
De Andrés ha hablado también de la desesperación que le transmitían en las semanas más duras de la pandemia los familiares de residentes, que «no sabían si estaban vivos o muertos porque no podían contactar con ellos».
El Ayuntamiento empezó a saber lo que pasaba dentro de esos centros cuando empezaron a acudir los Bomberos municipales a partir del 29 de marzo, quienes tuvieron que dar formación a los trabajadores de los geriátricos sobre el uso de EPIs. «Llegaba por allí algún geriatra, pero no daba a basto. No llegaba más atención sanitaria», ha apostillado la alcaldesa.
«Dentro de las residencias no tenían equipos materiales, que el Ayuntamiento proporcionó, ni recursos humanos suficientes cuando se decidió que no podían ser trasladados a los hospitales. No solo había poca gente de plantilla estructural, sino por las bajas que se produjeron, la sobresaturación y la falta de formación», ha añadido.
«CON LA MEDICALIZACIÓN SE HUBIERA SALVADO MUCHAS VIDAS»
La compareciente ha aseverado que la Comunidad de Madrid «tuvo un gravísimos problema de planificación y gestión» durante la primera ola del Covid.
«No es posible que ante una pandemia y en un momento en que el problema estaba focalizado en las residencias y dónde todos sabíamos que había muchos muertos en las residencias no actuaran. Ante esa situación tenían que haber intervenido y eso tenía que haber salido del propio Gobierno regional. Ante una situación de ese tipo, cuando deciden que (a los ancianos de residencias) no les van llevar a los hospitales, algo tendrán que hacer, no dejarles morir solos en la residencia y sin que les viera un médico», ha denunciado en la comisión.
Por eso, De Andrés considera que «se hubieran salvado muchas vidas» si desde el primer momento la Comunidad hubiera tomado medidas. «Los Bomberos iban a retirar cadáveres y entraban en habitaciones donde había una persona vida y otra muerta. Era una situación muy grave. No entiendo por qué no se tomé la decisión de la medicalización. Hubiera sido muy sencillo, igual que se hizo en Ifema. ¿Por qué los mayores han sido ciudadanos de tercera para este gobierno, por qué se les ha dejado morir solos a los mayores?», se ha preguntado.
Por todo ello, la regidora de Alcorcón ha pedido reflexionar sobre el modelo residencial madrileño porque «está caduco». «El modelo que sea necesita los recursos necesarios y no debemos escatimar un solo euro porque no seríamos una sociedad decente si volvemos a dejar que pase lo que pasó en marzo y en abril de 2020», ha esgrimido.
UNA SESIÓN BRONCA
La comparecencia de Natalia de Andrés ha tenido varios momentos de bronca política. Durante las preguntas del diputado de Vox José Ignacio Arias Moreno por los rifirrafes con la interviniente cuando le pregunta por las competencias del Gobierno central en la gestión de esta crisis.
Sin embargo, fue el turno del diputado del PP Carlos Izquierdo cuando se han vivido más momentos de tensión. El parlamentario ha comenzado preguntando a De Andrés por su currículum y ella le acusó de «clasismo»: «¿Qué ocurre, que si no tengo licenciatura soy menos alcaldesa y tengo menos legitimidad? No tengo ninguna licenciatura pero soy la alcaldesa de Alcorcón».
A continuación, Izquierdo ha preguntado a la alcaldesa por la deuda que generó EMGIASA cuando la presidió ella. La alcaldesa ha recordado que había venido a la comisión hablar de los geriátricos de Alcorcón y ha reclamado amparo a su presidente, José Ángel Gómez Chamorro, quien ha pedido en varias ocasiones al diputado que recondujera su interrogatorio hacia el objeto de la comparecencia.
Izquierdo se ha quejado de que se le ha censurado su ejercido a preguntar lo que le pareciera oportuno y ha acusado al Grupo Socialista de vetar la petición de comparecencia del exministro de Sanidad Salvador Illa y del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón. Esto ha motivado la queja de la diputada socialista Purificación Causapié, que ha presentado su queja por esta afirmación y ha pedido que se retire porque «es mentira».
LA BATALLA JUDICIAL DE ALCORCÓN Y LEGANÉS POR LA MEDICALIZACIÓN
Los Consistorios de Alcorcón y Leganés interpusieron en octubre sendas demandas ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por la falta de asistencia a mayores de sus geriátricos en la primera oleada de la pandemia. Entonces fallecieron más de 200 usuarios en Leganés y 116 en Alcorcón.
En dichas demandas, critican el «el precarísimo estado de las residencias en cuanto a medios humanos y materiales para afrontar la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de España, con una letalidad crítica en las personas mayores». Y acusan a la Consejería de Sanidad de inactividad para salvar la vida de los mayores y trabajadores por «no tomar las medidas precisas».
En noviembre, el TSJM desestimó las alegaciones que interpuso la Comunidad a ambas demandas, según un auto. El Gobierno regional planteaba cuestiones tales como falta de legitimación activa por parte del ayuntamiento, un incumplimiento de los plazos y una pérdida sobrevenida del objeto por derogación del marco legal sustantivo.
En este sentido, el magistrado defiende que hay interés legítimo «suficiente» por parte del Consistorio alcorconero para la defensa del derecho a la salud de los mayores de los centros ahí ubicados y, por tanto, para exigir su cumplimiento al titular de la competencia.
