La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Mercedes del Molino es la candidata con más opciones de adjudicarse la plaza del Juzgado Central de Instrucción Número 1 (JCI1) de la Audiencia Nacional hasta que su titular, Luis Francisco de Jorge, regrese de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), donde se encuentra en comisión de servicios.
Se esperaba que De Jorge ocupara su plaza a principios del próximo año pero recientemente ha comunicado que ha vuelto a prorrogar su estancia en la ONU, por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado a concurso la vacante en el Juzgado Central de Instrucción Número 1, que el magistrado Alejandro Abascal está cubriendo de forma temporal hasta el 31 de diciembre.
El plazo para postularse a este cargo expiró el pasado viernes, siendo Del Molino la candidata con mayor antigüedad en la carrera judicial, por lo que se espera que consiga el puesto, dado que es el principal criterio para otorgarlo, según las fuentes consultadas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de Instrucción «se resolverán a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria» y que, habiendo concurrencia o ausencia de este requisito, el cargo será para quien ostente mejor puesto en el escalafón, siendo este el caso de Del Molino.
Una vez que el CGPJ ordene el conjunto de las candidaturas recibidas, ya que la del Juzgado Central de Instrucción Número 1 se ofertó junto a más de cien, se espera que la Comisión Permanente realice los nombramientos oportunos, si bien no se harán efectivos hasta que aparezcan publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las mismas fuentes señalan que lo más probable es que, aunque la Comisión Permanente designe nuevo juez de instructor para el JCI1 en las próximas semanas, la publicación oficial se posponga a enero para que los relevos en este y otros juzgados se produzcan con el cambio de año para facilitar los desplazamientos de sus respectivos responsables.
De confirmarse el nombramiento de Del Molino, solo permanecería en el JCI1 hasta que De Jorge regresara de la UNDOC pero ya quedaría adscrita de forma permanente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde precisamente se esperan también movimientos después de que su presidenta, Concepción Espejel, y el magistrado Juan Ramón Sáez Valcárcel hayan sido designados para el Tribunal Constitucional, cargos de los que tomarán posesión el jueves.
De esta forma, Del Molino frustraría una vez más las aspiraciones de la juez Mercedes Alaya, conocida por ser la instructora del caso ‘ERE’, que ha venido postulándose regularmente para las plazas ofertadas en la Audiencia Nacional.
ASUNTOS PENDIENTES
El baile de togas en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 comenzó cuando José de la Mata, el titular del JCI5, fue elegido en noviembre de 2020 como representante español en Eurojust, dejando su silla vacía.
Santiago Pedraz, que estaba en el JCI1, dio el salto al JCI5 y estuvo un tiempo simultaneando ambos juzgados a la espera de que De Jorge, nuevo titular del JCI1, se incorporara, pero su tardanza obligó a colocar temporalmente a Abascal, hasta entonces juez de refuerzo del JCI6, al frente del Número 1.
El nuevo encargado de este juzgado tendrá que ocuparse de causas como ‘Soule’, que investiga presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
En el JCI1 también se sigue el rastro del dinero en la causa que investiga los fondos que habría recibido el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA.
Además, el magistrado elegido asumirá la investigación sobre una presunta estafa con criptomonedas que habría cometido la mercantil Algoritmhmics Group dejando un saldo de 300 afectados y 100 millones de euros estafados.
