El empresario y presidente de la Asociación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez García, ha negado este martes en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ haber donado a la formación política dinero, tal y como aparece en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.
Sánchez, que ha comparecido como testigo, ha afirmado que ha acudido en varias ocasiones a la sede del PP pero siempre bajo la premisa de buscar beneficios para la asociación que preside desde hace dos décadas. En este sentido, ha explicado que se acercaba hasta allí para visitar a Julio Sánchez Fierro, quien fuera responsable de temas sociales en el partido, y que en una ocasión les presentó al entonces tesorero ‘popular’ Álvaro Lapuerta y al gerente Luis Bárcenas.
No obstante, ha asegurado que esta fue la única vez que trató con los responsables de la Tesorería del PP y que nunca fue hasta la calle Génova de Madrid –donde se encuentra la sede de los ‘populares’– para hacer una donación, sino para «solicitar beneficios para las personas que tartamudeamos en España».
«He ido diferentes partidos nacionales y autonómicos a pedir ayuda de nuestra fundación (…) y no he ido a esas sedes a otra cosa que no fuera esa», ha indicado Sánchez, desmintiendo así parte de la versión del extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, que en su declaración como acusado en este juicio apuntó que Sánchez aportó dinero al partido para que le ayudasen con medidas legales.
De hecho, el presidente de la Asociación de la Tartamudez ha subrayado que muestra de que se ha reunido con dirigentes políticos de distintos signos políticos con el objetivo de buscar ayuda para su organización es que ha sido «fotografiado» tanto con presidentes del Gobierno pertenecientes al PP como del PSOE, mencionando expresamente a José María Aznar y a José Luis Rodríguez Zapatero.
Por ello, no ha dado credibilidad a los apuntes que reflejó Bárcenas en los documentos en los que llevaba la contabilidad opaca del PP en los que aparece un pago de 10.000 euros de ‘Adolfo S.’ o a otras ocho aportaciones por un total de 98.000 euros.
Preguntado si estos pagos se pudieron hacer como apoderado de dos constructoras o como miembro de la Asociación Española de Empresas Regionales de Obra Pública (Aerco), el testigo también ha negado esta posibilidad y ha explicado que las veces que ha mantenido reuniones con altos cargos de un dirigente político como el ministro de Fomento ha sido siempre con la «Junta directiva» de la empresa.
En línea con este punto, Sánchez ha precisado que las adjudicaciones que consiguió las empresas que representaba fue siempre porque su oferta ganaba los concursos.
En la sesión de este martes también han declarado dos asesores fiscales de Unifica que han confirmado que la empresa de arquitectos dirigida por los acusados Gonzalo Urquijo y Belén García no cambió en ningún momento el criterio de imputación temporal de los ingresos. La Agencia Tributaria considera que la sociedad defraudó a la Hacienda Pública porque parte de los ingresos que tributó en 2008 correspondían al ejercicio anterior.
DOS CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE INGRESOS
Según han señalado los asesores Pedro Hammer y José María García-Ogara existen dos tipos de criterios contables «legales» para imputar ingresos: según el desarrollo de la obra o del contrato finalizado. Los testigos han indicado que Unifica «siempre» ha utilizado la segunda modalidad, basada en emitir factura una vez se conoce la certificación final.
En este sentido, Hammer ha destacado que Unifica comenzó a ser inspeccionada por la Agencia Tributaria en el verano de 2012, casi un año antes de que fuera investigada en el marco de este procedimiento judicial, y que no fueron advertidos de que el sistema de imputación empleado era erróneo. Lo mismo ha manifestado su compañero, García-Ogara, que ha añadido que «la periodificación no se cuestiona en ningún momento» hasta el año 2015 en un informe emitido por Hacienda.
«Me consta que todas las facturas emitidas por la sociedad han sido debidamente contabilizadas y declaradas en su momento en el Impuesto de Sociedades. Si hubiese visto algo que no me cuadrara, hubiera pedido la regularización de ese ingreso o por ética profesional hubiese tenido que dejar de trabajar ahí», ha defendido Hammer.
Preguntados por la regularización en 2012 que hicieron los propietarios de Unifica, los asesores fiscales han dicho que ignoran la procedencia del dinero. Urquijo y García disponían de cuentas en el extranjero que declararon en dicho año, acogiéndose a la amnistía fiscal impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, si bien tampoco ninguno de los dos acusados aclararon el origen de este patrimonio durante sus declaraciones en esta vista oral.
COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA CON LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’
También ha comparecido como testigo Mercedes Bravo Osorio, socia de un despacho de abogados que trabaja para Unifica. Ha relatado ante el tribunal que se reunió con Urquijo en julio de 2013 cuando éste conoció por la prensa que su nombre aparece en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.
Según ha dicho, estuvieron cotejando «mucha documentación» relativa a las obras de la sede del PP que Urquijo llevó en una «carpeta de anillas» para tratar de encontrar alguna explicación a las cantidades que aparecieron publicadas. Así, tras analizar los documentos llegaron a la conclusión de que algunos «pagos o cheques» podían cuadrar con las cantidades apuntadas por Bárcenas, mientras que para otras anotaciones no hallaron respuesta.
Por último, también han testificado Javier Oñate, empresario dedicado a mobiliario de oficina; y César Maicas Sacristán, extrabajador del PP, encargado de los servicios audiovisuales del partido.
Oñate ha afirmado que trabajó para Unifica en las obras del PP, y ha señalado que los presupuestos y facturas se emitieron por «fases», ya que la reforma de la sede se fue haciendo por plantas. En cuanto a Maicas, ha precisado que tan sólo participó en reuniones relacionadas con la remodelación del edificio de la calle Génova cuando había que tratar a alguna cuestión técnica que afectara a actos y eventos del partido.
En este sentido, ha afirmado que nunca trató estos asuntos con Bárcenas, a quien ha definido como una persona «hermética», sino con el gerente del PP Cristóbal Páez –también acusado– o el exjefe de Seguridad Antonio de la Fuente, que también se encargó de gestionar la reforma de la sede, y en ningún caso para discutir cuestiones presupuestarias o económicas.
EN CUARENTENA, EL ABOGADO DE UNA DE LAS ACUSACIONES POPULARES
La vista oral ha comenzado con la comunicación del presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, de que el despacho del abogado Gonzalo Boye, que ejerce la acusación popular Observatori Desc, se encuentra en cuarentena por un positivo en Covid-19.
Fuentes jurídicas han informado que el letrado ha dado negativo, si bien la acusación popular ha estado representada de forma telemática por una de las abogadas de su despacho.
