La Comunitat Valenciana encara el 29-N con 65.000 millones de deuda y un modelo de financiación caducado desde 2014.
Doce años después de su última prórroga, la legislatura se ha agotado sin que el Congreso haya renovado el sistema de financiación autonómica. Y lo ha hecho en plena campaña, cuando el debate público lo copan la vivienda, las pensiones y los golpes de efecto digitales. La infrafinanciación valenciana no ha entrado en ese ring. No es rentable electoralmente. Ese es el resumen de por qué sigue sin resolverse.
Un modelo caducado desde 2014 y una deuda que no deja de crecer
El sistema vigente expiró en 2014 y su sustitución exige un acuerdo político que nadie ha querido cerrar. Pedro Sánchez lo puso sobre la mesa forzado por ERC: una financiación singular para Catalunya que, de paso, abría la puerta a Valencia, Baleares, Murcia y Andalucía. Las cuatro, curiosamente, bañadas por el Mediterráneo y con el mismo patrón: la población crece más rápido que los recursos. La propuesta incluía una condonación de deuda que habría aliviado un lastre anual enorme.
La urgencia, eso sí, no es la misma en todas partes. En Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares el detonante es el aumento de población de los últimos cinco años. En Galicia, Asturias, Castilla y León o La Rioja, el envejecimiento y la despoblación han reconfigurado la demanda de servicios. Las cifras no cierran igual para todos. Y ahí empieza el problema político.
Los números explican el resto. Catalunya acumula 93.000 millones de deuda autonómica; la Comunitat Valenciana, 65.000. Son la primera y la segunda de España. Ambas dependen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para pagar parte de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Tanta es la dependencia que la autonomía funciona, de facto, tutelada por el Estado. El IVIE y Fedea califican la situación de insostenible.
El PP, Ayuso y el dilema de las comunidades que no quieren cambiar nada

El PP rechazó de plano la propuesta del Gobierno: ni modelo nuevo ni quita de deuda. El partido de Alberto Núñez Feijóo afronta un dilema interno de primer orden, porque gobierna la mayoría de las autonomías y varias de ellas no quieren mover el statu quo. Isabel Díaz Ayuso es la resistencia más visible: Madrid no necesita un reparto renovado porque la capitalidad le da recursos que las periferias no tienen. La consecuencia es que Feijóo habla de nueva financiación sin concretar, a la espera de una negociación conjunta.
Un modelo caducado desde 2014 no es un problema técnico: es una decisión política que se prorroga cada año por omisión.
Su programa recoge, eso sí, una petición que Valencia lleva años repitiendo: un fondo de compensación anual para las autonomías peor financiadas hasta que se pacte el modelo definitivo. El partido lo ha bautizado como Fondo de Liquidez Autonómica. Para el Consell es mejor que nada; para los expertos, una solución a medias que no corrige la raíz del desequilibrio.
El PSOE, consciente de que la financiación ha sido uno de sus grandes fracasos de la legislatura, vuelve a poner sobre el papel los 21.000 millones adicionales del pacto inacabado con ERC. Pero Sánchez no ha levantado la bandera de la infrafinanciación en ningún acto de campaña. En el bloque de la izquierda solo Compromís ha convertido el agravio fiscal en eje central de su discurso. El PNV entiende que el asunto no va con ellos y Junts no muestra urgencia, salvo para salir del régimen común.
Con el 29-N, el contador vuelve a cero. Si el PP llega a la Moncloa con Vox, resulta difícil imaginar a Feijóo pactando un modelo con socios que plantean desmantelar el Estado autonómico. Si repite Sánchez, el contexto será aún más complejo. Nadie lo reclama con la fuerza suficiente. Y la financiación, mientras tanto, sigue fuera de foco.
El Escenario Valenciano
En Valencia, el mapa político añade una capa a la aritmética. El Consell de Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre PP y Vox, exige un modelo nuevo y una quita de deuda que su propio partido rechazó en Madrid. Es una contradicción que se sostiene porque nadie la lleva al cuerpo a cuerpo. El PSPV reclama la condonación que su partido negoció en el Congreso y Compromís ha convertido el agravio fiscal en el eje de su campaña para el 29-N. La Generalitat insiste en que sin financiación no hay margen para sostener los servicios públicos al ritmo de crecimiento demográfico.
En clave estatal, la paradoja es que el PP gobierna la mayoría de las autonomías y a la vez es el principal obstáculo para cambiar un reparto que perjudica a varias de las suyas. El PSOE, que prometió el nuevo modelo y no lo cerró, llega a las urnas sin haberlo puesto en el centro. El FLA, ideado como instrumento temporal, se ha convertido en línea estructural de los presupuestos autonómicos, y la deuda valenciana ya es la segunda del país. La proyección es sencilla: la próxima legislatura arrancará con el mismo texto caducado y una deuda que no espera.
Ficha del Caso
- El caso: La legislatura termina sin renovar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. La Comunitat Valenciana sigue entre las autonomías peor financiadas y dependen del Estado para cubrir servicios básicos.
- Datos importantes: 65.000 millones de deuda valenciana, la segunda de España tras los 93.000 de Catalunya. El PSOE ofrece 21.000 millones adicionales que no llegaron a pactarse; el PP propone un fondo de compensación anual. Elecciones el 29-N.
- Resumen: Sin modelo nuevo ni condonación, el próximo gobierno autonómico heredará el mismo desequilibrio estructural, con la sanidad y la educación como primeras afectadas.

