La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Audiencia Provincial que ratifique la decisión del juez del caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, de archivar la investigación sobre las obras de la nueva sede de Podemos, contestando así al recurso presentado por una de las acusaciones populares, que pedía reactivar este asunto.
Frente al recurso de apelación de Prolege, el Ministerio Público ha pedido confirmar el auto del 12 de enero por el que Escalonilla acordó el sobreseimiento provisional de esta parte del caso ‘Neurona’, donde buscaba una explicación a la diferencia entre los 649.000 euros por los que se licitaron las obras y los más de 1,3 millones de euros que finalmente costaron.
El juez entendió que no estaba acreditado que se hubiera producido «una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid para pagos u obras ajenas», atribuyendo este baile de cifras a una estimación a la baja en el momento inicial para pagar menos tasas municipales.
La Fiscalía madrileña coincide igualmente en que no existe «ningún indicio» sobre la existencia de un delito de administración desleal ni de falsedad documental. A su juicio, los testigos interrogados «han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras».
Sobre el delito de administración desleal, ha recordado que el tipo penal exige que haya un daño patrimonial que, según afirma, no se habría producido. «Más aun, el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo, y que se realizaron pocas mejoras», ha enfatizado.
LA ACTUACIÓN PROCESAL DE PROLEGE
Por otro lado, el Ministerio Público ha llamado la atención sobre la actuación procesal de Prolege, ya que le parece extraño que siendo acusación popular «vele por los intereses del propio partido, al considerarlo como perjudicado en su patrimonio, cuando ni el propio perjudicado se considera como tal».
También se ha pronunciado sobre la petición de un informe pericial para intentar acreditar la existencia del delito de administración desleal a fin de determinar si los precios se ajustaban a las condiciones del mercado.
Para el Ministerio Fiscal, «la diligencia solicitada no tiene más objeto que mantener la investigación en relación a estos hechos, y ello por cuanto supone la existencia de una confabulación entre el partido político, los gerentes, el arquitecto y los contratistas para fijar un precio superior al de mercado, cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que los precios eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados».
CASO ‘NEURONA’ Y OTRAS DERIVADAS
En estos momentos, las pesquisas se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.
Desde diciembre de 2019, cuando se presentó la denuncia de la que partió el caso ‘Neurona’, el juez ha archivado varias líneas de investigación. En octubre, cerró las pesquisas sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos por considerar normal que fueran a parar a «fundaciones o movimientos cercanos al partido». Sin embargo, tras un recurso de Prolege y Vox, la Audiencia Provincial ordenó en febrero seguir investigando la llamada ‘Caja B’.
Ahora, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.
