La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido este viernes a todas las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación.
En este texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como ‘infrafinanciadas’: la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
De este modo, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha enviado su propuesta inicial de reforma del modelo de financiación autonómica para establecer un diálogo con las comunidades. Este documento recibirá ahora las aportaciones y observaciones de todas las regiones durante todo este mes de diciembre y el mes de enero.
El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se han tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos encuentros.
LA POBLACIÓN AJUSTADA, «LA VARIABLE MÁS REPRESENTATIVA»
En este contexto, el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, «existe un notable consenso». No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.
En cualquier caso, el Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.
Además, reivindican que se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.
SANIDAD Y EDUCACIÓN
En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.
Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.
En esta propuesta, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.
SERVICIOS SOCIALES
La propuesta remitida a las CCAA incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se incluye una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.
La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.
Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22 por ciento.
LA DESPOBLACIÓN
Ocho presidentes autonómicos de la España despoblada se reunieron hace unas semanas en Santiago de Compostela para sumar fuerzas a la hora de pedir que se tuviera en cuenta la dispersión de la población en la reforma del nuevo sistema de financiación.
En este contexto, Hacienda defiende que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3 por ciento en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4 por ciento. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.
Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.
