El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a dos años de prisión a un varón de 32 años actualmente en paradero desconocido que el 3 de julio de 2019 zarandeó, golpeó e intentó asfixiar a los miembros de un equipo del 061 que a última hora de la tarde había acudido a su domicilio para atenderlo de un episodio de «convulsiones».
El acusado, con antecedentes penales, ha sido considerado autor criminalmente responsable de un delito de atentado y cuatro leves de lesiones. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a los agredidos con casi 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil y con 202,3 euros al Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), según la sentencia.
El veredicto remarca que resulta «indiscutida» la condición de profesionales sanitarios del médico y la enfermera que, «debidamente uniformados y en el ejercicio de su cargo», fueron «brutalmente agredidos» por el condenado cuando acudieron a su casa para «atender una emergencia sanitaria».
«Acudir a un domicilio para prestar servicios médicos sitúa al personal sanitario en una situación de especial vulnerabilidad derivada del lugar en el que se desarrollan los hechos», considera de la jueza, que ha justificado en lo «brutal» de la agresión la extensión máxima de la pena impuesta «aún cuando las lesiones sufridas no revistieron especial gravedad».
La magistrada ha aplicado en su resolución los artículos del Código Penal que atribuyen al personal sanitario el carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones y ha considerado como hechos probados que el condenado recibió al doctor «a puñetazos» y golpes «por todos lados» cuando se acercó a hacerle una prueba de glucemia, momento en el que también la emprendió contra la enfermera, a la que «cogió por el cuello» y «estrelló» contra un sofá.
Hasta que llegó la Policía Local, cuando «cambió de actitud», la sanitaria agredida, que renunció a cualquier tipo de indemnización con el único deseo de que este tipo de hechos «no vuelva a ocurrir», llegó a sentir que «le faltaba el aire» y a perder las gafas y el teléfono móvil de la unidad, que el acusado «lanzó».
La defensa admitió como cierto todo el relato de las víctimas y solamente solicitó la apreciación de una eximente de síndrome de abstinencia por drogodependencia que no ha sido admitida por falta de acreditación.
