El TSJ de Cataluña declara improcedente, en la sentencia 3583/2026, el despido de una trabajadora a la que el INSS no notificó el alta médica.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña estima en parte el recurso de suplicación, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona y declara improcedente el despido (sentencia 3583/2026).
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores y doctrina sobre el deber de información del organismo gestor: la ausencia solo es sancionable si la trabajadora conocía la extinción de la incapacidad temporal.
- ¿Qué impacto tiene? La empresa debe optar entre la readmisión o el abono de 2.123 euros, sin imposición de costas; el fallo refuerza la carga de acreditar el alta médica en los despidos por absentismo.
Los antecedentes: incapacidad temporal, alta del INSS y despido disciplinario
La relación laboral se inició en abril de 2018 con la mercantil Comercial Turística S.L., con categoría profesional A y un salario bruto mensual de 1.873 euros. En agosto de 2023 la trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal que se prolongó hasta el 17 de junio de 2024, fecha en la que el INSS dictó el alta médica por incomparecencia de la actora a la revisión médica convocada.
El alta se comunicó a la empresa, pero no a la trabajadora. Sobre esa asimetría informativa se construye todo el litigio. La empleadora remitió un burofax el 25 de junio de 2024 requiriendo la justificación de las ausencias correspondientes a cinco días laborables consecutivos, y un segundo burofax el 1 de julio apercibiéndole de despido disciplinario si no reanudaba su puesto. El despido se formalizó el 4 de julio de 2024.
La trabajadora impugnó la decisión ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona, que desestimó íntegramente la demanda al considerar procedente el despido por absentismo injustificado. Frente a esa resolución interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, que resolvió con ponencia del magistrado Adolfo Matías Colino Rey y con los magistrados Gregorio Ruiz Ruiz y Salvador Salas Almirall como integrantes del tribunal.
El recurso planteó, en primer término, la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de salud. La Sala rechaza ese motivo: no aprecia conexión entre la medida disciplinaria y el derecho fundamental invocado, y recuerda que la ausencia prolongada del puesto constituye, en abstracto, un incumplimiento contractual grave encuadrable en el artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores.
La ausencia solo resulta sancionable cuando la trabajadora conoce la extinción de la incapacidad temporal; la notificación del alta médica opera como presupuesto de la sanción.
El fallo: improcedencia, opción de readmisión e indemnización
Descartada la discriminación, el tribunal concentra el análisis en el momento en que la empleadora adoptó la decisión extintiva. La sentencia subraya que la empresa acordó el despido antes de que se notificara a la trabajadora la resolución que ponía fin a la incapacidad temporal. Y añade un dato acreditado en el relato fáctico: el 28 de junio de 2024 la actora remitió un burofax a la empresa en el que manifestaba no haber recibido comunicación alguna sobre el alta médica.
De ambos elementos se extrae la conclusión jurídica central. En la fecha del despido la trabajadora no había incurrido en ninguna ausencia injustificada, porque el deber de reincorporación no había nacido al no haberse producido la notificación del INSS. La falta de comunicación del organismo gestor no puede trasladarse a la esfera de responsabilidad de la empleada. El fallo es estimatorio en parte: revoca la sentencia de instancia y declara la improcedencia.
La consecuencia procesal es la del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores: la empresa puede optar entre la readmisión de la trabajadora o el abono de una indemnización de 2.123 euros fijada en el fallo. La sentencia no impone costas a ninguna de las partes.

La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida una regla de interpretación precisa sobre el despido por absentismo: la falta de asistencia derivada de una incapacidad temporal extinguida solo adquiere relevancia disciplinaria cuando el trabajador ha tenido conocimiento efectivo del alta. No se trata de una exigencia formal, sino de un presupuesto de imputabilidad. Sin notificación no hay deber de reincorporación, y sin deber de reincorporación no hay incumplimiento sancionable.
La base jurídica se articula sobre el artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores, que exige que las faltas de asistencia sean injustificadas, y sobre el artículo 20.3 del mismo texto legal, que somete el poder disciplinario a los límites de la buena fe y de la diligencia exigible. El método interpretativo es teleológico: el tribunal atiende a la finalidad de la norma, que no es otra que sancionar la voluntad de no trabajar, y no la consecuencia de un defecto de comunicación administrativa. La disciplina del artículo 108.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social obliga además a resolver sobre la procedencia o improcedencia sin calificación intermedia, lo que explica que la estimación sea parcial.
El impacto jurisprudencial es doble. De un lado, refuerza la doctrina que sitúa en el empresario la carga de acreditar que el trabajador conocía el alta médica antes de despedir. De otro, delimita el alcance de la discriminación por razón de salud: el tribunal admite que una ausencia de diez días podría justificar el despido disciplinario, pero descarta móvil discriminatorio cuando el relato fáctico no evidencia conexión entre la enfermedad y la decisión extintiva.
Para los despachos que litigan en materia de despido por absentismo, la consecuencia práctica es clara: el burofax de requerimiento no sustituye la comunicación del INSS. La proyección procesal del fallo se limita al recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que exigiría contradicción con una sentencia de otra sala de lo social; mientras no se produzca, la doctrina del TSJ de Cataluña opera como criterio de referencia en el ámbito de su competencia.
FICHA DEL CASO
- El caso: Procedimiento por despido disciplinario seguido ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona y, en suplicación, ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, sobre ausencias al puesto tras un alta médica no notificada a la trabajadora.
- Datos importantes: Sentencia 3583/2026; artículos 54.2.a) y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores; artículo 108.1 de la LRJS; indemnización de 2.123 euros; sin imposición de costas. No consta voto particular en el texto disponible.
- Fecha de los juicios: Despido notificado el 4 de julio de 2024; sentencia de instancia del Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona sin fecha en el texto disponible; sentencia de suplicación 3583/2026, dictada en el curso de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. Litigio laboral entre una trabajadora y la mercantil Comercial Turística S.L., sin acusación penal.
