El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, te oculta algo. Hay una ley que se prevé aprobar a finales de este año o a principios del próximo que cambiará (y hará más ecológico) la gestión de basuras en España. Se busca un mejor reciclaje, más eficiente, y también cumplir con la normativa europea en materia de gestión de residuos. El problema es que gestionar mejor las basuras supondrá invertir más dinero en hacerlo. Y si tenemos en cuenta que los niveles de reciclaje (que corresponden, en parte, a Ecoembes; este conglomerado de empresas que no se hace cargo de la totalidad de los envases que deberían reciclar, según asociaciones como Greenpeace) están por los suelos, según varias organizaciones y el propio Gobierno, el coste repercutirá en todos los españoles. Al menos es lo que temen numerosos alcaldes de municipios y fuentes del propio PSOE. La transición ecológica de Sánchez no está siendo todo lo barata que le hubiera gustado al Gobierno. Y más cuando la luz está por las nubes.
La preocupación en el PSOE es notable, pero parece que no lo consideran un problema actual. Ahora están centrados en el precio de la electricidad a sabiendas de que esta ley, que ya se ha enviado las Cortes, tocará considerablemente el bolsillo de los españoles previsiblemente este año que entra. «El proyecto de Ley traspone los objetivos contemplados tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso y recoge, por primera vez en la legislación española, limitaciones a estos productos, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de su comercialización», detallan desde el Ejecutivo. Ecoembes no pagará más. Pero el Gobierno, que somos todos, sí.
El problema viene en otra parte del proyecto de ley. «Entre las principales novedades, cabe destacar el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. Se amplía así la recogida separada a los biorresiduos domésticos, a partir de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes, y a partir de 2024 para el resto de municipios; a los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025; y a los residuos de construcción y demolición a partir de 2022″, aseguran desde el Gobierno. Lo que no se deja claro es cómo se pagará esto, lo que suscita preocupación tanto en el partido como en algunos municipios.
La transición ecológica socialista está resultando algo cara a los españoles. El precio de la electricidad ya deja de manifiesto de por sí que el Gobierno no tiene el control, pero el problema es que se le acumulan los anuncios del encarecimiento de la vida por la transición ecológica. El PSOE tiene en la recámara el impuesto al diésel, que pretende equiparar el coste de este combustible con el de la gasolina (subirlo del 46% de impuestos al 54%). También forzar a que se quiten de en medio los coches de combustión en favor de los eléctricos. Y a esto hay que añadir la gestión de las basuras y el reciclaje, algo que llama poderosamente la atención dado que la ley obliga a quienes generan los envases (es decir, a las empresas que los crean) a hacerse cargo del reciclaje de los mismos. Y Ecoembes, el conglomerado de estas empresas, no lo hace.
La idea es que esta ley se apruebe el año que viene. Hay voces que apuntan a que podrían acelerarlo y aprobarlo este año, pero lo cierto es que el PSOE no ve con buenos ojos hacerlo antes por el problema del precio mayorista de la luz. Es una ley que no pueden dejar atrás porque lo que pretende es amoldarse a la normativa europea. Vamos, que viene impuesta, pero en un mal momento porque encarecerá el coste de gestionar los residuos. Los mas optimistas dicen que esto generará empleo, pero lo cierto es que en un momento en el que el presidente del Gobierno pelea por contener el alza del coste de la vida, disparado desde que la pandemia empezó su cuenta atrás, no es una buena noticia para el PSOE tener que anunciar un nuevo alza de precios.
ECOEMBES RECICLA POCO
Puede parecer un secreto a voces, pero es que hasta el Gobierno reconoce en esta ley que quienes tienen que hacerse cargo de la economía circular, no la llevan a cabo, no al menos en un porcentaje medianamente aceptable. El reciclaje en España está en niveles mínimos. Los más optimistas entienden, como Greenpeace, que solo se recicla como mucho el 30% de los envases lanzados al mercado. El resto pasan a ser gestionados por todos los españoles.
Llegar a un 65% de residuos reciclados en 2035 deja claro que no se reutiliza nada de lo que se tira a la basura en España
«Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035. También regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en vertedero, tras haber sido sometidos a un tratamiento previo», detallan desde el Gobierno. Llegar a un 65% de residuos reciclados en 2035 deja claro que no se reutiliza nada de lo que se tira a la basura en España. Y el temor es que no solo esto cambie poco, sino que encima la ley deje claro que hay que pagar más por algo que le corresponde hacer a quienes generan los residuos plásticos.
Pero hay más. Al objeto de reducir el consumo de envases, en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que, por lo tanto, presenta las condiciones sanitarias exigibles» detallan desde el Ejecutivo.
Sea como sea, todo parece indicar que llegarán subidas de impuestos notables y considerables gracias a esta ley que el PSOE tiene en la recámara pero que aún no ha disparado. Los ayuntamientos son los primeros que tienen miedo de cómo repercutirá esta normativa nueva que pretende adaptarse a Europa en sus cuentas. Ellos gastarán más y tirarán del erario público. Y si no les llegan las cuentas, pues harán lo propio: subir tasas.
