Las Cortes de Castilla y León, con los votos favorables de PP, Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila, el voto en contra de PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita María Montero, han puesto fin al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que quedará bonificado al 99 por ciento en su totalidad para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes con la novedad de que se extenderá a miembros de uniones de hecho con convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.
Es el punto y final al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León con el que el presidente de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, ha cumplido «un compromiso político y personal» para eliminar un impuesto «profundamente injusto», según ha defendido.
En el debate de esta normativa, la portavoz de Hacienda del PSOE, Rosa Rubio, ha tildado la eliminación de este tributo como un «empeño» del PP y Ciudadanos para que «quien más tiene y más hereda pague menos», mientras que los socialistas defienden que «cada uno pague por lo que tiene y por lo que gana».
En su intervención, la procuradora socialista ha insistido en el momento «difícil y crítico» por el que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia, lo que exige que los servicios públicos «deben verse reforzados». «El modelo del PSOE es la lucha contra la pobreza que se ha visto disparada», ha señalado.
«El modelo de Mañueco es el de Madrid, gobernar para sus amigos, para sus compromisos personales y para beneficiar a unos pocos», ha señalado Rubio, quien ha insistido en que con Covid o sin Covid «los ricos siguen siendo ricos».
«Se trata de una modificación injusta y elitista, sólo beneficia a quien más tiene», ha insistido la socialista, quien ha asegurado que los argumentos para su eliminación son «cuentos y mentiras», al tiempo que ha señalado que el PP se ha visto obligado a «girar hacia la extrema derecha» para que sus amigos no paguen impuestos. «Abre las puertas al fascismo para cubrir sus compromisos personales», ha zanjado.
No obstante, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha afeado que el PSOE sí aplique bonificaciones donde gobiernan y en Castilla y León lo rechacen. Así, ha lamentado que Rubio no se haya referido a las enmiendas de su partido que llegaron vivas a Pleno. «No ha tenido la gallardía de referirse a ellas», ha señalado.
Así, ha explicado que de haberse aprobado esas enmiendas Castilla y León se habría convertido en la Comunidad en la que más se pagaría por el impuesto de sucesiones y donaciones.
«La mayoría de representantes de esta Cámara le van a decir a esa izquierda radical, hoy más radical que nunca, que no. Los ciudadanos no quieren ser más paguen», ha manifestado De la Hoz, quien ha considerado que con la aprobación de la modificación normativa se llega a un «momento histórico».
«La izquierda radical se posiciona en este debate frente a quienes humildemente representamos a los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, la izquierda desquiciada frente a quienes intentamos defender a nuestros ciudadanos, hoy los ciudadanos de Castilla y León van a comprobar como con satisfacción como la primera consecuencia de que el PSOE no encontrara a trásfugas en su moción de censura es que Castilla y León sea la Comunidad en la que menos impuesto de Sucesiones y Donaciones se pague», ha zanjado.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Miguel Ángel González Rodrigo, ha defendido el compromiso «inequívoco» de la formación naranja con la moderación fiscal. Y, concretamente, la eliminación del impuesto de sucesiones. «Siempre hemos considerado injusto que se discrimine entre españoles, haciendo que paguen de manera diferente en función del lugar de residencia», ha señalado.
González ha asegurado que no «entiende un impuesto que castiga a quienes con esfuerzo y trabajo han logrado dejar algo a sus hijos. Se trata de una doble imposición». Al respecto, ha rechazado la premisa de la oposición, «es una falacia considerar que paguen más los más ricos porque siempre recae sobre las clases medias y trabajadoras».
Además, «perjudica la supervivencia de las empresas y negocios familiares al dificultar su transmisión, poniendo en peligro así, la actividad económica y los puestos de trabajo».
Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, el de Por Ávila, Pedro Pascual, y la de VOX, Fátima Pinacho, han respaldado la modificación. Pinacho ha aprovechado su intervención para reclamar que la eliminación del impuesto tenga carácter retroactivo a 1 de enero de 2020.
Por último, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado radicalmente en contra de la supresión de este impuesto tras defender un modelo tributario con impuestos progresivos. Así, ha señalado que la práctica eliminación el Impuesto de Sucesiones y Donaciones únicamente beneficia a un 0,2 por ciento de la población «los que más tienen» y perjudica al 98 por ciento restante.
