El SUP reclama a la Fiscalía General del Estado paralizar la restricción del espray de defensa personal decretada por el Ministerio del Interior.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha registrado escritos urgentes para paralizar la restricción del espray de defensa personal de la Policía Nacional.
- ¿Dónde y cuándo? Ante la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía, el lunes 16 de noviembre de 2026.
- ¿Qué reclama? Instrucciones claras y por escrito sobre el uso de medios de defensa, frente a lo que considera «improvisación» del Ministerio del Interior.
Escritos urgentes ante la Fiscalía y exigencia de instrucciones claras
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de las organizaciones con representación en la Policía Nacional, ha registrado escritos urgentes ante tres instancias: la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía. El objetivo es doble: que el ministerio público se pronuncie sobre el alcance de la medida y que el Ministerio del Interior fije por escrito los criterios de uso de los medios de defensa.
En el texto, el sindicato denuncia la «improvisación del Ministerio del Interior» y advierte de que la decisión deja a los agentes en una «situación de incertidumbre». La organización sostiene que un cambio de esta naturaleza no puede comunicarse sin una norma previa, publicada y homogénea para todas las plantillas.
El SUP exige la paralización de la restricción y reclama instrucciones claras que permitan al agente saber cuándo, cómo y con qué límites puede emplear cada dispositivo. Sin criterios escritos, añade, cada jefatura acaba interpretando la instrucción a su manera.
La queja sindical es también de seguridad jurídica. Un agente que emplea un medio no contemplado en la instrucción vigente asume un riesgo disciplinario que la organización considera desproporcionado, y esa exposición acaba pesando en la respuesta operativa del día a día.
El veto al espray y la autorización de lacrimógenos
La restricción se adoptó el viernes 13 de noviembre. Según el relato del sindicato, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska vetó el uso de los esprays de defensa personal pero mantuvo la autorización de los artificios lacrimógenos, una decisión que se produjo como consecuencia de las cargas registradas durante la jornada de huelga general.
El SUP reclama criterios escritos y homogéneos: la seguridad jurídica del agente es también la garantía del ciudadano ante cualquier intervención policial.
El espray de defensa personal es el dispositivo de contención intermedio que se emplea antes de recurrir a la fuerza física o a otros medios. Su retirada operativa deja al agente ante una disyuntiva práctica: responder con herramientas de mayor contundencia o afrontar la intervención sin un escalón intermedio de disuasión.
El Ministerio del Interior deberá responder ahora a las tres instancias y justificar los criterios técnicos de la medida. La vía de la Fiscalía General del Estado no suspende por sí misma la instrucción, pero un pronunciamiento del ministerio público obligaría al departamento a reescribir el marco de uso de la fuerza en plazos breves.
El Contexto Operativo
La polémica llega en un contexto de presión creciente sobre el uso de la fuerza en la calle. El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior recoge cada año los datos de atentados y agresiones contra agentes de la autoridad, la serie con la que el departamento dimensiona el riesgo del servicio y justifica las dotaciones. La discusión sobre el espray no es menor: se trata del primer escalón del uso proporcionado de la fuerza.
Los datos globales sostienen la posición institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los balances comparados de Eurostat y del Ministerio del Interior sitúan a España entre los países de la Unión Europea con menor tasa de criminalidad, con una Policía Nacional que mantiene altos índices de esclarecimiento en delincuencia grave y crimen organizado. Ese rendimiento se apoya en protocolos homogéneos de uso de la fuerza, exactamente el terreno que el sindicato reclama ahora por escrito.
El calendario institucional queda abierto. Si la Fiscalía admite los escritos y solicita informe a la Secretaría de Estado de Seguridad, el departamento tendrá que detallar el encaje de la nueva instrucción en la normativa de seguridad ciudadana. La respuesta que llegue a la Dirección General de la Policía marcará la dotación con la que trabajarán las plantillas en los próximos meses, y con ella la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

