Los principales líderes de Podemos en Cataluña están bajo la sombra de la sospecha por beneficiar presuntamente a entidades afines mediante el riego de subvenciones. Abogados Catalanes por la Constitución han ampliado su denuncia contra los principales responsables de la formación morada en el Ayuntamiento de Barcelona.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el resto de denunciados habría podido cometer un presunto delito de «organización criminal». La Fiscalía ya investiga la denuncia original para indagar el proceso para conceder 3,4 millones a entidades afines a los de la regidora, y otros cargos, como Jaume Asens y Gerardo Pisarello. El dinero fue destinado a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingenieros sin Fronteras (ESF) y el Observatorio Desc, entre otras entidades.
Estos abogados consideran que este delito se enmarca dentro de las pesquisas. De hecho, «esperamos que el Ayuntamiento pueda responder nuestras preguntas», han indicado las fuentes de Abogados por la Constitución consultadas por MONCLOA.com, que ha tenido acceso a la denuncia.
La investigación trata de averiguar por qué el Ayuntamiento dio directamente subvenciones a estas entidades sin realizar el preceptivo concurso. Y es que, algunos de los líderes de Podemos en Cataluña habían trabajado o tenían vinculación con las mismas.
TUMBA LA PRINCIPAL DEFENSA DE ADA COLAU SOBRE DESC
Cada uno de los denunciados tendría un papel relevante y bien definido dentro de esta supuesta trama. Hasta ahora Colau había argumentado que estas subvenciones ya venían de la época de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona y uno de los hombres más fuertes de la extinta CiU. Según el escrito, Trias dio estas ayudas puntuales al Observatorio Desc, pero el equipo de Colau las continuó de forma periódica, sin concurso ni dando la oportunidad a terceros para acceder al reparto.
«Ante el posible argumento de los denunciados de que esta financiación de origen público pudo haber comenzado durante el mandato de Trias, esta Fiscalía habría de considerar en todo caso que esta subvención en ningún caso habría tenido el carácter de recurrente, por tratarse de la primera ayuda otorgada por el Consistorio a las Asociaciones implicadas», han señalado. Para los denunciantes, el exalcalde de Barcelona «no se encontraría en situación de deber de abstención, que obliga a autoridades y cargos públicos en la concesión de beneficios y subvenciones, al no haber tenido ninguna vinculación con el entramado asociativo referido en la denuncia presentada y en la presente ampliación».
Podríamos, presuntamente, estar ante un delito de organización criminal o grupo criminal
En la ampliación de la denuncia, se señala que Desc pasó a financiarse financiarse en gran parte con dinero público, mediante subvenciones o contratos de sus principales responsables como empleados públicos y con sueldo. «Sus ingresos provienen básicamente de subvenciones y convenios de distintas administraciones públicas, pero en particular, del Ayuntamiento de Barcelona», indica.
LA DENUNCIA APUNTA AL CÍRCULO DE CONFIANZA DE ADA COLAU
supuestamente se habrían cometido delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, creación de estructuras paralelas en el Ayuntamiento para favorecer estas entidades, a las cuales pertenecían los miembros antes de dar el salto a la política y entrar en el Consistorio y otras instituciones.
La denuncia considera que existe una red de personas «organizada, jerarquizada y cometidos concretos». La supuesta trama ha permanecido en el tiempo, con un papel adjudicado a cada uno de ellos. «Podríamos, presuntamente, estar ante un delito de organización criminal o grupo criminal», según sostiene el escrito, pero que debe ser investigado ahora por Fiscalía y, si procede, por el juez.
El Observatorio Desc ha sido una de las canteras en el equipo de Ada Colau. Hasta seis nombres reconocidos de Podemos en Cataluña han dado su salto desde esta entidad, que ha recibido cuantiosas subvenciones del Consistorio. En el escrito se responsabiliza de las supuestas subvenciones irregulares a más personas, más allá de Colau y Laura Pérez, concejal de Derechos Sociales. También se apuntaba a las exconcejales Gala Pin y Laia Ortiz.
ADA COLAU OBTUVO 63.276 EUROS DE DESC
Según la denuncia, Colau obtuvo al menos 63.276 euros del Obsevatorio Desc, con el que colaboró desde el año 2007 hasta febrero del 2015, justo hasta antes de la convocatoria electoral municipal. Su retribución tenía amparo en los ingresos provenientes de las subvenciones públicas, básicamente el Ayuntamiento de Barcelona, que pagó 46.197 euros.
Otro de los beneficiados, según la denuncia, es Gerardo Pisarello Prados, diputado y miembro de la mesa del Congreso y exteniente de alcalde entre 2015-2019. Antes de su llegada a la política era el vicepresidente de Desc. Jaume Asens también se habría beneficiado. El ahora diputaodo fue el secretario de esta entidad antes de ocupar la tenencia de alcaldía en la pasada legislatura. Como Pisarello, Asens es aforado y por tanto su causa debería llevarse por el Tribunal Supremo, previa petición a la Cámara Baja, si así lo estimara la justicia.
La ampliación de esta denuncia apunta también a la pareja de Pisarello, Vanessa Valiño. La exdirectora de Desc percibió una retribución de 37.224 euros antes de entrar en el Consistorio como asesora de Vivienda en 2015. En la actualidad continúa como asesora, jefa de gabinete, de la concejalía de Vivienda, con un sueldo de 56.714 euros, como mínimo.
EXCONCEJALES DE ADA COLAU, EN EL PUNTO DE LA INVESTIGACIÓN
Gala Pin Ferrando, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, anteriormente obtuvo en la
asociación un sueldo acumulado de 22.123 euros. Esta retribución se pagó durante dos años por trabajar a media jornada.
Otro de los miembros de Podemos denunciados es Eloi Badia, concejal desde 2015. Este miembro del círculo de confianza de Colau estuvo en ESF, una entidad beneficiaria, junto a DESC, de distintas subvenciones concedidas conjuntamente al Observatorio, ESF, y la PAH, la plataforma de Afectados por la Hipoteca que dirigía Colau antes de entrar en el Consistorio. Águeda Bañón y Silvia González, las responsables municipales de comunicación, también formaron parte del Observatorio DESC.
Carlos Matías, portavoz de la PAH fue contratado como asesor en el Ayuntamiento de Barcelona. Figura como asesor 3º de la Concejalía de Vivienda y rehabilitación con un sueldo de 56.714 euros. Además, también aparece Jordi Borja, expresidente de la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana.
LA NEGATIVA DE ADA COLAU A ABSTENERSE EN LAS SUBVENCIONES
Los denunciantes sostienen que Colau y el resto de miembros de esta presunta trama debió abstenerse en la entrega de las ayudas por su pasada vinculación con las entidades beneficiarias. Y es que, la normativa establece que los cargos públicos deben abstenerse o inhibirse en este tipo de procesos a toda las personas que mantengan un «interés personal, vínculo familiar o asimilable, amistad, haber mantenido relación de servicio o profesional en los dos últimos años» con las entidades que perciben subvenciones.
La Fiscalía tiene abierta una investigación por la denuncia inicial contra el exequipo de Gobierno de Colau y parte del actual por la concesión de presentas subvenciones irregulares. Ese escrito solo apuntaba a delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El Ministerio Público indaga el destino y el cómo llegaron 3,4 millones de euros a diferentes organizaciones que habían mantenido cargos antes de entrar en la política. Junto a la PAH, aparencen otras entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingenieros sin Fronteras (ESF) o el Observatorio DESC.
