Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han enviado una carta conjunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para expresarle su «profundo malestar» por el «trato insensible» que –según afirman– han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una «escucha activa», amenazando con buscar «fórmulas alternativas» de comunicación con el Ministerio.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han reaccionado de cara a la reunión prevista para el viernes en el Ministerio con el objetivo de avanzar en el contenido de la ley de eficiencia organizativa.
Justicia hizo la convocatoria el pasado 16 de abril, indicando a las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que en unos días les enviaría la documentación pertinente, que ha resultado ser el anteproyecto de la ley de eficiencia organizativa aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que recibieron ese mismo día.
«Se supone que esa reunión se convoca con la finalidad de avanzar en su contenido, fomentando nuestra participación en el texto (…) pero la realidad no es esa», han dicho, cuestionando el objeto de dicha reunión, «más allá de cubrir el expediente administrativo y justificar ante la opinión pública la existencia de participación por parte de los colectivos afectados por la norma».
UN ‘MODUS OPERANDI’
Para CNLAJ, UPSJ y AINLAJ, es «el colmo». Se han quejado de que, a pesar de que al llegar Campo al cargo se les transmitió la idea de que habría reuniones para conseguir consensos en las cuestiones relativas a los LAJ y para lograr un mejor servicio de justicia, el Ministerio se habría limitado a informar de unos aspectos y omitir otros para iniciar después «una rueda de intervenciones formales que no se traducen en debate constructivo alguno».
«Y se hace ya rutina que nunca tengamos posterior conocimiento de si se incorpora alguna de las aportaciones realizadas por nuestras asociaciones a los textos producidos en su Ministerio», han recriminado a Campo en la misiva, difundida por Twitter.
Así, han considerado que se les dispensa «un trato insensible, que no pasa de un trámite formal para no incumplir lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la participación asociativa».
Además, han reprochado a Justicia que «supone, por un lado, un grave menosprecio al colectivo». «Es evidente que nuestras consideraciones no se tendrán en cuenta, como nos demuestran absolutamente en todos los casos», han apostillado.
Y, por otro, implica menospreciar «la inteligencia natural de cualquier ciudadano que fácilmente deducirá la percepción que tienen respecto al único cuerpo superior hoy dependiente de su Ministerio», han añadido.
«Aún más grave», han subrayado, «hurta a la ciudadanía la garantía que representa una justicia moderna y eficaz con las aportaciones independientes y expertas de quienes la dirigen y gestionan día a día».
AMENAZAN CON UNA NUEVA RELACIÓN
Por todo ello, han expresado su «profundo malestar» con la forma de comportarse del Ministerio, «hasta ahora desconocida, pues ningún equipo anterior ha actuado de este modo», y han pedido a Campo «un compromiso con la justicia, una escucha activa y un verdadero afán de mejora del servicio público».
De lo contrario, han avisado, «tendremos que optar por fórmulas alternativas de relación con el Ministerio que tiene el honor de dirigir, al menos mientras persistan en esa actitud».
