Los «margaritos» tienen nueva misión. El Tribunal de Cuentas cuenta con dos personas muy conocidas para la ministra de Defensa, se trata de el consejero Diego Íñiguez y la consejera Rosario García, pareja del actual jefe de gabinete de la titular de Defensa. Ahora, los dos «margaritos» tienen una misión: fiscalizar los contratos covid que llevaron a cabo las Administraciones Públicas , tanto regionales como nacionales, entre los meses de marzo y mayo de 2020. En particular, el Tribunal de Cuentas pondrá el foco en la gestión de más de 2.000 millones de euros gastados en la adquisición de material sanitario. Esta no es la única investigación que ha llevado a cabo este órgano respecto a los contratos covid, pero sí una de las más importantes. Además, destaca que la auditoría estará encabezada por los «margaritos», ya que la entrada de Íñiguez y la presencia de García en la institución fiscalizadora supone que el Gobierno tendría mano en el tribunal. O eso piensan en Ferraz.
El Tribunal de Cuentas pretende fiscalizar más de 2.000 millones en contratos covid tramitados durante los meses de marzo y mayo del año 2020, es decir, nada más comenzar la pandemia. Y es que, durante este periodo el material sanitario con el que contaban las instituciones públicas para combatir el virus era escaso. Por este motivo, se permitió a las administraciones a distintos niveles ejecutar acuerdos para paliar la pandemia con un proceso abreviado, para agilizar el papeleo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no está muy seguro de que estos contratos se tramitaran bajo la legalidad y por ello pretende llevar a cabo una ardua investigación. El objetivo de esta indagación es comprobar si los Ejecutivos y administraciones públicas tramitaron los acuerdos amparándose en la legalidad.
Los «margaritos» van a fiscalizar 2.000 millones de euros en contratos covid
El órgano fiscalizador ya había detectado diferencias en el precio del material sanitario, ya que cada institución adquiría las mascarillas a un coste diferente. La primera auditoría que llevaron a cabo fue sobre las ciudades con más de 300.000 habitantes. En segunda instancia, realizaron una investigación de diversos organismos públicos y los contratos que realizaron durante los meses de pandemia para combatir el virus. Ahora, han decidido meterse de lleno en la indagación de más de 2.000 millones de euros invertidos en contratos covid, sobre la que todavía no han emitidos sus conclusiones, aunque prevén encontrar irregularidades, sobre todo en el precio de adquisición de los materiales.
El órgano auditor tiene competencias sobre cinco autonomías, que son Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla. Sin embargo, fiscalizarán también los acuerdos de aquellos territorios que decidan facilitar sus datos a la institución fiscalizadora. Además de a nivel regional, la fiscalización también se llevará a cabo a nivel nacional. Respecto a la administración central, fue el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) quien tramitó la mayoría de estos contratos. Aunque desde el órgano fiscalizador ya han anunciado que auditarán todo el gasto llevado a cabo por el Ejecutivo.
Una cuestión en la podrían entrar en juego los «margaritos» e intermediar a favor del Gobierno y, en particular, a favor de los departamentos que cuyos titulares son los políticos socialistas. Y es que, los «margaritos» son, además de fieles seguidores de la ministra de Defensa, útiles para los intereses del Gobierno. Así lo han demostrado. Ahora, los seguidores de Robles podrían volver a servir al Gobierno que dirige Pedro Sánchez y ayudarles en el caso de que el Tribunal de Cuentas encuentre alguna irregularidad en los contratos covid. De esta forma, en el caso de que el órgano fiscalizador concluya que no se tramitaron correctamente estos acuerdos, podría intermedias en pos de dichos órganos, en los del gobierno.
LOS «MAGARITOS» DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Los «margaritos» de Robles se han convertido en una parte importante para el Gobierno. La presencia de Diego Íñiguez y Rosario García en el Tribunal de Cuentas ya ha servido para intermediar en pos de los objetivo del Gobierno. La entrada de ambos supondría que el Ejecutivo tendría mano en el tribunal y así lo han evidenciado en alguna ocasión. El Tribunal de Cuentas dio un giro radical y ejerció de elemento conciliador entre los partidos independentistas y el PSOE. Prueba de ello es que gracias a Íñiguez y García la Generalitat podrá avalar con fondos públicos a los políticos catalanes independentistas acusados de malversación.
De esta forma, Margarita Robles se apuntó un tanto de cara a su presidente. Dos de los suyos le dieron la vuelta al criterio del Tribunal de Cuentas para hacer más fácil el trato con partidos como ERC, un socio clave para el Gobierno y para la supervivencia de Pedro Sánchez en La Moncloa. Íñiguez, un consagrado «margarito» fue una pieza clave a la hora de que el alto tribunal consintiera en contra de su propio criterio que la Generalitat usara fondos públicos para cubrir con dinero público las necesidades judiciales de los líderes del procés.
