El informe que señala a Gustavo Petro por avalar el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela

El Centro Miranda para la Democracia atribuye al presidente colombiano un 'blanqueamiento' del régimen venezolano tras el 28-J. El debate sobre las actas vuelve a situar a Madrid en el centro de la política europea hacia Caracas.

Un informe acusa a Gustavo Petro de sostener con su silencio el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. Detrás de esas páginas hay 55 horas de espera y una abstención en la OEA. Y, de fondo, una pregunta que también afecta a España.

El documento, difundido por la cadena mexicana TV Azteca, describe un patrón al que pone nombre: blanqueamiento, es decir, el conjunto de gestos y silencios que rebajan el desgaste internacional de un régimen cuestionado. El informe del Centro Miranda identifica tres motores en la conducta del presidente colombiano. “Después del 28 de julio de 2024, los llamados a la mediación y al diálogo acompañaron decisiones que redujeron el coste internacional del fraude electoral”, sostiene el texto.

Hay un primer motor: la afinidad ideológica. Petro alegó que las sanciones de Estados Unidos y la crisis económica dejaban “poco espacio para reconocer la responsabilidad de las autoridades venezolanas”. El segundo es la paz total, la política con la que Bogotá negocia con guerrillas como el ELN y en la que Venezuela ejerce de facilitadora. Enfrentarse a Caracas habría comprometido una de las grandes apuestas internas del Gobierno colombiano.

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El tercero es la energía. Bogotá frenó nuevos contratos de exploración y respaldó la importación y producción conjunta de gas en alianza entre Ecopetrol y PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La dependencia mutua terminó funcionando como palanca política para el régimen de Maduro.

La cronología del silencio explica el resto. Petro tardó unas 55 horas en pronunciarse sobre los resultados y, cuando lo hizo, no reclamó las actas: pidió diálogo. Nunca reconoció los documentos que la oposición recogió y que daban la victoria a Edmundo González Urrutia.

Su Ejecutivo se abstuvo además en la resolución de la Organización de los Estados Americanos que exigía publicar esas actas. Y, aunque anunció que no acudiría a la toma de posesión de enero de 2025, envió a su embajador a la ceremonia. El contraste con 2019 resulta incómodo: entonces, trece países del Grupo de Lima desconocieron el mandato de Maduro y reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado.

Cada llamada a la mediación que sustituye a la exigencia de las actas acaba abaratando el precio internacional del fraude.

Qué se juega España con la posición hacia Caracas

Aquí entra España, y no como espectadora. El Gobierno español no reconoció el triunfo de Maduro en 2024 y exigió la publicación de las actas. Pero el Ejecutivo se quedó en ese punto: no reconoció formalmente a Edmundo González como presidente electo. Lo hizo el Congreso de los Diputados en septiembre de 2024, con una proposición no de ley sin efectos jurídicos.

Centro Miranda para la Democracia

La diferencia entre ambos gestos no es semántica. La colonia venezolana en España es una de las más numerosas de Europa y buena parte de ella llegó en las dos últimas décadas. Buena parte de la oposición venezolana tiene su referencia en Madrid desde que Edmundo González recibiera asilo en septiembre de 2024. Eso convierte cada decisión sobre Caracas en un asunto de política interior española.

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Están también los intereses económicos. Repsol mantiene desde hace décadas participaciones en empresas mixtas con PDVSA; Iberia vuela a Caracas; Meliá gestiona hoteles en la capital y en la isla de Margarita. Cada vez que Washington mueve ficha, esas filiales revisan contratos, seguros y licencias, porque las autorizaciones de la OFAC —la oficina de sanciones del Tesoro estadounidense— alcanzan también a las compañías europeas que operan en el país.

La relación bilateral ya pasó por una prueba dura en septiembre de 2024, con la retención en Venezuela de dos ciudadanos españoles y un cruce de acusaciones que colocó a la diplomacia española en terreno minado. El consulado se convirtió en el único canal fiable.

El precedente de 2019 y lo que conviene vigilar

España ya recorrió este camino una vez. En febrero de 2019, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, el Gobierno español reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y dio un plazo a Maduro para convocar elecciones. El gesto tuvo recorrido corto: en enero de 2021, la Unión Europea dejó de tratar a Guaidó como presidente y lo situó como interlocutor privilegiado. El desconocimiento del régimen siguió intacto; la presión, deshilachada.

El informe del Centro Miranda añade una capa distinta al debate. La comparación con el Grupo de Lima no mide quién fue más contundente, sino qué quedó después: una secuencia de gestos que no llegó a ruptura y que abarató el coste del fraude. España ocupa ese espacio intermedio con una posición que media Europa ha copiado: no reconocer al fraudulento, pero tampoco reconocer al ganador desde el Ejecutivo.

Conviene seguir tres cosas en los próximos meses. La primera, qué hace la Unión Europea con su marco sancionador hacia Caracas. La segunda, si el informe entra en el debate parlamentario en Madrid con la misma fuerza con que ha entrado en Colombia. La tercera, si las empresas españolas con presencia en Venezuela reciben nuevas señales de Bruselas y de Washington. Nada de eso se decide en Caracas.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Un informe del Centro Miranda para la Democracia sitúa a Gustavo Petro como actor clave en el blanqueamiento internacional del fraude electoral de Nicolás Maduro.
  • Datos importantes: 55 horas de silencio, abstención en la resolución de la OEA, embajador enviado a la toma de posesión de enero de 2025 y una agenda energética con PDVSA de por medio.
  • Resumen: Para España, el informe reabre el dilema entre denunciar el fraude y sostener un canal con Caracas, con Repsol, Iberia y Meliá en juego.
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