El Govern ha aprobado este martes abrir un expediente sancionador al exconseller de Acción Exterior Alfred Bosch por su gestión de los casos de presunto acoso sexual en su departamento por parte del que fue su jefe de gabinete Carles Garcias y por la que dimitió.
En rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que se ha tomado esta decisión por una «presunta infracción de los principios éticos y de las normas de conducta» de los altos cargos de la Generalitat, y que ahora se seguirá la instrucción interna de este expediente, en la que los afectados podrán declarar y se decidirá si se le sanciona o no.
Budó ha señalado que la instructora se encargará del procedimiento y deberá «dirimir la existencia o no de responsabilidad por parte del exconseller al no haber activado el procotolo en caso de acoso sexual», pero ha rechazado dar más detalles sobre el contenido del expediente y las posibles sanciones porque es confidencial.
El expediente llega casi un año después de que los casos de presunto acoso trascendieran públicamente y Bosch acabara dimitiendo porque no activó los protocolos establecidos para estas cuestiones.
El Govern ha decidido abrir este expediente después de recibir tres informes diferentes: en agosto Función Pública –depende de la Conselleria de Políticas Digitales encabezada por Junts– elaboró un informe recomendando sancionar a Bosch, y el Ejecutivo pidió otro informe al Comité Asesor de Ética Pública –integrado por una mayoría de cargos de ERC–.
En diciembre, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, pidió un tercer informe a los servicios jurídicos de la Generalitat y, una vez conocido su contenido, este martes el Ejecutivo ha decidido abrir el expediente.
Considera que, pese a que los dos últimos informes no eran preceptivos, eran necesarios para tener el máximo de información posible: «Pese a que haya retrasado la decisión final, pedir más información para poder tomar una decisión de un tema tan relevante como este no es sobrante».
Preguntada por si el Govern debe hacer autocrítica por haberse retrasado la decisión, Budó ha contestado que a todos les gustaría que la administración funcionara con más celeridad, pero ha puesto en valor que finalmente se haya abierto un expediente, «más allá de los plazos en los que se haya producido».
