Vox quiere la suspensión de todo tipo de ayudas o subvenciones a aquellas entidades islámicas inmersas en algún tipo de investigación judicial por la financiación de actividades terroristas; además de la retirada de la nacionalidad a los condenados.
El partido liderado por Santiago Abascal ha hecho esta exigencia tras la detención la pasada semana del presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi, en el marco de una operación antiterrorista relacionada con el envío de fondos a Siria y otras zonas de conflicto para sufragar presuntamente acciones armadas de grupos supuestamente radicales.
En rueda de prensa, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha defendido la necesidad de evitar que el dinero de los españoles pueda contribuir a la financiación de actividades terroristas, por lo que ha exigido la suspensión de forma cautelar de todas las subvenciones que puedan recibir las entidades inmersas en procesos judiciales.
Pero además, Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a modificar la legislación para poder retirar la nacional española a quien haya sido condenado por delitos de terrorismo, contra el orden público, delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional y delitos contra la Comunidad Internacional.
EJEMPLO DE FRANCIA, ALEMANIA O BÉLGICA
En su iniciativa, Vox sostiene que la nacionalidad no es únicamente un estado civil, sino que supone un vínculo político «con interés público y general» de manera que el nacional tiene una serie de «obligaciones para con el Estado».
Así, analiza la incidencia del terrorismo yihadista en Europa y repasa los casos de Alemania, Francia o Bélgica, donde se impulsaron iniciativas similares a la que propone Vox para retirar la nacionalidad a condenados por terrorismo.
