La Policía Nacional ha gestionado de manera íntegra hasta este martes a última hora de la mañana un total de 83 solicitudes de protección internacional en España promovidas por ciudadanos marroquíes adultos que se niegan a volver a su país tras acceder irregularmente a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo, según las fuentes consultadas.
Solamente durante las primeras horas de este martes alrededor de 300 compatriotas se han acercado hasta la Oficina de Asilo y Refugio inaugurada en 2015 en la frontera del Tarajal para iniciar el procedimiento en lo que las Fuerzas de Seguridad interpretan como una forma de intentar retrasar su expulsión de la localidad española si las autoridades marroquíes terminan aceptándola.
Desde que se acabó con las entradas irregulares a través de los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú el país vecino ha aceptado el retorno de todos sus nacionales que han optado por regresar voluntariamente a su territorio, aunque el flujo ha ido cayendo hasta quedarse en apenas «una veintena» este lunes. En total el número de los regresados se calcula en «más de 8.000».
Durante los últimos días los agentes del Reino alauita han extremado el celo para vetar el cruce de la frontera a aquellos que no creen que llegaron a Ceuta en la avalancha de mediados de mayo o que sospechan que se habían quedado en la ciudad autónoma tras la declaración de la pandemia.
Las Fuerzas de Seguridad están incoando expedientes de expulsión a los marroquíes irregulares mayores de edad que siguen deambulando por las calles o permanecen escondidos en las escolleras, zonas verdes e infraestructuras abandonadas. La Delegación del Gobierno espera saber «este miércoles» si el Reino alauita aceptará o no la devolución de ese colectivo que se niega a regresar a su país y que se cifra en más de medio millar de personas.
Las solicitudes de protección internacional registradas en Ceuta por ciudadanos marroquíes rara vez han encontrado respuesta positiva de las autoridades españolas salvo en casos «muy puntuales» ligados a situaciones probadas de persecución por razones de orientación sexual o el de algún activista del Hirak del Rif.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, también conserva la esperanza de alcanzar algún tipo de acuerdo con el país vecino para viabilizar la reagrupación con sus familias de los cerca de mil niños y adolescentes acogidos por la Ciudad Autónoma, a los que sólo ha mostrado su deseo de recuperar una pequeña parte (7,5%) de las familias contactadas por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local acoge actualmente a 450 personas tras la entrada de cerca de 200 extranjeros de origen subsahariano y asiático que lograron acceder a Ceuta en medio de la avalancha desatada por el país vecino la madrugada del 17 de mayo.
