La Policía sospecha que varios directores de entidades bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno «obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación». Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos en el marco de la ‘Operación Titella’: el directivo del Banco Santander Javier Rumbo Lorenzo, el de CaixaBank Miguel Méndez López, el de Caja Rural Soria Luis Peña Andrés y el de Banca Pueyo Luis Ángel Moreira Ausín.
En un informe del pasado 20 de enero que figura en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que a raíz de las interceptaciones telefónicas practicadas «se ha podido determinar que existe un número de directores de entidades que cuanto menos están colaborando con la organización».
La participación de los directivos bancarios estaría «ligada directamente» a una «organización criminal» liderada por Carlos José Brambilla Ulloa –uno de los investigados en la causa– que «tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas» y que es utilizada para «blanquear dinero negro», según indican los investigadores en un oficio de 21 de junio.
En este documento, los agentes subrayan que la actividad de la trama «no habría sido posible sin la colaboración de los empleados de bancos que habían conseguido captar y que hacían lo imposible por que se aprobasen las operaciones presentadas, recibiendo a cambio, su compensación».
«COLABORADORES NECESARIOS»
Entre los «colaboradores necesarios» la Policía Judicial destaca a Miguel Méndez López, de CaixaBank, quien «recogía dinero en efectivo, se encargaba de hacer ingresos y que además es la persona que controla las cuentas de Carlos José Brambilla Ulloa», investigado en la causa.
También se hace referencia a Luis Peña Andrés, de Caja Rural Soria, que, entre otras cosas, «se encargaba de recepcionar dinero en efectivo e ir realizando ingresos de 10.000 en 10.000, por lo que dijo estar sometido a auditoría por parte del banco».
En el informe de 20 de enero, el Equipo Conjunto de Investigación distingue entre «aquellos que han aparecido en la interceptación a través de las correspondientes llamadas telefónicas» por haber mantenido comunicación directa con los investigados y «otros de los que solamente se han hecho referencia a ellos en tercera persona.
En el apartado de «gestiones», los investigadores han identificado a 41 personas –directivos y trabajadores bancarios– presuntamente implicados en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional.
REGISTROS EN OFICINAS BANCARIAS
En el atestado elaborado por el grupo IX UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid con posterioridad a las detenciones y registros, se detalla que se entró el 29 de junio por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en cuatro oficinas bancarias en las que además se produjeron detenciones.
En concreto, detallan que se registró un despacho de la oficina del Banco Santander ubicada en el Paseo de la Florida (Madrid) donde se procedió a la detención de Javier Rumbo Lorenzo, quien –según informe de la Policía Judicial– habría participado «en el descuento de pagarés de la empresa Bitton Sport S.L., relacionada con su ámbito personal», y en las actuaciones para conseguir financiación para tres de los investigados.
También se detalla que se registró la oficina de la Banca Pueyo ubicada en la calle Jaime el Conquistador (Madrid), donde se detuvo a Luis Ángel Moreira Ausín, quien habría mantenido comunicación con uno de los investigados para la «presentación de sociedades y para la posterior consecución de financiación».
A estos suma el atestado los registros de una oficina de Caixabank en la calle Pedro Laborde (Madrid), donde detuvo a Miguel Méndez López, y de una oficina de la Caja Rural de Soria radicada en el municipio de Torrejón de Ardoz donde se detuvo a Luis Peña Andrés.
A José Luis Moreno se le acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La investigación nació en 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un 1,3 millones.
