El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación del indulto solicitado por el denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, condenado por los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005) a cuatro años y nueve meses de prisión, y ha pedido al Tribunal Supremo y a la Fiscalía que informen al respecto de la concesión de esta medida de gracia, según han informado fuentes jurídicas.
La defensa de Peñas presentó, tras conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de octubre, una petición de indulto total, y subsidiariamente parcial para sustituir la inhabilitación absoluta por la especial, para conmutar la pena.
El caso Gürtel se inició a raíz de la denuncia que presentó el exconcejal de Majadahonda –que no ha entrado en prisión tras la sentencia del Supremo–, junto a su abogado, Ángel Galindo, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en noviembre de 2007 y que se amplió en mayo de 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas aportó más de 80 horas de grabaciones de las conversaciones que mantuvo a lo largo de dos años con los cabecillas de la trama.
Para valorar la solicitud de indulto, el expediente debe contar con el informe del tribunal sentenciador y del Ministerio Público sobre su postura acerca de la concesión de la medida de gracia. Estos informes, que no cuentan con un plazo legal para su emisión, son preceptivos pero no vinculantes, ya que la última palabra la tiene el Gobierno.
Previsiblemente la Fiscalía informará a favor, ya que Anticorrupción ya adelantó en mayo de 2018, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de la trama Gürtel, que en caso de solicitud de indulto se mostrarían de acuerdo con su concesión.
EL SUPREMO AVALÓ LAS GRABACIONES
En cuanto al Tribunal Supremo, no se conoce la postura que manifestará en su informe, pero en su sentencia –que confirmó la de la Audiencia Nacional– avaló las grabaciones que hizo Peñas y aseguró que no lesionó ningún derecho de las personas que fueron grabadas.
Así lo dijo también cuando ratificó en 2018 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por los amaños en la contratación de las empresas de la Gürtel para el montaje del stand institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
Varias defensas han intentado anular la validez de estas cintas alegando vulneración de derechos fundamentales. El alto tribunal ha concluido que los encuentros fueron «libres y espontáneos» y que el exconcejal de Majadahonda fue el que decidió ‘motu proprio’ grabar las conversaciones, incluidas sus propias manifestaciones, sin seguir las indicaciones de la policía o institución pública de investigación.
