El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del aborto a pesar de que continúa negociando algunos de los puntos incluidos en ella en los que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo como la persecución de las parejas que recurran a la gestación subrogada.
El texto no incluirá finalmente la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la ‘tasa rosa’, según ha confirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque si recogerá la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo, tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.
Uno de los objetivos del departamento de Irene Montero en la ley era que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como compresas, tampones, copas menstruales y protegeslip, que se sitúa en el 10%, se bajese hasta el tipo superreducido del 4% o, incluso, que se eliminase. Sin embargo, Monero admitía este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que «el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley». Pero ha garantizado que «se volverá a negociar en los Presupuestos Generales del Estado» y ha cifrado el coste de este medida en unos 30 millones de euros.
FUERA DE LOS PGE
La ministra de Igualdad ha expresado en algunas comparecencias, además, su deseo de que en este paquete de productos se incluyesen también los pañales infantiles y de adulto ya que, además de ser de primera necesidad, a su juicio, están vinculados con la brecha de género ya que los cuidados recaen principalmente en las mujeres.
Otra de las propuestas de Igualdad que sigue en el ‘aire’ es la persecución de las parejas que recurren a la gestación subrogada, que sigue siendo negociada con Justicia.
El ministerio que dirige Pilar Llop ha explicado que están analizando el texto para, como ocurre con todos los anteproyectos de ley que son aprobados en primera vuelta en el Consejo, realizar las aportaciones necesarias al mismo.
Y es que, tras su aprobación el martes por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.
ACUERDO PARA EL ABORTO
En donde sí se ha conseguido ya el consenso entre los socios de Gobierno es en los artículos sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno. Además, se elimina también la tutela para las mujeres con discapacidad.
Esta es la medida que motivó principalmente esta reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar y se obliga a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos. En este sentido, el anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia.
También se ha logrado consensuar entre los ministerios la creación de una baja por menstruación dolorosa. En este sentido, Montero ha confirmado que la ley incluirá una baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.
La titular de Igualdad ha explicado que la baja por dolor menstrual incapacitante se habilitará a través de una incapacidad temporal especial, que no requerirá un periodo mínimo de cotización; será asumida por el Estado desde el primer momento, y «no tendrá un límite de días».
Montero celebró la pasada semana a través de su cuenta de Twitter el acuerdo y ha señalado que España «avanza» para que «no sea normal ir al trabajo con dolor» y para «acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla».
Sin embargo, la secretaria de Igualdad del PSOE, la diputada Andrea Fernández, escribía un día antes de este anuncio que «las reglas no incapacitan por sí mismas», sino que, generalmente «esconden una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente». A su juicio, «normalizar que la regla duele deteriora» la «salud» de las mujeres y «en algunos casos, muy gravemente».
«Las mujeres necesitamos investigación, diagnóstico y tratamientos adecuados para abordar los padecimientos asociados a nuestro aparato reproductivo. Asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial», ha señalado la dirigente socialista.
