Se dice que en España el sueño de muchos es ser funcionario, y para muchos no es una señal muy halagüeña. Lo que si tiene es una explicación muy lógica, habida cuenta de que en nuestro país las tasas de paro general, juvenil y de contratos temporales baten récords en Europa. En definitiva, una inestabilidad laboral que hace que muchos españoles pongan todo su empeño en opositar y conseguir un puesto para todo la vida en la administración pública… al menos hasta ahora, ya que el Gobierno ha anunciado la intención de facilitar sobremanera la incorporación definitiva de los interinos.
Los funcionarios españoles tiene fama (merecida o no) de vivir muy bien y trabajar poco, el menos en comparación con la empresa privada. Sin embargo, todo el mundo reconoce que por contra el esfuerzo para sacar una plaza es en muchos casos titánico y requiere años de estudio, sobre todo cuando hay pocas plazas ofertadas o el temario es complicado. Pero con el decreto que el Gobierno ha modificado sustancialmente y que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de julio, se pretende acabar en parte con ese inconveniente, en muchos casos.
Reducir la temporalidad de la Administración Pública
Es el objetivo principal del Gobierno con las nuevas medidas. Pero, como tantas otras cuestiones, no ha sido una iniciativa propia, sino la aceptación de unas exigencias de sus socios. Se trata de conceder más facilidades a los interinos para dejar de ser temporales y acabar siendo fijos mediante exámenes no eliminatorios y acceso sin oposición para los que lleven más de 10 años. Además, se contempla limitar los contratos temporales a un máximo de tres años (que es el límite legal) e indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.
Pero las intenciones pueden ir más allá, puesto que si ha aceptado también tramitarlo como proyecto de ley, es porque así el texto queda abierto a posibles futuras modificaciones. Sin embargo, los dos cambios anunciados ya tienen suficiente calado y repercusión. Las dos ventajas que hemos señalado las han explicado desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es quien ha liderado la negociación especialmente con ERC.
Apoyos o abstención al Gobierno de nacionalistas e izquierda
Junto con el voto afirmativo de ERC, estas nuevas medidas relacionadas con el funcionariado y las oposiciones han recibido el apoyo de Podemos, Compromís y Teruel Existe, y las abstenciones acordadas con el PNV y Más País-Equo-Los Verdes. Con ello se aseguran que el decreto ley reciba más votos a favor que en contra y así permitir que el Gobierno saque adelante la propuesta.
Sin embargo, la realidad es otra. A pesar de estas modificaciones, todos los partidos, incluidos ERC, se han mostrado críticos o descontentos con la medidas, calificada por algunos como «Icetazo». Y es que Miquel Iceta, que recientemente dejó la cartera de Función Pública, es quien negoció el decreto. «Es un ERE encubierto en el sector público»; «genera inseguridad jurídica»; o «no se ha negociado con las comunidades autónomos», son algunos de los reproches lanzados.
La situación de los funcionarios que no lo son en realidad
Por ello hasta Europa ha exigido en varias ocasiones que se ponga solución al problema. De hecho, son una de las condiciones para recibir los fondos europeos, concretamente reducir la temporalidad de la Administración General del Estado por debajo del 8%. Es una cifra que en el ámbito estatal parece cercana, pero no ocurre lo mismo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De ahí que se abogue por dar muchas facilidades a los interinos para incorporarse como funcionarios fijos, como si hubieran sacado una oposición.
Quiénes se beneficiarán del decreto del Gobierno
La cifra es muy alta, porque hablamos de 300.000 interinos. La Función Pública les ha identificado a todos ellos en situación de fraude de ley, o traducido, que llevan más de tres años encadenando contratos temporales.
Sin embargo, los sindicatos y alguna fuerza política no tardaron en puntualizar, y mucho, estas cifras. Ellos hablan de que el total alcanza los 800.000 interinos, de ahí que hayan rechazado la medida y por ello el Gobierno, finalmente, la conseguirá sacar adelante pero no sin dificultades y por exiguo margen.
